El ex secretario de Energía Jorge Lapeña y otros técnicos del sector vinculados al radicalismo cuestionaron varias decisiones adoptadas por el actual gobierno nacional en los últimos meses y consideraron que estas «deberían ser reexaminadas». En el contexto de una reunión anual del Instituto Argentino de la Energía (IAE), Lapeña sostuvo que «resultan fuera de lógica los anuncios respecto a la interrupción de las compras de gas a Bolivia», y advirtió que con dicho país «nos liga un contrato con vencimiento en 2026, en un contexto en el cual la Argentina importa el 25 por ciento del gas que consume».

Asimismo, el ex secretario durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y hasta hace pocos meses director en la estatal Enarsa, devenida en Integración Energética S.A. desde el año pasado, sostuvo que «nos resulta incomprensible el anuncio de la paralización de las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) dilapidando un enorme esfuerzo e inversión pública realizada por el Estado argentino».

El gas contratado a Bolivia es a un precio más conveniente que el del GNL importado por barcos o, como ocurrió en los dos últimos años, ingresado vía Chile. Energía argumentó para explicar las compras de GNL desde Chile que Bolivia presentaba dificultades para cumplir con sus compromisos de venta a la Argentina, que demandó a ese país en el invierno hasta 25 millones de metros cúbicos diarios.

Pasado el invierno, el incremento de la producción propia de gas no convencional en Vaca Muerta y una merma en la demanda interna (industrial y residencial) llevaron a Energía a autorizar exportaciones de gas a Chile, mientras pretende revisar a la baja el contrato vigente con Bolivia.

Las afirmaciones de Lapeña se produjeron durante la presentación de un documento durante un encuentro que contó con la presencia de otros dos ex secretarios de Energía radicales, Emilio Apud y Daniel Montamat (ambos integran hoy el Directorio de YPF), del ex ministro de Economía Jesús Rodríguez, y del ahora diputado radical por Cambiemos, Facundo Suarez Lastra.

Respecto del GNEA cabe señalar que para completar el tendido del caño troncal sólo restaba relicitar, por incumplimiento del adjudicatario original Vertúa, la construcción del primer tramo (100 kilómetros), que conectaba el ducto Juana Azurduy (que trae el gas desde Bolivia) por Salta, hacia Formosa.

Energía había confirmado la realización de la obra, pero en setiembre desistió y los motivos no fueron precisados, lo cual dió lugar a suponer que se debe al recorte de obras públicas en el marco del acuerdo con el FMI. Ahora, se inyecta gas natural desde el tramo sur del ducto, ingresando por Santa Fe hasta Chaco, quedando sin abasto las otras provincias de la región contempladas en el proyecto original.

La visión parcialmente crítica de la gestión de Energía se completó con un reclamo de «modificación» del decreto ómnibus 882/17 enfatizando que «a un año de dictado ha demostrado no ser un instrumento ni eficiente ni eficaz para realizar una reorganización virtuosa del sector eléctrico».

Se trata del decreto que fusionó Enarsa (Energía Argentina S.A.) y Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.) para conformar IEASA, que transfirió a este organismo una serie de obras que estaban a cargo del entonces Ministerio de Energía, como las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (Cóndor Cliff y La Barrancosa), y la concesión para la generación de energía eléctrica, habilitando su posible trasferencia al sector privado.

Al respecto, y consultado por EconoJournal, Lapeña consideró que «obras hidroeléctricas de eta envergadura deberían estar a cargo de una Unidad Ejecutora del tipo Hidronor, aunque tal vez más pequeña», (que gestionó la construcción de El Chocón, Planicie Banderita, Alicurá, Piedra del Aguila y otras sobre el río Limay), cerrada a principios de los noventa.

El mencionado decreto pone también en manos de IEASA la continuación de Central Térmica Río Turbio y los gasoductos Regional Centro II – Esperanza/Rafaela/Sunchales; Sistema Cordillerano/Patagónico; Gasoducto Cordillerano, y del Gasoducto de la Costa.

La misma norma impulsa a que IEASA proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de los activos de las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, y de los activos y derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II.

El decreto 882/17 dispone también que Energía proceda «a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de las participaciones accionarias de titularidad del Estado Nacional en Central Dique, Central Térmica Güemes, Central Puerto, Centrales térmicas Patagónicas, y de la transportadora de energía eléctrica troncal de la Patagonia, Transpa.

Un capítulo especial lo constituyó también la crítica radical al decreto que se reclama «revisar» en lo referido a la habilitación para vender la participación accionaria de la ex ENARSA en CITELEC, accionista en la transportadora Transener.

El listado de activos energéticos cuya enajenación propone el decreto ómnibus comprende además a los derechos que correspondan al Estado Nacional en las centrales de generación Termoeléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado y Guillermo Brown, todas iniciativas heredadas del gobierno anterior.

En otro orden, el documento expuesto por el IAE planteó su «satisfacción» por el «fin a los subsidios a la industria petrolera limitándolos en tiempo sólo al shale gas», y también por «el abandono del sendero de precios del gas natural «, que databa de la gestión de Juan José Aranguren.

«Esto prepara a nuestra industria petrolera para competir en el mundo con exportaciones que tienen que ser compatibles con los precios de cuenca, similares a los que rigen en países con economía gasífera competitiva», enfatizó Lapeña,

La revisión de los precios que habían sido pautados constituye un dato que las petroleras están evaluando para definir sus programas de inversiones para 2019.

De la gestión Iguacel, los energéticos radicales rescatan los anuncios referidos a la prometida puesta en práctica de una «tarifa plana del servicio público de gas natural», y las rebajas del precio del gas para generación eléctrica «que estaba sobrevaluado», afirmó.