El presidente de los Estados Unidos finalmente consiguió una versión acotada de su prometida “ley climática”. Las dos cámaras del Congreso aprobaron la “Inflation Reduction Act”, una ley presupuestaria que incluye gastos millonarios para acelerar la transición energética. Joe Manchin, el senador demócrata que casi dejó al gobierno sin ley, terminó votando a favor de la iniciativa. Detrás de ese giro sorpresivo se encuentra un acuerdo sobre infraestructura con los máximos líderes del Partido Demócrata que facilitaría la construcción de nuevos gasoductos.

La Cámara de Representantes dio sanción definitiva al proyecto presupuestario el último viernes, luego de recibir la media sanción en el Senado. El presidente Joe Biden celebró y firmó la ley este martes en la Casa Blanca. “Con la aprobación en la cámara de la Ley de Reducción de la Inflación las familias tendrán precios más bajos en los medicamentos recetados, costos más bajos de atención médica y costos más bajos de energía”, dijo Biden.

El proyecto del Partido Demócrata, que parecía condenado a naufragar en el Senado, revivió a fines de julio luego de una conversación final entre el líder con mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el senador Manchin, que preside el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado. De esa conversación emergió la versión final del proyecto presupuestario, rebautizado como Ley de Reducción de la Inflación, en alusión a los ahorros que la ley generaría en medicina y energía para los consumidores.

Infraestructura energética

En ese marco, Manchin también comprometió a los líderes demócratas a impulsar en el Congreso una reforma de los permisos de construcción de nuevas infraestructuras energéticas en Estados Unidos. La reforma facilitaría la construcción de gasoductos y redes de alta tensión.

El senador de Virginia Occidental informó a través de un comunicado que los líderes demócratas en las dos cámaras del Congreso y el presidente Biden se comprometieron a impulsar una reforma integral en los permisos de construcción y operación de infraestructuras energéticas “estratégicas” a cambio de su acompañamiento a la Ley de Reducción de la Inflación. “Estamos avanzando a toda máquina en la reforma bipartidista integral de permisos para que podamos poner en funcionamiento de manera eficiente y segura más proyectos de energía doméstica. El Congreso aprobará esta legislación el mes próximo”, señala el comunicado.

El acuerdo también incluye la finalización del proyecto Mountain Valley, un gasoducto en los Estados de Virginia y Virginia Occidental. “Exigir a los organismos competentes que adopten todas las medidas necesarias para permitir la construcción y operación del gasoducto Mountain Valley y otorgar jurisdicción al circuito de DC sobre cualquier nuevo litigio”, dice el comunicado.

Pero será difícil que todo el Partido Demócrata acompañe las propuestas de Manchin en el Congreso. Algunos congresistas rechazaron de plano cualquier cambio que facilite la construcción de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Otros señalaron que una reforma es necesaria para acelerar el tendido de nuevas líneas de transmisión eléctrica. Por otro lado, cualquier reforma necesitará en el Senado de al menos 10 votos republicanos para llegar a los 60 necesarios.

Falta de gasoductos

La discusión es relevante para la industria del gas en Estados Unidos. El crecimiento de la producción en las dos principales regiones gasíferas del país, Appalachia y Permian, se ve limitado por la falta de gasoductos. Para los desarrolladores de gasoductos,las regulaciones federales y los retrasos de obra generados por litigios en las cortes son las principales problemáticas que están enfrentando.

Por ejemplo, una regulación federal establece que los gasoductos que atraviesan más de un estado y sus infraestructuras asociadas (como estaciones de compresión) necesitan de la aprobación de la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC). Un criterio de la Comisión a la hora de evaluar el mérito de los proyectos es si están orientados a la exportación de gas. Siguiendo esa línea, en el primer trimestre del año aprobó tres proyectos (un gasoducto y dos estaciones compresoras) que incrementarán las exportaciones de gas en forma de LNG y a México y Canadá a través de gasoductos.

Los estados de Texas y Luisiana son líderes en exportaciones de LNG gracias a que la producción de gas y las infraestructuras de transporte y licuefacción se encuentran dentro de sus límites territoriales y, por ende, fuera del alcance de la FERC. Esto ha colaborado con el desarrollo en Texas de la producción en Permian, la principal formación de pétroleo no convencional y segunda región en producción de gas del país. Para las compañías de midstream son los estados en el Golfo de México los que ofrecen actualmente las mejores oportunidades para la construcción de nuevos gasoductos. El crecimiento proyectado en la demanda de las terminales de LNG generará cuellos de botella en el transporte de gas y la necesidad de nuevos ductos.

Diferente es el escenario en la principal región productora de gas, Appalachia, en el noreste. La FERC se ha mostrado menos proclive a emitir los permisos necesarios para los proyectos de gasoductos que permitirían transportar más gas desde las formaciones de shale gas de Marcellus y Utica hasta los puntos de entrega en los estados de Nueva Inglaterra y a lo largo de la costa atlántica. Muchos de estos proyectos no están orientados a la exportación de gas sino al consumo doméstico.

Los litigios constituyen otra problemática grande para el sector. Organizaciones civiles, municipios e incluso estados han logrado paralizar la construcción de gasoductos en los tribunales. Abogados de la industria señalaron al portal especializado E&E News que los cambios propuestos por el senador de Virginia Occidental podrían resultar en fallos más favorables para los desarrolladores de infraestructuras de gasoductos. También limitarían el poder de los estados y de las tribus a la hora de obstruir el avance de los proyectos energéticos.

Subsidios para la transición energética

La Ley de Reducción de la Inflación destinará recursos principalmente para la transición energética. La versión final de la ley contempla gastos equivalentes a un quinto de los 1,7 billones de dólares prometidos en el proyecto original. Aún así se trata de la mayor legislación en materia de gastos para enfrentar el cambio climático aprobada en la historia de Estados Unidos.

La legislación aprobada por el Congreso prevé ingresos por US$ 737.000 millones en concepto de nuevos impuestos a las corporaciones y gastos totales por US$ 437.000 millones, generando ingresos extras para el Tesoro por 300 mil millones. En Seguridad Energética y Cambio Climático fueron asignados gastos por US$ 369.000 millones para distintos programas, entre los que figuran:

-US$ 30.000 millones en subvenciones y préstamos federales para las empresas que incorporación más generación eléctrica de fuentes limpias y sistemas de almacenamiento.

-US$ 27.000 millones en investigación y desarrollo de tecnologías de energías limpias.

-US$ 10.000 millones en créditos fiscales para las inversiones en fábricas de vehículos eléctricos, aerogeneradores y paneles solares.

-US$ 30.000 millones en créditos fiscales para las inversiones que permitan acelerar la manufactura doméstica de aerogeneradores, paneles solares, baterías y la minería y procesamiento de metales en EE.UU.

Además crea una tarifa o pago por las emisiones de metano en la actividad petrolera y gasífera (cuyo alcance no es del todo claro aún) y busca incentivar el desarrollo y despliegue de tecnologías para la captura de carbono mediante créditos fiscales por tonelada de carbono capturada en las industrias y centrales de generación eléctrica.