El subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Porteau, recibió ayer a los máximos ejecutivos de YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total y la alemana Wintershall -las cuatro mayores productoras de gas de la Argentina- con un objetivo excluyente: comunicarles oficialmente cómo planea el Ejecutivo cancelar una deuda de $ 27.000 millones (unos US$ 1500 millones) contraída con los privados por incumplir el pago de los subsidios correspondientes al Plan Gas durante 2017. Se trata de un tema de vital importancia para las petroleras, que advierten que la no regularización de esa deuda afectará las inversiones previstas para este año.

El Gobierno incumplió con el pago de las compensaciones económicas previstas en el Plan Gas, que premia con un precio diferencial (en los hechos se traduce un subsidio directo del Estado) a las petroleras que incrementaron su producción de gas. Por la precaria situación fiscal de las arcas públicas, durante 2017 directamente no pagó un solo peso a las empresas. De ahí la magnitud del rojo acumulado, que representa un poco menos de un tercio del total de inversiones comprometidas en gas para este año (alrededor de US$ 5000 millones).

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Porteau detalló ayer el mecanismo a través del cual el Estado cancelará esa deuda. La propuesta blanquea -y deja una vez más en evidencia- los inconvenientes económico-financieros que atraviesa el Ejecutivo. El rojo acumulado no se pagará en 2018. No hay dinero del Tesoro asignado a tal fin. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, tampoco quiere emitir un bono soberano que pueda ser transado este año en un mercado secundario. Teme que las petroleras se desprendan rápidamente de esos títulos afectando la liquidez del mercado financiero local. Eso atentaría contra la estrategia de Caputo de endeudarse en la city porteña para esquivar el incremento de las tasas de interés en el mercado internacional.

El Ejecutivo entiende que las petroleras tienen capacidad económica para esperar. No son un actor prioritario desde la óptica del Gobierno. En esa clave, la propuesta comunicada por el Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, consiste en postergar la cancelación de la deuda de $ 27.000 millones hasta 2019. En rigor, los pagos se instrumentarán en cuotas mensuales durante dos años. Es decir, a partir de enero de 2019 las petroleras empezarán a recibir alrededor de US$ 60 millones por mes hasta cancelar todo el capital adeudado en diciembre de 2020. Así lo aseguraron a EconoJournal fuentes empresariales. La propuesta se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. Cada petrolera deberá evaluar si adhiere a la iniciativa. El plan de pagos fue diseñado y avalado por distintos funcionarios, con la coordinación de Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores de la Jefatura de Gabinete.

“No es una mala propuesta. Sin duda no es la óptima ni la mejor porque no incluye una tasa de interés que compense el incumplimiento de los plazos de pago por parte del gobierno. Pero aún así, es un avance y es probable que las empresas suscriban”, explicó un alto ejecutivo del sector.

YPF es la principal acreedora del Plan Gas. Paradójicamente, la petrolera controlada por el Estado tiene a su favor US$ 780 millones. A pesar de varias gestiones con distintos estamentos de gobierno, la empresa no logró cobrar al menos una fracción de esa deuda. A PAE, que es propiedad de BP y Bridas, le adeudan cerca de US$ 300 millones. Más atrás vienen Total y Wintershall, que en conjunto tienen acreencias a su favor por alrededor de US$ 400 millones.

“Resta saber a qué tipo de cambio se dolarizará la deuda. Seguramente, habrá una quita de capital también por ese lado”, admitieron desde otra petrolera.