Mientras una delegación argentina integrada por funcionarios de Economía y del BCRA negocia en Washington un nuevo acuerdo con el FMI que debería incluir, según reconocen funcionarios del Ejecutivo, un plan de contención de los subsidios energéticos para el año que viene, el interventor del Enargas, Federico Bernal, mantuvo ayer una reunión virtual con los principales ejecutivos de las distribuidoras de gas en la que se empezó a delinear —a priori sin el aval concreto del ministro Martín Guzmán— la discusión tarifaria para 2022.

Vía Webex, una plataforma similar al Zoom o Teams, el funcionario que responde al ala cristinista del gobierno les ofreció a las empresas —entre las que se destacan Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas— un aumento cercano al 30% en el margen de distribución a lo largo del año que viene, según indicaron a EconoJournal dos ejecutivos de empresas productoras de gas sin contacto entre sí. Para las grandes petroleras —como YPF, PAE, Total, Tecpetrol o Wintershall Dea y CGC— la discusión por tarifas es tan importante como las distribuidoras dado que, en última instancia, suelen ser los productores los que terminan financiando el funcionamiento de todo el sector de gas.

Fuentes de compañías distribuidoras evitaron realizar comentarios ante la consulta de este medio. En tanto que allegados a la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, negaron estar al tanto de las gestiones del Enargas.

En rojo

El impacto en la factura final de los usuarios de la recomposición del margen de distribución que propuso Bernal estará al torno al 10%, aunque —claro está— para conocer la suba total de las facturas de gas habrá que adicionar el aumento del precio del gas en boca de pozo en 2022, que es la verdadera variable que incide en el nivel de subsidios del Tesoro al sector gasífero.

La novedad es que, por primera vez en meses, Bernal se reunió con los privados para discutir qué pasará con las tarifas del segmento regulado —hogares, comercios y pequeñas industrias— en el futuro inmediato. Tras un año y medio de gestión, el interventor del ente regulador no avanzó con la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) que debería entrar en vigencia a partir de 2022, como había prometido al inicio de su gestión. Tampoco gestionó una asistencia financiera para que las distribuidoras realicen el plan de inversiones que debían concretar en el período 2017-2022, tal como había declarado en varias entrevistas periodísticas.

Por el contrario, como efecto indirecto de pisar las tarifas de gas durante 2021 —sólo autorizó una suba final del 7%— convalidó a que las empresas suspendan sus desembolsos comprometidos en la RTI acordada con el gobierno anterior.

Insuficiente

La propuesta que puso sobre la mesa ayer Bernal no cubrió las expectativas de los privados. Es que, como era previsible, al habilitar un aumento tarifario de un dígito para todo 2021, el interventor se compró un problema de magnitudes. Como titular del ente regulador del gas, su primera responsabilidad es fijar tarifas que permitan a los concesionarios realizar las inversiones en la red que garanticen la seguridad de las instalaciones.

Con una inflación interanual superior al 50%, la decisión de casi congelar tarifas en los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández le deja poco margen de acción. Para cumplir con los programas de operación y mantenimiento del tendido de gasoductos que diseñaron las empresas, los ingresos de las distribuidoras deberían aumentar más del doble de lo que ofreció ayer el interventor. Cerca de un 70 por ciento en todo 2022.

El director comercial de una empresa productora analizó el escenario en estos términos: “Hay tiempo aún mejorar la negociación. Frente a estos niveles de inflación, una suba del 30% de la facturación de las distribuidoras no permitiría cumplir con las inversiones en seguridad de las instalaciones ni tampoco garantizar el pago del gas a nosotros (los productores), por lo que es probable que la cadena de pagos se interrumpa hacia mediados del año que viene”.

El número mágico

No está claro si la propuesta tarifaria de Bernal a las distribuidoras de gas cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Martín Guzmán, que por estos días negocia con el FMI las condiciones de borde un acuerdo de refinanciación de la deuda de US$ 44.000 millones que tomó con el organismo el gobierno anterior. Las fuentes consultadas sugieren lo contrario. “Pasa lo mismo que el año pasado. Bernal cuida su quintita (sic) y sólo le interesa llegar a un entendimiento con las distribuidoras. No existe ninguna acción conjunta ni con Economía ni con la Secretaría de Energía. Así como este año la instrucción política fue que las tarifas debían aumentar menos del 10%, ahora se empezó a hablar que el aumento final en las tarifas de gas y electricidad no debería superar el 17% en 2022”, advirtieron en un despacho oficial.

“Eso implicaría pagar subsidios astronómicos. Hay que esperar. El ministro (Guzmán) aún no comunicó internamente a cuánto deberían ascender los subsidios energéticos en 2022 (el presupuesto presentado en septiembre preveía que representarían un 1,7 puntos del PBI). Ese dato está cerrado en el Palacio de Hacienda y lo conocen muy pocas personas. Bernal se cortó sólo y abrió una negociación sin el respaldo de Economía”, agregó.

La falta de coordinación en el gobierno deja de manifiesto una curiosidad: el gobierno inició  la discusión tarifaria con los privados por el eslabón de la cadena que prácticamente no tiene impacto (salvo por alguna cuenta marginal) en el nivel de subsidios que recibe el sector de gas, que este año rondarán en total los US$ 4000 millones.

Subsidios

La mayor parte de las subvenciones del Estado se destina a cubrir el costo de la importación de gas desde Bolivia y del LNG que llega por barco, así como también a pagar el costo de los programas de estímulo a la producción, que depende indirectamente de las tarifas que se fijen a la demanda pero que no se canalizan a través de las distribuidoras, sino que se abonan directamente a las petroleras (YPF, PAE, Total, Wintershall Dea, Tecpetrol y CGC, entre otras).

“La definición del margen de distribución casi no tiene impacto fiscal. Pero sí es importante para que las empresas tengan caja para realizar las obras de mantenimiento en la red. Las distribuidoras no son kioscos de golosinas. Operan redes de distribución que atraviesan ciudades. La seguridad debería ser la prioridad. El gobierno sólo autorizó una suba del 7% en dos años, cuando la inflación se acerca al 90%. Pisar tarifas otro año sería una decisión negligente porque imposibilitaría realizar inversiones que la red necesita”, analizó un reconocido consultor del sector, que pidió la reserva de nombre.