Luego de haber eliminado el martes los topes que impedían un ajuste adicional de tarifas para los sectores de ingresos medios y bajos, el gobierno oficializará la semana próxima un nuevo aumento de electricidad y gas natural para los hogares de todo el país. De ese modo, tiene previsto ahorrar un piso de US$S 400 millones de dólares entre junio y agosto.

El incremento se va a aplicar sobre el precio de la energía mayorista, uno de los tres componentes principales que integran la tarifa junto con el transporte y la distribución.

En el caso de la electricidad, la Secretaría de Energía habilitó en febrero una recomposición para transportistas y distribuidoras que impactó fuerte en los hogares, pero el precio de la energía solo lo subió para los usuarios de mayores ingresos que integran el Nivel 1 de la segmentación. El resto permanece sin cambios desde el año pasado.

El precio monómico se ubica actualmente en torno a los $90.000 por megawatt por hora (MWh), pero los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) pagan $2981 (poco más de un 3% del total) y los de ingresos medios (Nivel 3) solo $3756 (solo un 4%). Ambos grupos concentran al 65% de los hogares.

Los usuarios Nivel 1, en cambio, desembolsan $44.401 por MWh y también podrían sufrir algún retoque en el precio ya que está claro que tampoco ellos pagan la tarifa plena. Es decir, si bien se los presenta como aquellos que “no reciben subsidios”, en los hechos también ellos están subsidiados, aunque mucho menos.   

Cuando el gobierno ajustó en febrero el precio para los N1 mantuvo sin cambios al resto porque el decreto 332/22 que puso en marcha la segmentación tarifaria estableció un tope anual de aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior para los usuarios Nivel 2 y de 60% para los usuarios Nivel 3. La intención oficial era modificar esos topes cuando se lanzará la Canasta Básica Energética, pero propuesta que buscaba vincular los subsidios con el ingreso de las familias quedó empantanada por la falta de datos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente se cansó de esperar la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética que había prometido la Secretaría de Energía, y que incluso se anunció en la audiencia del 29 de febrero, y el martes de esta semana publicó el decreto 465/2024 que removió los topes para los usuarios N2 y N3, dejando el terreno libre para avanzar con los aumentos en el Precio Estacional de la Energía (PEST).

Lo que evalúan dentro del gobierno no solo es elevar esos montos sino también ponerle un tope al consumo subsidiado de los usuarios de ingresos bajos (N2) y eventualmente bajar el tope de 400 kWh vigente para los usuarios de ingresos medios (N3). Por encima de ese tope, en la actualidad los N3 ya pagan la electricidad al mismo valor que los N1.

En el caso del gas natural, también se evalúa aplicar un ajuste del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para los N2 y N3, pero en ese caso la situación es diferente porque en abril ya se les aplicó un aumento en el precio de este componente.

A través de la resolución 41/2024, se definió que los usuarios residenciales Nivel 1 pasen a pagar a partir del lunes entre 2,70 y 2,96 dólares por millón de BTU, tres veces más que lo que estaban pagando (cerca de 1 US$/MMBTU), mientras que a los usuarios N2, que explican un 36% del total de los hogares de todo el país, les aumentaron de US$ 0,20 a US$ 0,78 por MMBTU y a los usuarios N3, que explican un 24% del total de los usuarios, de US$ 0,40 a US$1,16 por el bloque base de su consumo (por el excedente pagan US$ 2,96 por MMBTU.

La bola de subsidios

El gobierno tomó la decisión de avanzar con el recorte de subsidios, luego de analizar un informe interno donde se advierte que el costo fiscal por seguir manteniendo congelado el precio mayorista de la energía para el 65% de los hogares iba a trepar a US$ 650 millones mensuales durante junio, julio y agosto.

Esos US$ 1950 millones no contemplan la licitación de urgencia que realizó Cammesa la semana pasada para comprar 12 barcos con combustible líquido en medio de la crisis que provocó la falta de gas, ni el buque de Petrobras que se contrató sin licitación y que casi termina sin descargar por un problema con la carta de crédito. Por lo tanto, está claro que ese monto es una proyección conservadora porque la cuenta terminará siendo mayor.

Todavía no se conoce cuál será el aumento porque el Ministerio de Economía lo va a terminar de definir en los próximos días, pero una fuente privada estimó ante EconoJournal que con los aumentos que están preparando el objetivo de mínima es recortar cerca de US$ 400 millones, el 20% de esos US$ 1950 millones proyectados inicialmente.      

El impacto en la tarifa

Todavía no está definido, pero, por ejemplo, si decidieran que los sectores medios pasen a pagar por el costo de la electricidad un 200% más, ese componente treparía de $3756 a $11.268. Sin embargo, debido al congelamiento que arrastra ese componente desde el año pasado, su incidencia actual en la tarifa de los N2 y N3 se ubica en torno al 20%. Por lo tanto, una suba de esas características significaría un aumento de 40% en la tarifa final.

El problema es que ese 40% se aplicará sobre una base sustancialmente más alta a la que los hogares más pobres venían pagando en febrero porque ya debieron afrontar una suba de 500% en los márgenes de distribución y transporte que provocaron un ajuste en la tarifa final que estuvo en torno al 300%.