Luego de la aprobación de la Ley Bases y el Pacto Fiscal, el gobierno busca relanzar su gestión el próximo 9 de julio en Tucumán con la firma de un documento de 10 puntos que el presidente Javier Milei considera un “nuevo pacto fundacional para la República”. Además, la intención oficial es introducir cambios en el gabinete, lo que derivará finalmente en el ingreso de Federico Sturzenegger al frente de una nueva cartera encargada de desregular del Estado. Existen gestiones para que la secretaría de Energía entre dentro de la restructuración ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, quiere tener un mayor control de un área que considera clave. Sin embargo, desde Economía negaron esa versión e indicaron que no está prevista la salida de Rodríguez Chirillo.
“’Toto’ está pensando unos cambios en sus áreas. Se están modificando las estructuras de sus secretarias para simplificar y ordenar”, se limitó a responder una alta fuente del gobierno al ser consultada por EconoJournal. La información fue confirmada además por otras fuentes estatales y privadas consultadas por este medio. Como parte de esos cambios Eduardo Rodríguez Chirillo dejaría la secretaría de Energía, aunque seguiría formando parte del gobierno junto a Sturzenegger, con quien trabajó en la elaboración del proyecto de Ley Bases.
Durante el primer semestre hubo varios cortocircuitos entre Caputo y Rodríguez Chirillo, lo que llevó al ministro a poner a su jefe de asesores, Diego Aduriz, al frente de algunas negociaciones clave que se llevaron adelante con las empresas. Ahora quiere dar un paso más y desembarcar en el área con gente propia. Los principales puntos de conflicto:
Aumento de tarifas
A comienzos de febrero, el gobierno decidió mantener congelado el precio mayorista de la electricidad para los hogares de ingresos medios (Nivel 3) y bajos (Nivel 2), que representan el 65% de los usuarios. Casi en simultáneo se le otorgó a Edesur y Edenor una fuerte recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD). De este modo, las empresas lograron mejorar sus ingresos sin que el Estado pudiera beneficiarse con una reducción de los subsidios.
El argumento que esgrimió Rodríguez Chirillo para no tocar el precio mayorista que pagaban los usuarios N2 y N3 fue que el decreto 332/22 de Martín Guzmán fijaba para los hogares más pobres un tope anual de aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; mientras que para los sectores medios el tope anual era equivalente al 80% del CVS de 2023. Si bien el tope existía, el gobierno podría haber aumentado el precio mayorista de la electricidad hasta ese límite y dejar para más adelante la recomposición del VAD de Edenor y Edesur, pero se decidió hacer lo inverso.
Al mismo tiempo Rodríguez Chirillo prometió implementar una Canasta Básica Energética que reemplazara a la segmentación de Guzmán a partir de mayo, pero avanzó poco y nada. Nunca pudo salvar las inconsistencias técnicas que surgieron cuando intentó entrecruzar los datos de las distintas bases con las que cuenta el Estado y quedó atrapado en esa telaraña sin poder avanzar. Finalmente, a Caputo se le terminó la paciencia y a fines de año decidió postergar la Canasta Básica Energética y avanzar con la quita de subsidios para los sectores de ingresos medios y bajos. En ese momento, desde Economía se buscaron cuidar las formas y se aseguró que en realidad comenzaba la transición para la puesta en marcha de la canasta, pero EconoJournal dejó en claro desde el comienzo que era solo un artilugio discursivo para no desairar públicamente a Rodríguez Chirillo.
Actualización de tarifas por inflación
Otra diferencia con Rodriguez Chirillo surgió a partir de la actualización por inflación del margen de distribución que quiso poner en marcha el secretario de Energía. A fines de marzo el funcionario publicó una “Fórmula de actualización de los cargos de distribución y tasas y cargos por servicios” que se ajustaría todos los meses en base a la variación de los salarios del sector privado registrado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires. La medida beneficiaba nuevamente a las distribuidoras, pero nunca se puso en marcha. El plan inicial era que comenzara a regir en mayo. Caputo primero postergó su entrada en vigencia para julio y la semana pasada le bajó el pulgar nuevamente. “No hay una fórmula de actualización definida. Iba a haber una, pero no terminó de implementarse”, explicaron voceros del Palacio de Hacienda ante la consulta de este medio.
Cortes de gas en mayo
A mediados de mayo el gobierno se vio forzado a declarar la emergencia del sector energético y les cortó el gas a estaciones de servicio e industrias en todo el país. En ese contexto el gobierno salió de urgencia a comprar 12 cargamentos de combustibles líquidos y protagonizó incluso una insólita situación con Petrobras, quien le rechazó una carta de crédito y se negó a descargar un barco con Gas Natural Licuado cuando la situación ya era desesperante. Rodríguez Chirillo responsabilizó por lo ocurrido a las bajas temperaturas, pero lo cierto es que el incidente evidenció problemas graves en la gestión operativa del sistema y dejó expuesto al secretario de Energía quien pareció no estar a la altura de las circunstancias. Caputo tomó nota de aquella situación que expuso al gobierno a una crisis grave cuando ni siquiera había comenzado el invierno.
