El ministro de Economía, Sergio Massa, evalúa reducir el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se aplica sobre la venta de naftas y gasoil para atenuar la suba de los precios en las estaciones de servicio. Fuentes privadas aseguraron a EconoJournal que colaboradores del ministro le ofrecieron la semana pasada a YPF y al resto de las refinadoras bajar hasta un 30% el valor del ICL para, de esa manera, no tener que autorizar una suba mayor al 4% como reclaman las empresas.

El ofrecimiento tuvo lugar durante la reunión que el gobierno mantuvo con las petroleras el miércoles de la semana pasada en la sede del Banco Central. A YPF, Raízen, Axion Energy y Puma les pidieron en ese encuentro que consigan sus propios dólares para financiar la importación de combustibles durante el próximo trimestre. Para eso, las empresas deberán conseguir en bancos locales unos US$ 800 millones.

Tal como publicó este medio, se espera que la Secretaría de Comercio publique en los próximos días una resolución que esclarezca cómo funcionará el mecanismo mediante el cual el BCRA otorgará a las petroleras una letra remunerada en dólares (dólar-linked) una vez que los privados liquiden en el mercado cambiario oficial las divisas destinadas a solventar la compra en el exterior de naftas y gasoil.

Atraso en surtidor

Las petroleras aprovecharon la reunión de la que participó también la secretaria de Energía, Flavia Royón, para plantear, como moneda de cambio, que el Ejecutivo habilite en junio una suba superior al 4% mensual que se viene aplicando desde diciembre de 2022, pues el dólar viene subiendo por encima del 7% mensual frente al peso.

El precio de los combustibles viene aumentando desde diciembre de 2022 a razón de un 4% mensual (en rigor, la suba real es más alta porque los impuestos están congeladas y porque el incremento en el interior es más alto), mientras que la devaluación del peso superó una media del 6% mensual durante los últimos 6 meses. A raíz de eso, el importe de los combustibles medido en pesos constantes (descontando el impacto inflacionario y la depreciación del tipo de cambio) es el más bajo desde fines de 2018, según datos de la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo.

El presidente de YPF, Pablo González, que integra la comitiva argentina que acompañó a Massa en su gira por China, aspira a encontrar un momento para conversar sobre el tema con el ministro, que deberá resolver qué hacer cuando vuelva a Buenos Aires.

El mes pasado el titular del Palacio de Hacienda sobreactuó fortaleza al amagar con congelar el valor de las naftas y gasoil. Finalmente, autorizó el 20 de mayo —cinco días después de lo previsto— una suba del 4% en los surtidores. Ahora las petroleras piden más y la alternativa que barajan en Economía es reducir el ICL.

Pronóstico reservado

No es fácil que el gobierno pueda cumplir lo que propuso a las petroleras. Desde lo regulatorio, el marco normativo vigente no autoriza al Ejecutivo a aplicar, de forma discrecional, una reducción impositiva de esa magnitud. Puede bajar el ICL casi un 10% a golpe de resolución de Energía, pero para recortarlo más debería buscar alguna interpretación legal creativa.

A su vez, desde lo fiscal, parece poco probable que el FMI dé luz verde a la medida porque el gobierno dejará de recaudar en 2023, sólo por la decisión de no actualizar los impuestos desde el año pasado (deberían aumentar trimestralmente, pero la Secretaría viene postergando esa suba), unos US$ 2500 millones.

Si aplica una baja del 30% del ICL, las pérdidas para el Tesoro podrían llegar a los U$S 3000 millones. “No creo que el Fondo autorice una medida que va claramente a contramano del cumplimiento de la meta fiscal establecida en el acuerdo”, analizó un consultor del sector. Massa deberá definir qué alternativa tomar a su regreso de Asia. Las petroleras saben que junio probablemente será el último mes en que el gobierno habilite una suba de los combustibles antes de las PASO del 13 de agosto. El momento de obtener un gesto del gobierno es ahora.