El proyecto de Ley Ómnibus que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso modifica radicalmente el marco normativo del sector de biocombustibles. Así lo afirman productores de biodiesel (que se mezcla con el gasoil) nucleados en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y bioetanol (naftas), que criticaron la propuesta del Poder Ejecutivo para el sector y alertaron en un comunicado que la nueva normativa “manda a la quiebra a las pymes productoras”.
También, los productores solicitaron a los diputados y senadores que “rechacen por completo” la sección IV de biocombustibles cuando se trate el proyecto en sesiones extraordinarias. Algunas de las pymes que forman parte de la Cepreb son Bio Bahía, AOM Energy, Grupo Bolzán, Soy Energy, Pampa Bio, New fuel, Bio Ramallo, Biobin, Aripar, Refinar Bio, entre otros.
La Ley Ómnibus establece nueve modificaciones a la Ley 26.093 del año 2006, que le dio impulso al sector para que las productoras comiencen a desarrollarse, y la normativa 27.640, aprobada en 2021 y que le otorgó un horizonte jurídico hasta 2030 a las productoras pymes. Las plantas de biodiesel a base de aceite de soja se encuentran principalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y, en menor medida, en La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Las plantas pymes que elaboran bioetanol a base de maíz (Córdoba, Santa Fe) y los ingenios azucareros del Noroeste Argentino (NOA) que producen etanol cañero, ambos se mezclan con las naftas para luego venderse en las estaciones de servicio.
Más presión al surtidor
Hace pocos días la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo aumentó el precio regulado de los biocombustibles, productos que se mezclan con el gasoil y las naftas en el mercado local. El movimiento generó más presión a los precios de los combustibles en los surtidores.
En concreto, la suba fijada fue de 34,4% para el biodiesel y 28,5% para el bioetanol. De este, el valor de adquisición del producto elaborado a base de aceite de soja saltó de $ 686.986 a $ 923.590 por tonelada. Por su parte, el precio de adquisición del bioetanol cañero pasó a $ $465,8 por litro (33,6%) y el elaborado a base de maíz quedó fijado en $ 463,9 por litro (28,4%). Ambas medidas se fijaron mediante la resolución 3/2023 y 4/2024, respectivamente.
Rechazo
Uno de los cambios que propone el Poder Ejecutivo es que las pymes ya no tengan la exclusividad para abastecer al mercado interno como lo fija la normativa vigente. El artículo 13 de la propuesta de Milei habilita a que las pymes compitan con las grandes aceiteras como Cofco, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Dehesa (AGD), Cargill, ADM, Molinos, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Viterra. Según la actual ley, el complejo sojero sólo puede exportar el biodiesel que produce.
Según la Cepreb, que nuclea a casi 30 empresas locales, la modificación del artículo 13 de la Ley 27.640, que se aprobó con un alto consenso entre los sectores público y privado hace dos años, “rompe con el equilibrio sobre el que se trabajó hasta acá, en el cual las pymes tienen reservado el mercado interno, con cupos y precios regulados por el Estado y las ´compañías integradas´ o ´grandes´ (cerealeras) tienen para sí el negocio de la exportación”.
En la actualidad, las pymes de biodiesel le compran el aceite de soja -materia prima clave- a las grandes aceiteras. Por tal motivo, Cepreb afirma que el texto propuesto por Milei “deja a las pymes expuestas a competir en condiciones desiguales y desventajosas con los grandes grupos aceiteros nacionales y multinacionales que son productores de la materia prima y tienen una escala de producción ampliamente superior”.
Otro punto que las productoras critican es que en las definiciones de biocombustibles de la Ley Ómnibus se abre la posibilidad a la importación de bioetanol y biodiesel y sus materias primas en perjuicio para la producción local. “Esto abre la paradoja de que de este modo la Argentina estaría abriendo la puerta a importar biocombustibles de países que tienen vedado con medidas paraarancelarias el ingreso del biocombustible argentino”, afirma la misma cámara.
Uno de esos países que impuso barreras es Estados Unidos, que buscó proteger a sus productores de biocombustibles impidiendo el ingreso de biodiesel argentino. La Unión Europea también impuso barreras arancelarias por algunos años, pero luego las levantó y hoy las grandes aceiteras envían sus productos sobre todo a países del viejo continente.
En la normativa actual, las refinadoras (YPF, Axion, Shell, Trafigura, por ejemplo) no pueden tener participación en empresas de producción de biocombustibles. Pero el proyecto del gobierno ahora habilita que ingresen las petroleras, un punto que también es cuestionado por las pymes.
Porcentaje de mezcla y política de precios
El biodiesel se mezcla en un 7,5% con el gasoil y el bioetanol en un 12% con las naftas. El proyecto de ley del gobierno le otorga potestad a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Energía) para que “imponga” porcentajes mínimos y “a su antojo”, según Cepreb.
Por último, la Ley Ómnibus modifica el artículo 14 de la normativa vigente que establece una metodología para la fijación de los precios para la adquisición obligatoria del bioetanol y biodiesel por parte de las refinadoras. De este modo, al dejar liberado el valor a un acuerdo entre las partes, “se elimina la determinación del precio considerando los costos”, aseguró Cepreb.
5 comentarios
Creo conveniente recordar que la produccion de biocombustibles ha sido considerada industria estrategica, por ello su desarrollo fue impulsado por los gobiernos vigentes en los distintos momentos de la historia de esta rama de la industria, a traves de legislacion que propiciara su crecimiento y perfeccionamiento. Si ien la realidade energetica actual, tanto a nivel interno como internacional es distinta, seria conveniente mantener activo a ese sector de la industria, que en oportunidades facilitan «capear» bajas de precios internacionales de los comodities agricolas.
Este tipo de problemas surgen cuando se monta una industria en base a protecciones aduaneras, fiscales o de otra índole, que no reflejan estándares internacionales (como pueden ser el caso de porcentajes de contenido mínimo de oleocombustibles y alcoholes vegetales). Sin embargo, nada impide que los srs. senadores y diputados legislen en distinto y, eventualmente, acorde a la conveniencia del sector afectado, o de sus distritos. Ello sin perjuicio de que cualquier protección impone mayores precios a la demanda.
Los EEUU hacen eso y, sin embargo, no se los critica. ¿Por qué no se puede hacer eso acá, entonces?
Porque la estructura de la demanda es distinta. Un puñado de empresas controlan la demanda y actuan normalmente bastante cartelizadas. Los mercados son libres cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes. Sino, la tería libertaria pura no vá.
En el caso de USA, también influyó el Farm Bill (que de alguna forma les defiende el precio a los productores agropecuarios), ampliamente apoyado por el la mayoría del Congreso.
Miguel, estamos de acuerdo. Todos los países establecen algunas industrias con determinadas protecciones. Qué decir, por ejemplo, de los agropecuarios franceses. Sin embargo, acá pretenden que todo sea «libre» e ir a competir en «igualdad de condiciones» con el resto de los países, cuando todos sabemos que esa competencia JAMÁS es libre y en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que, ahora, tenemos un presidente que responde a intereses foráneos y a otros intereses locales MUY concentrados y así nos está yendo. Igual, la gente se dio cuenta en menos de un mes de lo que está pasando.