Una de las principales novedades del proyecto oficial para crear un aporte extraordinario a las grandes fortunas radica en que un 25% de lo recaudado se destinará a desarrollar yacimientos de gas a través de las empresas IEASA e YPF. La medida sorprendió incluso a altos directivos de la petrolera controlada por el Estado, que se enteraron de la noticia por los medios.
La iniciativa, sin embargo, se venía debatiendo con hermetismo extremo desde hace casi dos meses en el corazón del cristinismo. La redacción del artículo pertenece a Máximo Kirchner, jefe del bloque del oficialismo en la cámara baja. Desde la óptica del líder de La Cámpora, la capitalización de YPF por medio del gravamen a los súper ricos repara —con creces— la anulación del DNU 1053/2018, que fue bloqueado en el Senado bajo propuesta del Frente del Todos e impidió que YPF cobrara unos $ 7800 millones que le correspondían por ese concepto.
El freno en la Cámara Alta suspendió, en rigor, un primer pago de $ 1491 millones que ya estaban devengados del Tesoro. Si el Congreso aprueba el proyecto oficial, y se cumplen los pronósticos de recaudación que estima el gobierno, YPF terminará percibiendo unos $ 75.000 millones; 10 veces más de lo que le tocaba por el Decreto 1053. El saldo es más que favorable.
Desde esa lógica, la idea del gobierno es acertada. Parte de un diagnóstico correcto: dada la fragilidad de su caja, que colapsó por la caída de las ventas de combustibles, YPF precisa de una inyección de recursos excepcional para salir adelante. La herramienta que se tejió en la mesa de La Cámpora es creativa. Sin embargo, la instrumentación del esquema incorporado en el proyecto de Ley no está clara.
¿Qué es lo que dice el documento ingresado en Diputados?
El inciso 5 del artículo propone destinar “un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A. la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.
En los fundamentos se destaca, con evidente vaguedad, que si el dinero erogado en solventar la importación de Gas Natural Licuado (GNL) se invirtiera en el desarrollo de campos locales “se obtendría casi 8 (ocho) veces más gas natural en el sistema, con el beneficio consecuente para la balanza de pagos y para la dinamización de la economía argentina”.
Dudas
El primer interrogante es cómo se asegurará en términos legales la relación entre la empresa estatal IEASA (ex Enarsa) e YPF, una empresa privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Surgen algunos disparadores para adentrarse en la cuestión:
- Si IEASA será el actor que reciba del Tesoro un 25% de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas, y tiene la obligación de contratar a YPF para que lleve adelante proyectos de explotación de gas, ¿cómo inyectará o transferirá el dinero a la empresa que preside Guillermo Nielsen?
- ¿Puede una empresa estatal como IEASA contratar en forma exclusiva y sin licitación previa a una compañía como YPF, cuyo 49% está en manos de accionistas privados?
- ¿No debería existir un mecanismo competitivo que regule la relación entre ambas empresas?
Abogados que se desempeñan en la industria petrolera coincidieron en que, con el nivel de judicialización de la política que existe hoy en la Argentina (sin ir más lejos el interventor del Enargas, Federico Bernal, acaba de denunciar a una decena de integrantes del gobierno anterior por cuestionar lo actuado durante la gestión de Cambiemos en el área energética), es difícil que directivos de IEASA o funcionarios quieran firmar una transferencia directa de montos de esta magnitud a YPF, que es una empresa mixta.
“La inyección de dinero estatal en la petrolera beneficia a su principal accionista, que es el Estado (controla un 51% de capital accionario), pero también a los inversores privados que tienen el 49%. Técnicamente, uno podría cuestionar que con fondos públicos se está transfiriendo una ganancia indirecta a inversores extranjeros”, analizó el director de Legales de una petrolera.
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Una posible salida a esa encerrona legal es que IEASA vuelva a desembarcar en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos, uno de los objetivos que dio origen a la fundación de Enarsa en 2004, pero que con el paso de los años nunca pudo consolidar hasta que se retiró durante la administración de Cambiemos de las pocos activos que conservaba en el segmento.
Para volcar el dinero recaudado, IEASA podría firmar un MOU (memorando de entendimiento) para asociarse con YPF en el desarrollo conjunto de un yacimiento de gas. IEASA pondría la plata e YPF la capacidad técnica y el reservorio. Aún así, habrá que precisar regulatoriamente por qué IEASA contrata a YPF y no a cualquier otro operador como PAE, Tecpetrol o Pluspetrol. En cualquier caso, es un riesgo legal que los directivos de IEASA tendrán que correr.
Fungible
El gobierno aspira a aprobar el impuesto a las grandes fortunas a más tardar a fines de octubre. La promulgación y puesta en marcha del nuevo esquema tributario demandará algunos meses. Es probable que la medida se judialice con derrotero incierto. La lectura de que accionistas de empresas del sector petrolero —como Paolo Rocca (Tecpetrol), Eduardo Eurnekian (CGC) y Alejandro Bulgheroni (PAE)— podrían oponerse a transferir parte de su capital para financiar la recuperación de un competidor como YPF es verosímil. Aunque por ahora no son más que suposiciones.
Lo concreto es que YPF necesita de una recapitalización adicional si quiere re-posicionarse como el principal actor de la industria. En lugar de pensar en una asociación tradicional para la explotación de un área en particular, es factible que la asociación entre YPF e IEASA termina representando una inyección general de dinero en la empresa.
