Los principales gremios petroleros firmarán hoy paritarias en el Ministerio de Trabajo con las empresas petroleras. El trazo grueso de la negociación ya se conoce: se prevé una recomposición salarial del 15% —en línea con el número mágico elegido por la Casa Rosada— que se segmentará en dos cuotas del 7,5%, una en abril y otra en el segundo semestre del año, probablemente en octubre.

El acuerdo contempla, a su vez, la inclusión de una cláusula de revisión por inflación, una especie de buena voluntad según la cual las partes se comprometen a reacomodar la pauta salarial si el Índice de Precios (IPC) se dispara muy por encima de la meta fijada por el Gobierno. La cláusula gatillo, la herramienta que se eligió en el convenio del año pasado, fue esta vez desestimada por presión del Ejecutivo.

Sólo resta definir algunas cuestiones, en apariencia, menores. La más importante: cómo se cumplirá con la cláusula gatillo incluida en la negociación salarial de 2017. Ese acuerdo, que se extendió del 1 de abril del año pasado hasta el 31 de marzo de 2018, contemplaba la actualización automática de los sueldos en función de la inflación que mide el Indec. La evolución del IPC de marzo se conocerá recién en los próximos días, pero la mayoría de los economistas anticipa un aumento cercano al 3 por ciento. Con esa cifra, la inflación interanual abril ’17-marzo ’18 se ubicaría cerca del 25%, por lo que las empresas deberían reconocer una actualización cercana al 5% en los salarios del último cuatrimestre que pasó (diciembre-marzo). La intención de las empresas es cancelar esa deuda mediante un pago único de entre 8.000 y 10.000 pesos. Pero no está claro si es propuesta prosperará, según se desprende de un relevamiento realizado por EconoJournal entre empresarios y sindicalistas petroleros.

Lo concreto es que, si bien todos los gremios llegan a la paritaria a la defensiva por el ajuste en la actividad registrada en los últimos dos años, la situación de cada sindicato en particular ofrece escenarios diferentes.

Guillermo Pereyra, líder del sindicato de petroleros privados de la cuenca Neuquina, el más poderoso del país, atraviesa por una etapa de debilidad. Jaqueado por denuncias mediático-judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas del gremio y por su vinculación con empresas de servicios petroleros, Pereyra se embanderó en el oficialismo. Es, de hecho, el sindicalista petrolero más interesado en apurar la firma de la paritaria para congraciarse con la Casa Rosada. Pereyra enfrenta, además, una inestable situación laboral en Neuquén, donde conviven el incremento de la actividad en algunos proyectos de Vaca Muerta (fundamentalmente en Fortín de Piedra, de Tecpetrol, donde hoy trabajan más de 5000 personas) con la tensión por una probable baja de personal en campos maduros.

Chubut

La situación de Jorge ‘Loma’ Ávila, secretario del Sindicato de Petróleo y Gas de Chubut, es diferente. A priori, el gremio no enfrenta en el corto plazo una situación de despidos. La readecuación de la industria en las principales operadoras en Chubut -con Pan American Energy (PAE), Tecpetrol e YPF a la cabeza- finalizó a fines del año. Por lo que Ávila cuenta algo de margen para impulsar una agenda propositiva. En esa clave, pretende que YPF y Tecpetrol retrotraigan la jarnada de trabajo a las históricas 12 horas por turno (en 2016, las empresas lo redujeron a 8 horas).

Ávila planteó ese pedido en una reunión mantenida hace dos semanas en Buenos Aires con funcionarios de Chubut y la cúpula petrolera de Chubut. Pablo Bizzotto, vicepresidente de Upstream de YPF, se comprometió ese día a evaluar el reclamo, dejando una puerta abierta para avanzar en esa dirección. Ávila también apunta a lograr la continuidad del programa RePro (bonos de reconversión productiva) que benefician a una buena cantidad de trabajadores petroleros que perdieron su fuente de trabajo en los últimos dos años. Aunque en este caso parece complejo que la cartera que dirige Jorge Triaca acceda a ese reclamo.

Santa Cruz

El escenario para Claudio Vidal, secretario del sindicato de petroleros privados de Santa Cruz, el tercer gremio petrolero en importancia a nivel nacional, tampoco es sencillo. El gremio aún tiene pendiente un pedido de YPF y Sinopec, los principales productores al norte de la provincia, en una última etapa de la readecuación que contempla un recorte de los puestos de trabajo en la industria. La correlación de fuerzas le juega en contra y lo coloca en una posición de cautela, pero a la defensiva.

El caso de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, que nuclea a los trabajadores de las refinerías y centros de despacho de petróleo, es especial porque la organización aún debe encontrar una nueva forma de funcionamiento tras la salida, el mes pasado, de Alberto Roberti, su secretario general, que perdió respaldo interno tras el avance de las causas judiciales en su contra por malversación de fondos de la obra social del sindicato.