Aunque la primera línea del Frente de Todos aún no decidió cuál será la política tarifaria para los servicios públicos en 2022, por lo que todavía es temprano para saber qué pasará con las boletas de gas y electricidad durante el año que viene, el interventor del Enargas, Federico Bernal, sigue negociando —en forma independiente sin articulación con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía— con las empresas del segmento regulado una suba de las tarifas a implementarse el próximo 1° de marzo.
Bernal, que llegó a la conducción del ente regulador en marzo de 2020 a partir de su buena relación con al vicepresidenta Cristina Kirchner, encaró en las últimas dos semanas una ronda de conversaciones con distribuidoras y transportistas para establecer cuánto se incrementará el componente regulado de las tarifas de gas durante el primer trimestre del año que viene. A las primeras les ofreció un aumento del 31% a aplicarse sobre el margen de distribución, es decir, sobre los ingresos brutos de las empresas distribuidoras, tal como informó EconoJournal la semana pasada. Esa suba del margen implica una suba en la factura final que pagan los usuarios residenciales del orden del 10 por ciento.
Esta semana Bernal avanzó en la negociación con las dos transportistas de gas del país, TGN y TGS, con las que el año pasado mantuvo una relación conflictiva debido a la decisión unilateral del interventor de dejar congelada las tarifas que cobran ambas compañías. A diferencia de lo que sucedió con Metrogas, Camuzzi, Naturgy y el resto de las distribuidoras, que pudieron incrementar sus ingresos un 24% en 2021, la remuneración de TGN y TGS se mantuvo congelada en los últimos dos años (aumentó por última vez en marzo de 2019).
Oferta
Para enderezar esa relación, y asumiendo que no hay argumentos técnicos para seguir extendiendo el congelamiento durante 2022, Bernal propuso a las transportistas una suba del 55% en sus ingresos a partir del 1° de marzo. Como el peso del cargo de transporte en la factura es inferior al del margen de distribución y al del precio del gas en boca de pozo (la variable que más incide en lo que terminan pagando los consumidores), el impacto final de esa suba en la boleta que llega a los hogares no llegará al 5 por ciento.
“Primero ofreció (Bernal) un 45% y luego fue subiendo. Hoy está en 55%”, reconoció un alto directivo del sector gasífero, que pidió la reserva de nombre.
“Intentaremos lograr que Bernal se comprometa, aunque sea informalmente, a discutir un nuevo aumento de tarifas para agosto o septiembre de 2022”, agregó.
Audiencia pública
A contramano de lo que fue su primer año de gestión en el ente regulador, cuando solía participar de manera recurrente en medios de comunicación, Bernal evita desde hace algún tiempo cualquier exposición periodística. Pero del diálogo que mantuvo con las empresas reguladas se desprende que apunta convocar a una audiencia pública para mediados de enero. Es más, aspira a publicar ese llamado a fines de diciembre en Boletín Oficial para que la audiencia se realice el 18 o 19 de enero próximo.
Bernal no mantiene una buena relación con el ministro Martín Guzmán ni con el secretario de Energía, Darío Martínez.
Es difícil saber cuánto de lo que el interventor está negociando con las empresas se terminará materializando. No existe, hasta el momento, una acción coordinada con el ministro Martín Guzmán ni con el secretario de Energía, Darío Martínez. Bernal se mueve en su terreno: el componente regulado de las tarifas. Pero para definir cuánto terminarán aumentando las facturas, la clave es saber qué decidirá el gobierno con relación al precio del gas que está incluido en las tarifas. Ese componente se mantiene congelado desde abril de 2019 en 192 pesos por millón de BTU. En ese momento, representaban 4,68 dólares. Devaluación mediante, hoy esos pesos apenas presentan US$ 1,90 por MBTU.
Incógnita
Casi tres años después, es evidente que el precio del gas debería elevarse, a fin de reducir el nivel de subsidios que paga el Estado. Esa discusión integra la agenda que Economía negocia con el FMI, pero el resultado final es impredecible. En el mientras tanto Bernal abrió una negociación con las empresas gasíferas que, a tono con el nivel de descoordinación que exhibe el Ejecutivo, bien podría derivar en una suba de tarifas a partir de marzo o, por el contrario, puede diluirse frente a otra acción futura que termine definiendo la conducción del Frente de Todos.
Las empresas reguladas están resignadas a bailar ese ritmo incierto. En última instancia, si bien intentarán mejorar el porcentaje de aumento tarifario, los privados terminarán aceptando la cifra que Bernal ponga sobre la mesa. Como mecanismo de defensa, buscarán que el texto del acuerdo que figurará en el expediente del Enargas sea lo más laxo posible.
“Con el nivel de inflación de este último año, (las empresas) deberían aplicar un aumento dos veces superior al que ofrece el Enargas. Pero no hay mucho margen de negociación. Los privados terminarán aceptando lo que se ofrezca y buscarán cubrirse evitando que lo que firmen las obligue a cumplir con el plan de inversión y a mantener la cadena de pagos con los productores”, explicó un consultor del sector.
