“El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha, una obra que generará 6000 puntos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y exportaciones de nuestro país. El inicio del proyecto prevé una inversión de más de US$ 3400 millones”, enumera el spot publicitario oficial que se escucha en radios y televisión. Sin embargo, un mes y 10 días después de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara la obra en Neuquén el avance ha sido prácticamente inexistente. En disconformidad con esta parálisis, Antonio Pronsato, titular de la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto, presentó este lunes su renuncia, según confirmaron a EconoJournal fuentes gubernamentales.
En un gobierno que se caracteriza por la acentuada pauperización de la línea técnica de la Secretaría de Energía, Pronsato era quien imprimía mayor velocidad al proceso administrativo para configurar la licitación y oficiaba como una especie de garante en la interlocución no sólo con las constructoras que aspiran a adjudicarse la obra, como Techint, Sacde, Contreras, BTU y Cartellone, entre otras. Sino también con proveedores de materiales e insumos para la obra y con empresas productoras de gas que precisan del nuevo gasoducto para poder incrementar su producción desde Vaca Muerta. Su sorpresiva salida abre un inexpugnable halo de incertidumbre y pone en jaque al proyecto.
Sin avance
No se conocen aún las razones que explican la salida del directivo. Pero la mirada recae ahora sobre Agustín Gerez, gerente general de Enarsa (ex IEASA), y en su jefe político, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, principal referente de La Cámpora en materia energética, que son quienes están a cargo políticamente del proyecto.
¿Cuáles son los hechos que habrían motivado la renuncia del directivo?
1) El contrato con SIAT (la subsidiaria de Tenaris) para empezar a fabricar los caños del gasoducto aún no fue firmado. Pese a que, tal como publicó este medio, el BCRA ya otorgó una excepción a Enarsa para que la empresa de Techint pueda acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) y transferir cerca de US$ 220 millones a Brasil para comprar la chapa que se precisa para fabricar los tubos con costura, el final convenio con la empresa de Techint todavía no fue rubricado. Eso quiere decir que casi un mes después de resultar formalmente designada como proveedora de los caños del proyecto, SIAT aún no cobró el anticipo económico que precisa para comenzar a fabricar los tubos de acero.
2) La licitación de la construcción de la obra aún no está en la calle. En lo técnico, la redacción del pliego ya está prácticamente lista. Se licitarían seis frentes de obra: tres para construir el gasoducto Néstor Kirchner; otro para tender el gasoducto Mercedes-Cardales; un quinto para montar una planta compresora; y un sexto para realizar el paso submarino del caño por debajo del río. Pronsato quería lanzar la licitación a fines de abril o, como muy tarde, a principio de mayo. A dos días del inicio de junio, el pliego aún no se conoce.
3) La unidad ejecutora de Enarsa ya consiguió la aprobación de los estudios de impacto ambiental de tres de las cuatro provincias que serán atravesadas por la traza del gasoducto: Neuquén, Río Negro y La Pampa. ¿Cuál es la única que aún no dio el OK? La provincia de Buenos Aires, que es gobernada por Axel Kicillof que, en teoría, dado su alineamiento total con la vicepresidente Cristina Kirchner, debería haber sido el primero en prestar conformidad. Sin embargo, funcionarios del Organismo de Desarrollo Sustentable provincial reclaman un cómputo de costos del proyecto antes de aprobar la evaluación ambiental.
4) El BICE aún no aprobó una serie de documentos internos para poder reutilizar una planta compresora que había adquirido el Estado para el Gasoducto del Noreste (GNEA). El banco tiene que avalar ahora que ese equipo se reutilice en el gasoducto Mercedes-Cardales, para lo cual es necesario realizarse un reacondicionamiento general que iba a estar a cargo de TGS. Pero tras meses de gestión, el BICE no autorizó ese esquema.
Los cuatro puntos anteriores demuestran, ante todo, una falencia en la gestión que puede explicarse por diversos motivos: a) subestimación de la complejidad técnico-administrativa del proyecto; b) preparación deficiente para lidiar con una obra de esta magnitud; o c) renuencia de los funcionarios a dejar su firma en los expedientes de licitación por temor a una eventual judicialización a futuro. En cualquier caso, la demora le seguirá costando al país millones de dólares para importar energía que tranquilamente podría producirse localmente.
