La central hidroeléctrica de generación y bombeo Río Grande, que opera la empresa cordobesa EPEC, es la más importante de América del Sur con una potencia de 750 MW, pero viene generando electricidad muy por debajo de sus posibilidades. De sus cuatro turbinas, dos no funcionan y las otras dos arrastran varios problemas. En julio del año pasado, técnicos de IMPSA visitaron el complejo durante una semana, realizaron un diagnóstico y elevaron un informe de unas 500 páginas donde se detalla lo que hay que reparar, presupuestado en 80 millones de dólares, pero hasta ahora no se avanzó con la contratación. EPEC necesita que la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que conduce Federico Basualdo, les otorgue un contrato de compraventa de energía (PPA, según la sigla en inglés) a un precio diferencial a través de CAMMESA para que puedan afrontar esa inversión. Fuentes oficiales consultadas por EconoJournal aseguran que la alemana Voith es la que está haciendo lobby para frenar el desembarco de IMPSA y quedarse con la obra, tal como ya sucedió en otras ocasiones.

A simple vista la concreción del proyecto se presenta como un buen negocio para todas las partes involucradas. EPEC quiere arreglar su central, que tiene como rasgo distintivo la capacidad de bombear agua desde un embalse inferior hacia uno superior para generar energía, y le entusiasma la posibilidad de tener un proveedor de confianza a 200 kilómetros. El Estado Nacional se beneficia al sumar más electricidad al sistema y apuntalar a la empresa que capitalizó hace menos de un año junto con la provincia de Mendoza y de la que es accionista principal. A su vez, IMPSA necesita el contrato porque el Estado no le otorga fondos para pagar sueldos ni le financia otro tipo de gastos corrientes. La empresa afronta esos gastos a partir de los contratos que consigue. Ha ganado algunas licitaciones en el exterior, pero le está costando afianzarse en el país, particularmente en el core business de su negocio, que es el sector hidroeléctrico.

Lo que falta para avanzar con el arreglo no es sólo el contrato de compraventa de energía a precio diferencial que debe autorizar Basualdo (una modalidad que también utilizaron otros gobiernos para acelerar inversiones) sino la obtención del financiamiento por parte de EPEC. No obstante, si el PPA se destraba un pool de bancos públicos podría colaborar para que IMPSA haga la obra. En el caso de Voith, la falta de financiamiento no es un problema porque ellos suelen ofrecerlo, pero después hay que pagar el préstamo en dólares con el consiguiente impacto en el mercado cambiario.   

Fuentes oficiales señalaron a EconoJournal que Basualdo es que el que está haciendo lobby por Voith ante EPEC. A raíz de ello, este portal se puso en contacto con fuentes cercanas al subsecretario de Energía Eléctrica, quienes negaron la información y calificaron el rumor como malintencionado. En EPEC no quisieron opinar sobre la versión y se limitaron a informar que están en conversaciones con distintas empresas, entre las que figuran IMPSA y Voith. En IMPSA, por su parte, prefirieron no hacer comentarios.

El tema excede al subsecretario de Energía Eléctrica porque Voith opera a otro nivel y lo ha venido haciendo con distintos gobiernos. Sin embargo, los que cuestionan a Basualdo sostienen que él es el encargado de poner la cara por órdenes que le llegan de arriba y remarcan que no es la primera vez que lo hace. Afirman que el año pasado también operó en contra de IMPSA en una negociación que la empresa llevó adelante con Yacyretá.

El antecedente de Yacyretá

IMPSA tiene contratos vigentes con Yacyretá para refuncionalizar 6 de las 20 turbinas que la central hidroeléctrica binacional adquirió a la alemana Voith y arrastran problemas de diseño original. Dos de esas seis turbinas ya las arregló y hay cuatro que aún permanecen pendientes.

Cuando el Estado Nacional capitalizó IMPSA el año pasado, se encontró con un desfasaje entre el avance financiero y el avance físico de la obra porque Yacyretá había girado recursos, pero IMPSA se había atrasado con la reparación debido a la crisis que atravesaba. Fuentes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aseguraron ante este medio que el desempeño de IMPSA ha sido muy deficiente. «Ha incumplido reiteradamente con todos los plazos de entrega», acusaron.