Negociación con generadoras
Luego del “default energético” que llevó adelante Caputo, consistente en suspender el pago de la gran mayoría de compromisos que tenía el Estado con el sector de gas y electricidad, el gobierno abrió una negociación con las empresas para cancelar la deuda acumulada. Lo llamativo fue que esa negociación, que derivó en una quita para las generadoras, no estuvo comandada por Rodríguez Chirillo, ni por algún hombre de su confianza, sino por Diego Aduriz, el alfil de Caputo.
El veto a Falzone
El ninguneo a Rodríguez Chirillo también se evidenció al momento de la designación de los funcionarios de su equipo. El secretario de Energía tenía previsto nombrar a Sergio Falzone como subsecretario de Energía Eléctrica, pero el nombramiento se fue demorando hasta que la designación quedó descartada y en su lugar asumió Damián Eduardo Sanfilippo. La noticia tomó trascendencia pública porque Sanfilippo fue oficializado a partir del 21 de marzo a través del decreto 332/24, pero su nombramiento figuraba en el artículo 2 ya que el artículo 1 designaba a Falzone para el mismo cargo, pero del 8 de enero al 20 de marzo. Es decir, Falzone fue designado y echado en un mismo decreto. Una especulación es que Falzone fue nombrado fugazmente no solo para que pudiera cobrar esos dos meses y medio durante los cuáles trabajó sino para evitar que alguien decidiera impugnar la audiencia pública que se realizó el 29 de febrero porque el propio Falzone expuso allí en representación de la Secretaría de Energía.
Rodríguez Chirillo luego intentó nombrar a Falzone al frente de la vicepresidencia de Cammesa, un puesto es clave porque tiene influencia de manera transversal tanto en la operación del sector eléctrico como en el gasífero, pero también lo descartaron. “El candidato propuesto no resulta adecuado para el cargo en cuestión”, respondió Mauricio Miguel González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, en una nota dirigida al secretario de Energía que constituyó un desplante inédito.
El freno a Carlos Morales
En medio de la disputa por el control de Cammesa, Rodríguez Chirillo envió a la empresa el viernes 26 de abril a Carlos Morales, un hombre de su máxima confianza, para tratar de forzar la renuncia de Jorge Ruisoto, histórico gerente de Normativa y Auditoría Interna, a quien identificó como parte de una jugada interna destinada a debilitarlo, según reveló EconoJournal. Morales se presentó ante Ruisoto en ese encuentro como apoderado legal de Jorge Garavaglia, gerente general de la compañía mixta que se encarga del despacho de electricidad, otra persona de confianza del titular de la cartera energética.
La reunión fue muy tensa porque Morales le explicitó a Ruisoto que si no firmaba el acuerdo de desvinculación voluntaria lo iban a despedir con causa. Fue la misma estrategia que utilizó a fines de febrero para despedir a Luciano Condó, ex gerente de Contratos, y a otros 10 directivos de Cammesa, pero con Ruisoto el resultado fue distinto. Cuando el gerente pidió precisiones sobre cuáles eran los supuestos motivos para justificar su desplazamiento, Morales le dijo que habían llevado adelante una auditoría y detectaron irregularidades con la importación de energía eléctrica que lo comprometían. Sin embargo, no presentó ninguna documentación que respaldara sus dichos y tampoco pudo acreditar su condición de apoderado de Garavaglia. Por lo tanto, Ruisoto no cedió a la presión.
Finalmente, el gobierno designó en mayo a Mario Cairella como vicepresidente de Cammesa y una de las primeras medidas que tomó fue ordenarle a Carlos Morales que abandone la oficina que ocupaba en la compañía, según reveló EconoJournal. “No quiero tener acá a nadie que venga a hacer espionaje”, le aseguró el funcionario a sus más íntimos, quienes filtraron la noticia a las empresas del sector privado.
Reestructuración frustrada
Una de las primeras medidas que tomó Rodríguez Chirillo fue suspender la suscripción de los contratos de compra-venta de energía (PPA’s, por sus siglas en inglés) para sumar 3340 megawatt (MW) de potencia. La intención del secretario era concretar primero una liberalización del mercado para volver a un esquema que se asemeje lo más posible al sistema marginalista que se aplicaba en los ’90. En lo conceptual, el secretario apuntaba a que Cammesa reduzca su campo de operaciones para limitarse a las funciones que le asignaba la Ley 26.045. Aspiraba a que la compañía mixta deje de comprar lo antes que se pueda el combustible que se utiliza para generar electricidad y que no firme más contratos de tipo PPA’s para ampliar el parque de generación, ya que esas compras volverían a estar en cabeza de los privados. No obstante, esa iniciativa quedó frenada y no pudo ponerla en marcha.
