Las grandes operadoras petroleras —con YPF y Pan American Energy (PAE) a la cabeza— finalizaron ayer la negociación con sindicatos petroleros de todo el país para definir qué remuneración percibirán los casi 60.000 operarios que están sin actividad por efecto de la cuarentena obligatoria y el derrumbe del precio del petróleo.

El acuerdo se firmará formalmente hacia fines de esta semana (cuando el Ministerio de Trabajo resuelva una serie de cuestiones administrativas), pero en los hechos ya está cerrado y tendrá una vigencia de 60 días. De hecho, los gremios enviaron ayer comunicados dando a conocer los puntos esenciales del entendimiento. EconoJournal leyó el borrador final del acuerdo, cuya redacción difiere bastante de la primera versión que circuló la semana pasada.

El artículo 1º del acuerdo especifica, en sus dos primeros incisos, qué asignación percibirán los sindicatos de petroleros privados y los jerárquicos. Todos los grandes gremios petroleros (los dos de la cuenca Neuquina, el de petroleros de base de Chubut y Mendoza, la Federación y los jerárquicos de Patagonia Austral) firmarán el documento. El único sindicato que quedó afuera es el de petroleros privados de Santa Cruz, que lidera Claudio Vidal, que no aceptó los términos propuestos por las petroleras.

Deberá negociar uno a uno con cada productora y empresa contratista para intentar mejorar las condiciones que figuran en el acuerdo. Parece difícil que lo logre porque, de hacerlo, dejaría en offside al resto de las organizaciones sindicales.

Impacto real

La remuneración se concretará bajo lo que establece el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

“Será equivalente al salario básico establecido en las escalas salariales vigentes, el que incluirá exclusivamente zona y turno, correspondiente a la categoría y función de cada trabajador, con más una vianda ayuda alimentaria siempre y cuando el trabajador habitualmente las percibiere”, establece la normativa.

Los gremios informaron que, en función del acuerdo, los trabajadores sin tareas asignadas percibirán una remuneración equivalente al 60% del salario neto (de bolsillo) que venían cobrando.

Un 60% del salario neto equivale, en los hechos, al 50% del salario bruto que pagan las petroleras.

Si a eso se lo suma, además, la exención de las contribución patronales que prevé el artículo 223 bis (que representan un 16% del salario bruto), el costo laboral que afrontarán los productores desciende hasta un 34 por ciento.

Pero las empresas acordaron pagar también una contribución extraordinaria por única vez de $ 10.000 (en dos cuotas de $ 5000) para sostener la caja de la obra social de los petroleros, que se verá afectada porque las asignaciones son no remunerativas. Esa contribución especial elevará el costo laboral final hasta el 45% de lo que pagaron las petroleras en marzo de ese universo de trabajadores.

Para las petroleras el escenario es complejo porque no hay visibilidad hacia adelante. Y si la hay, es oscura. La actividad está hoy en su mínima expresión y las chances de que se recupere en los próximos dos o tres meses, son bajas. Las productoras, el primer eslabón de la cadena, deben seguir cubriendo gastos fijos mientras sus ingresos están muy deprimidos.