El gobierno de Javier Milei anunciará en los próximos días un recambio de autoridades en una compañía estatal del sector energético con la intención de avanzar con la agenda de privatizaciones de empresas públicas contempladas en la Ley de Bases. La empresa en cuestión es Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que opera las tres centrales nucleares que existen en el país.

En esa clave, Santiago Caputo, principal asesor y hombre de máxima confianza del Presidente, tomará el control del área nuclear a través de la designación de Alberto Lamagna como nuevo presidente de NA-SA en reemplazo del titular actual, Luis Fasanella, que llegó al cargo de la mano del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Así lo indicaron fuentes oficiales a EconoJournal.

El desembarco de Lamagna es promovido por Diego Chaher, el ex interventor de la Agencia Télam que está al frente de una Unidad Ejecutora de Empresas, que responde políticamente al poderoso asesor presidencial.

Acomodaticio

El recorrido político de Lamagna describe un perfil acomodaticio. Durante el kirchnerismo fue designado como gerente de Desarrollo Tecnológico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a partir de su alineamiento con Daniel Scioli. A raíz de eso, tuvo un paso por la Fundar Dar, que impulsaba el armado del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 se acercó al PRO por medio del peronismo federal y llegó a la vicepresidencia de CNEA en 2016.

Con el victoria de Alberto Fernández en 2019, volvió a saltar al Justicialismo y siguió en el cargo el organismo atómico hasta 2021. Y ahora logró cautivar Chaher con la tesis de acelerar la privatización de NA-SA en el segundo semestre del año, un objetivo a priori inviable a no ser que se pretenda rematar los activos y destruir valor dentro del sector nuclear. Lamagna tiene la ilusión de ser confirmado este viernes como nuevo titular de NA-SA, pero los tiempos legales no lo permitirían.

En el plano profesional, Lamagna es un doctor en física que se especializó en materiales fotovoltaicos, celdas solares para satélites, superconductividad y procesos de fabricación de micro y nanodispositivos. También lideró hasta el año pasado un equipo de trabajo de enriquecimiento de uranio por láser dentro del organismo nuclear.

La presidencia de NA-SA es actualmente ocupada por Luis Fasanella, un profesional que llegó al cargo con el respaldo del vicejefe de Gabinete, José Rolandi. No está claro cuál será el futuro profesional y político del titular de Nucleoeléctrica. «Aún no está todo definido. Pasado el fin de semana se terminarán de definir los cambios en el sector nuclear«, indicaron en un despacho oficial.

Mapa de poder

La toma de control del área nuclear por parte de dos de las principales personas de confianza del presidente Milei comenzó formalmente el viernes pasado con la transferencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)a la órbita de la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos. A través del decreto 644 publicado en el Boletín Oficial, Francos le quitó el control del máximo organismo nuclear a la Secretaría de Energía que dirige Eduardo Rodríguez Chirillo. Por el momento no habría cambios en la conducción de la CNEA, actualmente presidida por Germán Guido Lavalle.

La silenciosa reubicación de la CNEA generó sorpresa en el organismo, al punto tal que estaba pautada una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía para ese mismo viernes que finalmente no ocurrió. “Acá nos desayunamos todos (el cambio) al mediodía del viernes”, graficó una fuente dentro del organismo. También supone una señal de debilidad para Rodríguez Chirillo, cuyo enfrentamiento con el ministro de Economía, Luis Caputo, anotó otro capítulo con la insólita denuncia por corrupción formulada por un asesor del secretario contra el vicepresidente de Cammesa.

Privatización parcial

El artículo 8 de la Ley Bases declara “sujeta a privatización” a Nucleoeléctrica Argentina. En rigor, se trata de una privatización parcial, puesto que solo se permite una propiedad participada de la compañía a través de una colocación de acciones para ese fin. Además, el Estado nacional mantendrá el control o la participacion mayoritaria en el capital social.

También se requerirá ineludiblemente el voto afirmativo del Estado si se quiere ampliar la capacidad de una central existente y/o la construcción de una nueva, si se quiere cerrar una central («salida definitiva o temporal» por «motivos no técnicos»), y/o para incorporar accionistas en la Sociedad que le otorguen el control de la empresa.

De todas formas, una privatización parcial de la empresa encontraría algunos temas por resolver. Fuentes conocedoras del sector apuntan que el ingreso de un accionista privado podría requerir una revisión de la Ley N° 25.018 de Gestión de los Residuos Radiactivos. Por otro lado, Luis Caputo dejó a NA-SA fuera del esquema de regularización de la deuda acumulada por el Estado con las generadoras eléctricas y productoras de gas natural. La compañía estatal no recibirá bonos en dólares AE38 a cambio de la deuda por la energía generada en el primer trimestre del año y aguarda por una definición del Ministerio de Economía en torno a una solución alternativa.

Nucleoeléctrica tiene programado detener Atucha I en octubre para comenzar con el proyecto de extensión de vida de la central nuclear, que acaba de cumplir 50 años de operación. La empresa ya licitó tres tramos del fideicomiso NASA IV para la prolongación de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II). El fondeo total asciende a US$ 180 millones. La extensión de vida tiene un costo inicial estimado de US$ 450 millones y la construcción del ASECG II tiene un costo estimado de US$ 137 millones. La empresa esta buscando financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para estos proyectos, según fuentes al tanto de las conversaciones.