La Secretaría de Minería, a cargo del sanjuanino Alberto Hensel, lanzó un plan para desarrollar la minería en el país con objetivos para los próximos tres años. Establece una mesa para alcanzar consensos entre distintos los distintos actores del sector. Lo hizo mediante la resolución 47/20 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario minero. Se trata del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, donde establece un plan a 30 años para el sector y objetivos hasta 2023.
La iniciativa implica, por un lado, la creación de una “mesa nacional de notables”, donde participarán “integrada por los sectores políticos, industrial y no gubernamental, gobiernos provinciales, de las organizaciones libres del pueblo, de la academia, de la ciencia, de los sindicatos y las empresas”. Esta mesa elaborará un documento “que contenga la propuesta de visión común para el desarrollo de la actividad, identificando las principales iniciativas públicas y privadas, que se requieran para lograrla”.
Además, el plan prevé cambios a corto plazo para la Secretaría de Minería: “se trata del nuevo rol de la organización que se orienta a la promoción y articulación del desarrollo económico regional, el incremento de ingresos fiscales por exportación, la preservación y el uso racional de los recursos naturales para el desarrollo humano integral, la institucionalización de la vinculación pública privada para el desarrollo productivo minero e impulso del desarrollo social con identidad territorial, poder contar con una política pública que integre los intereses del Estado Nacional, las empresas y las comunidades, instaurar la eficacia, eficiencia, celeridad de respuesta, simplificación de procesos y flexibilidad para la competitividad del sector”.
Los objetivos del plan
El plan contiene siete objetivos y dieciocho programas de gestión para el período 2020 – 2023.
El primer objetivo prevé “potenciar el desarrollo sustentable; promover inversiones en la exploración y explotación; incrementar la participación de la minería en el Producto Bruto Interno Nacional”. Y tiene cinco objetivos:
1. Promoción y Reactivación de Inversiones Mineras (Proyecto por Proyecto).
2. Asistencia Técnica y Financiera a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) Mineras.
3. Identificación de Oportunidades de Negocios para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) Mineras.
4. Promoción de Inversión Externa Directa Minera (+ IED Minera).
5. Participación del Capital Nacional en el Desarrollo Minero Argentino.
El segundo objetivo señala “asegurar la correspondencia entre el costo fiscal de las políticas de promoción minera y el efectivo desarrollo de la inversión”: Implica el “Programa Anual de Fiscalización (PAF)” y la “Optimización del Registro de Beneficiarios de la Ley N° 24.196 y sus modificatorias”.
El tercer objetivo tiene que ver con asistencia para Pymes mineras. El cuarto y quinto es para desarrollar una “comunicación del potencial minero” del país y elaborar un sistema de digitalización de los datos del sector. El sexto objetivo remarca el Programa Nacional de Sustentabilidad Minera; el Diagnóstico de Activos y Pasivos Ambientales; y que contribuya a la “preservación ambiental”. Y el último objetivo subraya: “articular la gobernanza en compromisos internacionales, regionales, provinciales y locales”.
La semana pasada, en una reunión virtual de Hensel con Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo señaló: “la minería y sus proveedores pueden hacer que la Argentina tenga un desarrollo más armónico y federal. Apuntamos a una minería inclusiva, que genere desarrollo económico local, de la que participe de una cadena pyme y que se incorporen a las universidades. Es decir, que no seamos un enclave extractivo sino una cadena innovativa e integrada”. Además, Kulfas se refirió a las provincias argentinas en las que no hay actividad minera y sostuvo: “tenemos que encontrar la manera de que donde no hay minería se pueda desarrollar y que eso sea en base a consensos y no a imposiciones”.
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Lamentablemente, todos estos bonitos planes se caen cuando cuatro activistas «ambientales» cortan una ruta o boicotean a una empresa minera y el gobierno no actúa como debe. Al inversor minero no se lo convence con discursos sino con actitudes