No sería impensable que la compañía termine financiando también el desarrollo de campos de petróleo (shale oil) o incluso campos maduros de petróleo. En definitiva, lo que precisa la empresa bajo control estatal son fondos para reactivar su programa de crecimiento. El dinero es fungible. Va de un lado a otro en una compañía del tamaño de YPF, desdibujando el origen y la finalidad de los fondos.
En cualquier caso, con el cronograma en la mano, lo más probable es que el capital proveniente del nuevo impuesto se materialice recién en el segundo trimestre de 2021. Es decir, puede ser una herramienta para robustecer las finanzas de YPF pero es improbable que sirva para conseguir los volúmenes de gas que hacen falta para que no instalar de nuevo un nuevo barco regasificador de LNG en Bahía Blanca el próximo invierno. La política debería tomar nota de esa realidad.
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Es evidente que en una parte del peronismo dirigente quiere ver y convivir con un Estado que reemplace al sector privado en las actividades que le son propias a este último. Y seguramente lo logre porque el sector privado que no invierte en un contexto de incertidumbre del marco normativo que prevalecerá en el futuro, ya sea por nuevas reglas dictadas por el Estado Nacional, el reemplazo o superposición con las existentes, a resultas de lo cual las inversiones serán poco productivas, concentrando las decisiones de inversión en el Estado. En el sector energético claramente nos llevaron a la pérdida del autoabastecimiento importando gas muy caro y con un creciente déficit fiscal.
No es nada nuevo, los congelamientos tarifarios en el sector energético provocaron exactamente eso, y con solo afectar un eslabón de la cadena energética, se desincentiva el flujo de inversiones en el resto de los eslabones. Eso pasó con la Ley de Emergencia de 2002 y se repite con la ley de Solidaridad. Se continúa con el congelamiento tarifario dispuesto en el Gobierno de Macri a partir de Octubre del año pasado, y extendido por esta administración hasta diciembre de este año.
Se anunció hace pocos días que el proyecto de impuesto a las grandes riquezas se destinará en parte a inversiones para una mayor producción de gas por YPF. Pregunta: ¿que es capital de riesgo? Porqué en todo caso no licitar fondos para lograr una mayor producción de gas fijando una tasa razonable para sus financiadores y que esos fondos se asignen a aquellos productores – y no solamente YPF- que ofrezcan producir gas al costo más bajo posible mediante contratos a mediano- largo plazo? De por sí la medida es discriminatoria, favorece a YPF vis a vis el resto de los productores de hidrocarburos; luego podría ser Aerolíneas Argentinas, porque no?. Este tipo de salvatajes solamente fomenta la improductividad. Es una medida equivocada para atraer el capital privado a Argentina, solo alentamos al capital improductivo-amigo; y si las tarifas energéticas continúan congeladas y solamente se pagan costos operativos, todas las inversiones tendrán que ser financiadas por otra vía – haciéndosela pagar incluso a los que no reciben el supuesto beneficio de las inversiones, y nuevamente será la mano del Estado la que indique las prioridades.
Creo que el peronismo en este Gobierno tiene que buscar la implementación de medidas que permitan dar otra interpretación a la letra de la marcha peronista cuando en sus versos se refiere “a combatiendo al capital”. Debería renovarse ese canto al compás de medidas macroeconómicas que combaten el capital de amigos que solo atan cadenas al crecimiento; licitaciones internacionales en lugar de negociaciones bilaterales que esconden costos de infraestructura elevados y/o de intercambio por otros bienes; combatir al flujo de capital que entra con tasas de interés altas y se vuelve en masa creando luego problemas cambiarios porque las medidas de represión de las variables cambiarias, precios y tarifas no pueden sostenerse con un déficit creciente. Ese es el capital que hay que combatir, pero no con cepos, que harto demostraron su inutilidad.
Reordenar la macroeconomía y mantener las reglas con las que esperan repatriarse los frutos de inversiones productivas, combatiría el capital improductivo, y no sería necesario aumentar todavía más la presión impositiva a los argentinos y evitar el uso disvalioso de esa recaudación.
Sigo pensando que la alternativa superadora es un aumento de capital.
El accionista mayoritario puede hacer un aporte irrevocable a cuenta de un futuro aumento de capital accionario.
Estos fondos pueden ir destinados a un plan de inversiones específico, definido por el directorio, cuyo controlante es el Estado; en este caso para «programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural»
De esta manera se evita el escollo de la judicialización mencionado en la nota ya que de esta manera dejaría de beneficiar en forma indebida al 49% de capital privado de la empresa y al mismo tiempo se logra una un fuerte incentivo para que ese 49% privado haga el aporte correspondiente a su capital, duplicando la recapitalización.
Además estamos hablando de un mecanismo que puede ser implementado en forma mucho más rápida y eficiente.
YPF debe optimizar su portafolio y desprenderse de activos de baja prod y geograficamente dispersos. YPF debe salir del negocio de la urea, entre otros y, asi, generar capital para concentrarse en lo que sabe hacer; producir. Y hacerlo mayoritariamente en C. Neuquina. YPF no debe hacer política. IEASA no tiene nada que aportar en el upstream, ni tiene con que hacerlo.