El Gobierno está bosquejando el instructivo para acelerar el ajuste sobre los millonarios subsidios energéticos. Funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Energía están estudiando alternativas para recortar transferencias a ese sector por alrededor de 50 mil millones de pesos en 2019. Es decir, una sexta parte de los $ 300 mil estipulados esta semana por Nicolás Dujovne para cumplir con las exigencias del FMI.

De acuerdo con el reporte del staff al directorio conocido el viernes, una de las claves del ahorro fiscal será la “reducción de los subsidios ineficientes a la energía y el transporte”. La carta de intención firmada con la entidad que preside Christine Lagarde no especifica metas de reducción en términos de millones de dólares. Se expide sólo en porcentajes del PBI. Sin embargo, según estimaciones privadas, el ajuste a los subsidios a la energía superará los US$ 1700 millones en 2019.

En Hacienda barajan distintas alternativas para alcanzar ese número. Una es recortar la subvención al suministro de gas que perciben los hogares de la Patagonia, que la privatización del sector gasífero, a principios de los ’90, pagan tarifas más económicas. “Es una posibilidad que está en estudio, pero aún no hay nada definido. Las alternativas que se barajan son múltiples”, indicaron desde la cartera ante la consulta de PERFIL.

Otra línea de acción es reducir los subsidios al gas que consumen las centrales eléctricas. En cualquier caso, el ajuste que prepara el gobierno impactará en los ingresos de las empresas productores como YPF, Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall, entre otras. Las empresas lo saben. Lo que no terminan de ponderar es la magnitud del recorte.

Preocupación en el sur. El Estado destinará este año cerca de $ 9000 millones para que las tarifas residenciales de gas de la Patagonia, de la Puna y de Malargüe
(Mendoza) cuesten casi la mitad que en el resto del país. El plan original era que los subsidios a la región patagónica se eliminen en 2022. Los tiempos se acelerarán. Técnicos de Energía y del Enargas evalúan distintas opciones en esa línea. Las facturas de gas aumentarán, en promedio, un 25% a nivel nacional. Aún no hay una decisión tomada, pero lo concreto es que en octubre los incrementos de las tarifas de gas en la Patagonia serán más altos.

“Tampoco es correcto subsidiar a todos los hogares de la Patagonia. Estamos estudiando expandir la cobertura de la Tarifa Social para los usuarios de menores ingresos, pero el compromiso con el Fondo nos obliga a ir más rápido que lo que trazamos inicialmente”, reconoció un funcionario bajo reserva de nombre.

Los hogares de la Patagonia pagan a razón de US$ 2,20 por millón de BTU por el gas que consumen. La media nivel nacional ronda los US$ 4,68 dólares. El Estado canaliza la mayor parte de los subsidios patagónicos a través Camuzzi Gas del Sur. La gasífera controlada por Disvol, la firma de Alejandro Macfarlane, distribuye el gas importado que llega por barco (GNL) a las terminales de Escobar y Bahía Blanca. IEASA, la nueva denominación de Enarsa, vende a pérdida ese gas. El gobierno quiere empezar a revertir esa situación a partir de octubre.

Gas para usinas. La otra pata del ajuste gasífero contempla una baja de los subsidios a la generación eléctrica. Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista, abona US$ 5,20 por el gas que consume el parque termoeléctrico. Es una cifra discrecional definida en 2016 en los albores de la gestión de Juan José Aranguren. La intención del nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, es reducir ese precio que perciben las petroleras.

La apuesta del Ejecutivo es empezar a pagar entre 4 y 4,50 dólares a partir de octubre. Son cifras similares a las que paga el segmento residencial. “En la Argentina está empezando a sobrar gas por la mayor producción. Creemos que la tendencia del precio del hidrocarburo será a la baja”, enfatizaron allegados a Iguacel. En términos fiscales, la iniciativa peritiría ahorrar alrededor de $ 17.000 millones al año. Al tipo de cambio actual, son más de US$ 550 millones.