El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentó ayer en el Senado un informe en el que detalló las causas del blackout histórico del sector eléctrico registrado el domingo 16 de junio. Como adelantó el martes EconoJournal, el funcionario responsabilizó a las empresas privadas por una defectuosa performance durante aquella mañana del Día del Padre.

En concreto, Lopetegui asignó la responsabilidad primaria del apagón a Transener, la empresa que opera la red de alta tensión, por la incorrecta configuración de los sistemas de protección de las líneas de 500 kilovoltios (kW) del corredor del litoral que baja desde Misiones hasta el área metropolitana. De la evaluación del registro operativo del 16 de junio, se constató que la programación automática del esquema de Desconexión Automática de Desconexión (DAG) de la región del NEA no había incorporado el cambio de la topografía de las líneas de 500 kW del corredor del litoral por la realización de un by pass en una de esas redes.

Lopetegui indicó además que, en el segmento de generación, hubo cinco centrales térmicas y nucleoeléctricas (Embalse, Renova, Termoandes, El Bracho y Agua del Cajón) que se desengancharon (salieron de servicio) antes de tiempo cuando se empezaron a registrar las primeras oscilaciones de frecuencia sincrónica. Y, en tercer orden, también fallaron los esquemas de alivio de 69 de las 74 distribuidoras eléctricas que operan a nivel nacional. Son relés de subfrecuencia preparados para cortar demanda eléctrica en forma automática cuando no hay generación disponible en el sistema.

A partir de ahora, quien deberá tomar cartas en el asunto es el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), que es presidido por Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Política Tarifaria en los tiempos en que Juan José Aranguren estaba al frente del Ministerio de Energía. Curiosamente, hasta el momento, pese a ser un organismo autárquico e independiente, ningún directivo del ENRE se pronunció oficialmente sobre el blackout. Ahora, el organismo tendrá 45 días para multar a Transener.

Desactualizadas

Cammesa, por su parte, deberá sancionar a las distribuidoras que tuvieron inconvenientes en la operatoria de los dispositivos de alivio de carga. En ambos casos se repite una constante: la regulación que especifica la metodología para definir las penalidades que deberán pagar los privados fueron redactadas a principios de los ’90, cuando se privatizó Segba y todo el sector eléctrico. Por eso, en la mayoría de los casos, la normativa contempla sanciones que están expresadas en pesos que fueron pesificados tras la caída de la Convertibilidad en 2001. Paradójicamente, el marco normativo no fue actualizado durante los 12 años de gobiernos kirchneristas ni en los casi cuatro de Cambiemos en el poder.

La regulación que precisa las compensaciones económicas que deben abonar las distribuidoras está calculada en pesos de 1992. El anexo 35 de los Procedimientos de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), prevé un esquema de multas que van desde los 3000 a los 15.000 pesos por megawatt por hora (MWh) cortado por las distribuidoras. En 1992, un peso equivalía a un dólar. Hoy, a 3 centavos de dólar. Cuando se creó Cammesa, en 1992, la sanción más elevada —que se aplicaba cuando fallaba el séptimo escalón de subfrecuencia, la última defensa del sistema eléctrico— trepaba hasta los 15.000 dólares por MWh cortado. Hoy, a US$ 335.

En la Secretaría de Energía admiten la desactualización, pero repiten que no pueden más que aplicar el marco regulatorio vigente. Fuentes de esa área señalaron, preliminarmente, que las compensaciones que deberán pagar las distribuidoras por el costo de la energía cortada durante el blackout podrían llegar hasta los $ 150 millones. En los ’90 hubiese llegado hasta los 150 millones de dólares.