Los nuevos directores de la firma mendocina, que asumieron en julio del año pasado, se comprometieron ante Yacyretá a avanzar con la obra, pero le solicitaron el giro de nuevos recursos para poder continuar.

Esa negociación no fue fácil y recién se destrabó a fines del año pasado cuando el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, escaló el tema incluso hasta el presidente Alberto Fernández diciéndole que la gente de Basualdo estaba frenando el nuevo adelanto, lo que imposibilitaba que IMPSA retomara la obra. Cerca de Basualdo responden que ellos no fueron los que frenaron ese desembolso sino la propia Yacyretá. Fuentes de la EBY confirman que ellos no estaban de acuerdo con girarle más fondos y afirman que si Basualdo leyó los informes que elevaron seguramente tampoco debía estar de acuerdo. «Impsa presionó políticamente para que le adelantemos una y otra vez anticipos financieros que luego no tienen un correlato en la mejora de los servicios que ofrece», reconocieron fuentes de la EBY. «Si la performance de IMPSA con nosotros (Yacyretá) funciona como caso testigo, es lógico que algún sector del gobierno no quiera quiera darle nuevos contratos en la reparación de otras represas hidroeléctricas», añadieron. No deja de ser sorprendente que fuentes oficiales hablen de IMPSA como si fuese un contratista privado, cuando es el propio Estado el que controla la firma.  

Kulfas, en cambio, estaba particularmente interesado en destrabar ese desembolso porque había sido el principal impulsor de la capitalización estatal de IMPSA. Por eso llevó el tema hasta el Presidente y logró que finalmente se destrabara el desembolso. Sin embargo, lo que no pudo lograr es que Yacyretá firmara un contrato nuevo con IMPSA para arreglar otras turbinas ya que todas tienen problemas de diseño. Por ahora la empresa mendocina reparó dos y trabaja en la reparación de otras cuatro. De esas cuatro restantes, la primera tiene previsto entregarla en septiembre y la segunda en febrero.

La polémica por Aña Cuá

El gobierno de Alberto Fernández no solo no logró que Yacyretá le diera un nuevo contrato a IMPSA sino que tampoco dio marcha atrás con la adjudicación que el presidente Mauricio Macri le otorgó a la alemana Voith en julio de 2019 para la provisión y el montaje del equipamiento electromecánico de la represa Aña Cuá.

IMPSA cuestionó desde un inicio la participación de Voith en esa licitación. El argumento fue que los alemanes habían diseñado las turbinas originales de Yacyretá, las cuales tienen problemas de funcionamiento. Con la licitación ya en marcha, también denunció que Voith no cumplió con los requerimientos del pliego, como tener el ensayo de un modelo hidráulico. “Construir ese modelo a escala a nosotros nos costó 500 mil dólares, pero Voith se limitó a presentar resultados de turbinas similares”, aseguró al diario Página/12 en febrero de 2020, Fabián D`Aiello, por entonces director de Legales de IMPSA.

El 2 de mayo de 2018 se realizó la apertura de las ofertas técnicas e IMPSA terminó mejor calificada que Voith, pero cuando se abrieron los sobres de las ofertas económicas, la de Voith fue más barata. IMPSA sostuvo que para el cálculo se tomó como referencia el tipo de cambio de abril de 2018 (20 pesos por dólar), cuando en realidad el 30 de enero de 2019 el dólar ya cotizaba a 38,6 pesos y en el momento de la firma del contrato a 57,8 pesos. Ese dato es importante porque la oferta de Voith estaba cotizada casi exclusivamente en dólares, mientras que la de IMPSA tenía un 62 por ciento en monedas locales que no ajustan de la mano del dólar sino con una fórmula atada a los índices de precios de Argentina y Paraguay, pero el contrato quedó firme.

Ahora los alemanes vuelven a la carga y para ellos ya sería un triunfo que este gobierno al menos frene la asignación del contrato a IMPSA para reparar la central Río Grande, pues si el año próximo gana la oposición tendrían mayores chances de quedarse con la obra.