A partir de la aprobación y reglamentación de la Ley 10.608 en La Rioja, que declaró como “estratégico” al litio y habilitó un rol más protagónico del Estado, el gobierno de Ricardo Quintela recibió fuertes críticas de distintos sectores como las cámaras de empresas mineras, la UIA y de los gobernadores de las provincias del norte. Incluso se cuestionó hasta la constitucionalidad de la norma. Pero en La Rioja aseguran que la sanción de la polémica norma fue para combatir lo más rápido posible la especulación inmobiliaria que se produce en el sector minero desde que subió exponencialmente el precio del litio a nivel internacional. El modelo que pretende seguir La Rioja es similar al de Jemse, la empresa provincial de Jujuy que tiene participaciones en los proyectos mineros junto al sector privado. La idea es darle protagonismo a Energía y Minerales Sociedad del Estado (Emse), creada hace 15 años.

Fuentes de la gobernación provincial señalaron a EconoJournal que “en La Rioja existe un esquema de especulación inmobiliaria. Quienes poseen asignados los permisos de exploración, en muchos casos personas físicas, no tienen voluntad real de invertir en el desarrollo de carbonato o cloruro de litio. Con esta ley buscamos terminar con esa situación irregular”.

Especulación

Casi todos los desarrollos de litio en el país están en Catamarca, Jujuy y Salta. Hasta el momento, en La Rioja hay muy pocos proyectos. Desde la gobernación sostienen que las dos o tres empresas que tienen permisos de exploración no realizaron las inversiones comprometidas, que ronda los los US$ 3 millones por proyecto. Por ese motivo, creen que detrás hay una especulación inmobiliaria para vender estos activos aprovechando el boom del litio que se registra en el mundo con un 400% de suba en el precio porque es la materia prima fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. Además, ninguna minera alcanzó una concesión de un proyecto litio porque, precisamente, no llevó adelante los desembolsos asumidos con el Estado.

“Al contrario de lo que muchos dicen, queremos acelerar la exploración de litio en la provincia porque sabemos que la ventana de oportunidad para hacerlo es limitada, pero para eso primero debemos terminar con el problema de la especulación minera y buscar empresas de envergadura que puedan poner en valor los recursos de La Rioja”, aseguran en la gobernación.

Críticas

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) criticaron fuertemente la Ley 10.608 porque consideran que “es fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina” y porque “suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socioeconómico a futuro, impactando no sólo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas”. La UIA también cuestionó que la norma: “tendrá un impacto negativo en el sector minero”.

En los últimos meses varias empresas de nivel internacional, sobre todo chinas y canadienses, visitaron la provincia y mostraron interés en desarrollar el litio de la provincia. Ante este escenario, la gobernación de Quintela prefirió terminar lo más rápido posible con la especulación inmobiliaria mediante la Ley 10.608. «Si lo hacíamos por vía administrativa, revirtiendo los cateos o permisos exploratorios, hubiésemos demorado uno o dos años por los idas y vueltas que se generan entre los planteos de la provincia y el de las empresas mineras», argumentaron allegados al gobernador.

En declaraciones al diario El Independiente, Quintela explicó que la nueva norma implica que “todos los que tenían licencias o permisos para explorar, que no generaron ningún puesto de trabajo, decidimos la caducidad y que todos vuelvan a la provincia”. Y añadió que los permisos “fueron otorgados con un sistema del 1800, del código minero de esa época, que quien otorgaba era un funcionario de tercer nivel. Caducan las licencias y queremos que vengan inversiones, pero primero queremos saber cuál es el negocio con la provincia”.

Inconstitucionalidad

Antes las críticas sobre la inconstitucionalidad de la Ley 10.608, desde la provincia aseguraron que los cuestionamientos no son de fondo porque La Rioja está tomando decisiones bajo parámetros y herramientas legales que establece la Constitución. Con la norma, la provincia no estará caducando concesiones mineras ni afectando derechos adquiridos. Se trata de permisos de exploración que tienen una categoría jurídica distinta (más inestable), explicaron. “Creemos en el modelo de inversión privada, pero queremos que el Estado también participe del desarrollo de los recursos naturales”, indicaron las mismas fuentes.

La discusión sobre cómo llevar adelante la minería no es nueva en la provincia. Por caso, ya es un hecho que no va a haber actividad en Famatina, donde la comunidad local impidió el desarrollo de al menos cuatro proyectos (sobre todo de oro). Peo los activos de litio no están en estas zonas de conflictividad donde puede haber problemas para lograr la licencia social. Más bien todo lo contrario, en la provincia “hay predisposición para que se concreten los proyectos”.