El sistema de procedimientos para establecer las ampliaciones del sistema de transporte eléctrico fue uno de los factores que atentó en los últimos 20 años contra la concreción de nuevas inversiones en la red de alta tensión. El marco regulatorio establece que la construcción de líneas de 500 y 132 kilovolt (kV) sea validada por el Consejo Federal de Energía Eléctrico (CFEE), un órgano de decisión que con el paso del tiempo fue licuando su perfil técnico para ser ganado por la política. Hoy está controlado por los gobernadores que tienen escasa propensión a buscar consensos en torno a cuáles son las obras que requiere el sistema con mayor urgencia. Cada provincia pelea por su propia agenda, impulsa proyectos en su territorio y así, la mirada federal se diluye. Los primeros dos gobiernos kirchneristas sentaron la bandera de esa dispersión al impulsar la construcción de líneas de 500 kV en la Patagonia que no tenían prioridad para el conjunto de la red.

La Secretaría de Energía zanjó de cuajo este lunes esa parálisis virtual del CFEE y de su comité de administración (CAF). Por medio de la resolución 507/23 que lleva la firma de Flavia Royón, titular de la cartera, definió un plan de expansión del sistema de transmisión que incluye 15 obras agrupadas en 5 bloques jerarquizados en función de su prioridad técnica. De ese modo, dentro del conjunto de prioridad 1 incluyó al proyecto AMBA I, que es indispensable para reforzar el anillo de abastecimiento eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires a fin de evitar los colapsos de tensión que este verano empezaron a afectar el suministro en la zona de mayor demanda del país. También sumó a ese grupo la construcción de la línea de 500 kV Vivoratá-Plomer y el complejo Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca.

Sin antecedentes

Es la primera vez en más de 20 años, que el Estado nacional define una grilla de obras prioritarias para el sistema eléctrico. En la práctica, la nómina publicada en el Anexo 1 de la resolución 507/23 sigue la hoja de ruta esbozada por técnicos del sector, tanto de Cammesa como de Transener, la empresa encargada de operar las líneas de alta tensión.

Es cierto que la normativa no resuelve cómo financiar las obras, el otro gran obstáculo —sumado a la burocratización del CFEE— que complica la realización de obras en la red de transporte. Pero al menos especifica claramente qué proyectos son los que necesita el sistema. De cara al cambio de gobierno es un buen antecedente porque la administración que asuma el 10 de diciembre ya contará con esa discusión saldada y evitará tener que negociar con la política para destrabar la ejecución de las obras si consigue crédito para llevarlas adelante.