La Subsecretaría de Hidrocarburos, que dirige Federico Bernal, fue noticia hace un mes por la renuncia de Aníbal Mellano, director del área de Refinación y Comercialización de esa cartera. Mellano había ingresado a la dirección a mediados del año pasado precisamente de la mano de Bernal. Si bien no trascendieron los motivos de la renuncia, la imposibilidad de avanzar con un reordenamiento del universo de empresas auditoras encargadas controlar la seguridad y la integridad física de las refinerías, yacimientos petroleros y otras instalaciones del sector hidrocarburífero fue una de las causas de su salida.

Mellano proponía la creación de un nuevo ente regulador que se encargue de validar qué entidades están en condiciones de cumplir con las tareas de auditorías, dado que hoy, paradójicamente, no existe un organismo de ese tipo que determine qué empresas pueden formar parte del Registro de Entidades Auditoras de Seguridad, Técnicas y Ambientales y la arbitrariedad termina siendo muy alta. Sin embargo, no lo dejaron avanzar.

Esta semana el tema ocupó la agenda del máximo poder político del área energética del gobierno. Desde una universidad del interior del país lograron interesar directamente al ministro de Economía, Sergio Massa, que la semana pasada encabezó la comitiva oficial en China. En lo concreto, le puntualizaron su malestar para con el subsecretario de Hidrocarburos por no validar el ingreso de consultoras ambientales y universidades que ya recorrieron todo el camino administrativo para recibir el alta en el régimen, pese a lo cual la Subsecretaría no les otorgó el aval final.

Fuentes privadas denuncian que la cartera de Hidrocarburos está actuando de forma discrecional para autorizar o refutar los permisos a las empresas auditoras en base a elementos que poco tienen que ver con los criterios técnicos establecidos en la resolución vigente. Sobre estas supuestas arbitrariedades es que Massa solicitó un informe luego de que se encendieran algunas alarmas.

Bernal es una rara avis dentro del gobierno. Llegó al poder de la mano del cristinismo encuadrado en el Instituto Patria y de La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, pero con el paso del tiempo entró en contradicción con esos actores. Tanto que con representantes kirchneristas que continúan en el área energética como Agustín Gerez, gerente general de Enarsa, y Sebastián Bonetto, de Cammesa, tiene una pésima relación. El absurdo llegó al nivel de que la secretaria de Energía, Flavia Royón, tuvo que buscar un esquema alternativo a las mesas de invierno que tradicionalmente se conformaban para gestionar el despacho de gas durante los meses de frío del año porque le fue imposible juntar en un mismo equipo de trabajo a Bernal con los titulares de Enarsa, Cammesa y el Enargas.

414

El régimen de auditoría de las empresas y universidades sobre refinerías, yacimientos e instalaciones de hidrocarburos está regulado por la resolución 414, que fue publicada el 12 de mayo de 2021, cuando Darío Martínez era titular de la Secretaría de Energía. La norma fue impulsada por la ex subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, que tuvo la intención de ordenar el registro de firmas auditoras porque su funcionamiento estaba regido por normativas que tenían algunos criterios técnicos distintos. La resolución 414 buscó unificar esos requerimientos y dio un plazo de un año para que las entidades auditoras —empresas privadas y una decena de universidades— se reinscriban para regularizar su situación. «Lo que se buscó fue ampliar el espectro y permitir que se sumen consultoras ambientales y otros especialistas», explicaron. La norma estableció algunos requerimientos regulatorios difíciles de cumplimentar para las universidades, como por ejemplo contratar una caución patrimonial que está fuera del alcance de las instituciones educativas por tratarse de entidades sin fines de lucro.

Sin embargo, más allá de esas discusiones regulatorias que son válidas, lo que advierten las fuentes consultadas por EconoJournal es que en los últimos meses Bernal acentuó la discrecionalidad para definir qué entidad puede operar bajo la órbita del registro y cuál no. Las entidades tienen la función de auditar la integridad y seguridad operativa de las instalaciones de gas natural, refinerías, plantas de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos, almacenaje de coque de petróleo, terminales de Gas Natural Licuado (GNL), plantas de biocombustibles, plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), bocas de expendio de combustibles, entre otras instalaciones.