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Los costos de la judicialización creciente de la política
El gobierno podría llegar a pagar hasta US$ 600 millones más por el LNG por negarse a introducir un cambio en la licitación
Mié 30
marzo 2022
30 marzo 2022
Proveedores de LNG plantearon a IEASA que acorte lo más posible los plazos de adjudicación de la licitación por los cargamentos de gas, tal como hacía YPF en 2014, cuando los ganadores se conocían en dos horas. Pero la conducción de la empresa estatal descartó la posibilidad porque la línea técnica no quiso validar los resultados del concurso, por el temor a una judicialización posterior, sin el respaldo del Directorio.
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La estatal IEASA lanzó la semana pasada una licitación para adquirir nueve barcos de Gas Natural Licuado (LNG, según su sigla en inglés), tal como publicó EconoJournal. Las empresas proveedores presentaron ayer sus propuestas económicas y la adjudicación se conocerá hoy (miércoles) a las 19 horas, según especificó el pliego de condiciones que confeccionó la empresa que dirige Agustín Gerez. Eso implicó que, en los hechos, los contendientes están obligados a dejar congeladas por dos días sus ofertas de precios del LNG. En un contexto de volatilidad extrema como este, donde la cotización del gas pueda cambiar drásticamente de un día a otro, eso no hace más que generar un sobreprecio para la Argentina, porque los privados cargan en sus ofertas un precio adicional para cubrirse frente a eventuales aumentos.

Algunos proveedores habituales de IEASA le advirtieron sobre esa situación a funcionarios gubernamentales. Finalmente se accedió a reducir de tres a un día y medio el plazo de evaluación y adjudicación de ofertas, pero el cambio no terminó siendo sustancial. También plantearon modificar los indicadores de precios que se utilizan para valorizar el LNG. En concreto, propusieron utilizar la cotización en el mercado TTF (el principal marcado europeo con sede en Países Bajos). Pero esa opción fue desechada.

Se estima que por el riesgo que supone ese gap de tiempo en que las ofertas quedan congeladas termina provocando que las precios recibidos sean entre 5% y 10% más caros que los que podrían haberse obtenidos, solo porque los privados optan por cubrirse frente a la fuerte inestabilidad de precios que predomina en el mercado mundial desde que se desató la guerra en Ucrania. Una compra a lo largo de todo el año de 56 cargamentos a 35 dólares por millón de BTU implicaría un gasto de 5691 millones de dólares, pero un 5% más supondría un desembolso adicional de 285 millones de dólares, que podría trepar a 569 millones si el recargo fuera del 10 por ciento.

Cuando se conozcan los precios a los que se adjudican los cargamentos, se podrá realizar un análisis más nítido. Fuentes privadas consultadas por este medio adelantaron que varias de las propuestas presentadas se ubicaron entre los 35 y 40 dólares por millón de BTU o incluso por encima de la barrera de los 40 dólares, un precio más elevado del previsto por IEASA.

Judicialización de la política

Cuando YPF licitaba la compra de los barcos de LNG durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner había implementado un sistema encriptado que permitía conocer los ganadores de las ofertas dos horas después de la presentación, lo que favorecía que las propuestas de precios fuesen más agresivas y los valores del gas fueran inferiores. IEASA está en condiciones de replicar ese sistema en la actualidad, pero sus directivos optaron por no hacerlo. ¿Por qué? Para cubrirse frente a eventuales presentaciones judiciales que pudieran surgir.

Por ejemplo, Jorge O´Donnell, gerente del área de LNG de IEASA, estuvo procesado por las compras de gas realizadas durante el primer kirchnerismo, pese a ser un directivo de la línea técnica que continuó con el macrismo y sobre el que existe una buena valoración en el mercado en cuanto a su formación y desempeño profesional.

De la negativa a acortar todo lo posible los plazos de adjudicación, subyace que el cuerpo gerencial de IEASA no quiere tomar ninguna decisión si antes la misma no es avalada por el Directorio de la compañía e incluso por la Secretaría de Energía. Es por eso que se necesitan esa ventana de tiempo de casi dos días entre la presentación de las ofertas y la comunicación de los resultados.

Costos millonarios

La situación no hace más que dejar en evidencia los costos que supone para el Estado la creciente judicialización de la política en el área energética que se registró en los últimos años. Otros ejemplos de esta situación fueron la demanda contra el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, por la compra de dólar futuro y la presentación judicial que realizó el interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el ex ministro Juan José Aranguren y ex directivos del ente regulador, a quienes denunció penalmente por haber fijado un precio del gas que no fue resultado de la oferta y la demanda del mercado, pese a que el gobierno de Alberto Fernández terminó haciendo prácticamente lo mismo a través del Plan Gas.Ar.

Son acciones que le permiten al funcionario de turno acumular desde lo político cuando realiza la denuncia judicial, pero que a la larga no hacen más que generar costos económicos y de gestión para el Estado, dado que los funcionarios de la línea técnica no quieran ahora tomar ninguna decisión compleja sin antes tener un aval político explícito para cubrir sus espaldas.

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