El gobierno busca acelerar la venta de Edesur. Descartada la expropiación o la quita de la concesión por los costos que tendría, el objetivo es presionar a la italiana Enel para que transfieran lo antes posible la segunda mayor distribuidora eléctrica del país. La denuncia penal a los miembros del directorio y la decisión de intervenir la compañía por 180 días, anunciada este lunes a última hora por el ministro Sergio Massa, hacen sentido dentro de esa estrategia.

Enel anunció en noviembre un plan de desinversión que incluye su salida de Argentina, Perú y Rumania con el objetivo de reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias. La firma vendió en febrero las centrales térmicas Costanera y Dock Sud y designó al banco Santander para que consiga un comprador para Edesur. Cuando comunicó el proceso a fines de 2022, la empresa italiana indicó que la venta debería estar cerrada hacia fines de este año, pero en los últimos días fuentes cercanas a la empresa empezaron a relativizar ese cronograma y deslizaron que la transacción podría diferirse hasta 2024, cuando esté claro qué fuerza política gobernará la Argentina por los próximos cuatro años.

“Hasta febrero el diálogo con las autoridades de Edesur fue bueno y es cierto que venían teniendo los mejores indicadores de los últimos diez años, pero la ola de calor de marzo cambió todo y las desafortunadas declaraciones de Maurizio Bezzeccheri (director de Enel en América Latina) terminaron de detonar la relación.  Sabemos que una venta así puede llevar su tiempo, pero lo deseable es que concluyan el proceso lo más rápido posible”, señaló a este medio una alta fuente de la Secretaría de Energía.

De cara al invierno

“Estamos en la media de los 60.000 usuarios sin luz. Significa que estamos hablando del 3% de todos los usuarios que tenemos (2,7 millones). Hay un 97% que recibe un servicio medio de uso adecuado”, había declarado Bezzeccheri el jueves pasado a La Nación. El ejecutivo de Enel también cuestionó al gobierno al afirmar que “tenemos que ver en qué condiciones hemos podido trabajar en estos años y se podría ver quién tiene la responsabilidad verdadera”.

Si bien los cortes de electricidad que se registraron en el área de Edesur durante la última ola de calor no han sido tantos como en otras crisis (de hecho, los indicadores de calidad fueron en 2022 tres veces mejor que los de 2013), en el gobierno remarcan que la capacidad de respuesta de la empresa frente a los que se quedaron sin luz fue deficiente. Hubo numerosas denuncias de vecinos que permanecieron sin servicio hasta 10 días consecutivos.

El objetivo, según precisaron cerca de la secretaría de Energía Flavia Royón, que la situación no se repita en el próximo invierno. Por eso se decidió incrementar la presión con el anuncio de la intervención administrativa para tratar de acelerar la salida de los italianos. Aún así, se optó por matizar el tenor de la escalada. El encargado de firmar la intervención no será el presidente Alberto Fernández sino el interventor del ENRE, Walter Martello. Se descartó por ahora que la avanzada sobre Enel, una empresa controlada por el Estado italiano, se materialice a través de un decreto firmado por todo el gabinete.  

La disposición del ENRE saldrá publicada este martes en el Boletín Oficial. La intervención estará liderada por el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, hombre de confianza de Cristina Kirchner, y se invitará representantes de la administración de Ciudad y provincia de Buenos Aires a designar a representantes en el proceso. «No es una intervención técnico-operativa. La gestión de la red eléctrico seguirá en cabeza de los directivos de Enel, pero se fiscalizará la administración y la toma de decisiones diarias de la compañía», explicaron desde Energía.

¿Candidatos?

Antes de esta última escalada gubernamental contra la empresa, el banco Santander se encontraba preparando una lista corta de interesados en adquirir con las acciones de Edesur. La fragilidad manifiesta de la economía argentina hace presuponer que en esa short list sólo habrá candidatos locales. No será fácil encontrar jugadores con experiencia en el área de energía y menos en un segmento regulado como el mercado de distribución.

El grupo liderado por José Luis Manzano y Daniel Vila, de excelente relación el ministro de Economía y siempre interesados a la hora de cranear negocios en contextos adversos, enfrentan una limitante regulatoria porque la Ley los excluye de la carrera por ser accionistas de Edenor, la otra distribuidora del área metropolitana de Buenos Aires. También es muy poco probable que Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, uno de los grandes jugadores del sector eléctrico, quiera reingresar en el mercado de distribución tras su salida de Edenor en 2021. Pampa cuenta, además, con proyectos en Vaca Muerta, tanto en el upstream como en el transporte de hidrocarburos, que le demandarán inversiones millonarias.

El Santander sondeó a Alejandro Macfarlane, accionista mayoritario de Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Pampeana, y con pasado en Edenor y Edelap. El empresario no cerró la puerta al proceso, pero está convencido de que la recuperación operativa de Edesur requiere de un consenso político de mediano plazo y una rediscusión integral del marco regulatorio.

Otros empresarios argentinos aspiran a que Enel les permita participar del proceso de compra. Uno de ellos es Osvaldo Sortino, que lidera un grupo de empresarios domésticos, se manifestó tempranamente interesado en comprar Edesur. EconoJournal reveló en noviembre de 2021 que viajó a Italia para conocer las condiciones en representación de un consorcio integrado por otros empresarios argentinos que no identificó.

Lo que es seguro es que la lista que prepara el Santander figurará Central Puerto, accionista minoritario dentro de la empresa, por lo que cuenta con un derecho de preferencia para competir en el proceso. Sin embargo, fuentes de la empresa suelen repetir que nunca se mostraron interesados en hacerse cargo de negocios en los que haya una relación directa con el usuario final. Sus principales accionistas, Guillermo Reca, que en los hechos es quien lidera el management de la organización; Carlos Miguens Bemberg (ex dueño de Quilmes); la familia Escasany (vinculado al Banco de Galicia) y los hermanos Ruete Aguirre (Banco Roberts), siempre evitaron una exposición pública como la que implicaría hacerse cargo de Edesur.

Las garantías

Más allá de que el gobierno presione a Enel para que se vaya, deberá ofrecerle ciertas garantías a quien ingrese. No solo darle luz verde a través del regulador sino acordar un plan de inversión de mediano plazo, ya que nada se va a poder solucionar de la noche a la mañana.

En el sector señalan que, para mejorar la calidad del servicio, Edesur necesitaría, como mínimo, invertir entre 300 y 500 millones de dólares durante tres años para recuperar la calidad de la red. Otras fuentes privadas van más allá y afirman que quien compre debería ofrecerle al Estado tener parte de las acciones para que se involucre más firmemente en ese plan de inversión.

El problema es que no solo Enel está de salida. En octubre hay elecciones presidenciales y las encuestas no favorecen al gobierno. Por lo tanto, es difícil negociar con funcionarios que muy probablemente no estarán al frente del Estado poco tiempo después de que se efectivice la venta.

También hay que tener en cuenta que una operación de esas características es compleja porque Edesur tiene pasivos contingentes y probablemente ocultos que requerirán de garantías adicionales para destrabar la venta una vez que haya un comprador claro.