El fallido golpe de Estado en Bolivia ejecutado por el jefe de una de las ramas de las fuerzas armadas sigue suscitando múltiples interpretaciones debido a la evidente ausencia de volumen político y social para la consecución de la maniobra. El violento episodio es aún más llamativo si se considera que el gobierno de Luis Arce pocas horas antes había alcanzado un acuerdo con el gremio de camioneros para evitar un bloqueo de rutas en todo el país por la escasez de combustibles. Más allá del mal timing y de la rapidez de las autoridades para desactivar el golpe, lo concreto es que el gobierno encuentra crecientes dificultades para gestionar la economía debido al fuerte declive en la producción y la exportación de gas natural.

Bolivia registró una caída del 50% en los volúmenes de gas exportados entre 2021 y 2023, según datos de la consultora especializada Gas Energy Latin America (GELA). El retroceso en los volúmenes, sumado a la caída de los precios internacionales del gas, impactaron en las reservas del Banco Central. Las exportaciones bolivianas totalizaron US$ 10.797 millones en 2023, un 20,6% menos que el año anterior, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. El Banco Central hoy tiene reservas por debajo de los US$ 1700 millones, el nivel más bajo en 17 años.

Por el declive en la producción de gas, el año pasado el gobierno boliviano comenzó a considerar la apertura de su infraestructura de gasoductos para transportar el gas desde Vaca Muerta al Brasil. «Uno de los mayores problemas de Vaca Muerta es el transporte y Bolivia tiene una de las llaves para la solución«, dijo el presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB, Armin Dorgathen.

Desde el gobierno de Lula da Silva y de la petrolera brasileña Petrobras dieron señales a favor a esa opción. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y el director de Transición Energética y Sostenibilidad de Petrobras, Mauricio Tolmasquim, consideraron que el aprovechamiento de la capacidad ociosa en el gasoducto Gasbol tiene ventajas tanto para Brasil como para Bolivia.

Declive e interna oficialista

Lo cierto es que Bolivia no ha encontrado la manera de frenar la velocidad del declino de la producción de gas, que pasó de 56,6 MMm3/d en 2016 a 31,9 MMm3/d en 2023. La falta de resultados en la política energética debilitó al Movimiento al Socialismo (MÁS), el partido gobernante, que finalmente detonó el pasado septiembre con la ruptura entre el presidente Arce y el ex presidente Evo Morales, que anunció que será candidato en las elecciones presidenciales del próximo año.

El presidente señaló que el problema comenzó en 2016, cuando comenzaron a agotarse los campos de gas y petróleo y no se impulsó la perforación de pozos exploratorios. “Este tema correspondía al Ministerio de Hidrocarburos, no de Economía, y por supuesto a quien estaba a cargo del gobierno; hay que aclarar porque ya sabemos lo que nos dicen”, dijo Arce refiriéndose a Morales. Arce fue el ministro de Economía de Bolivia entre 2006 y 2017.

YPFB en 2021 lanzó el Plan de Reactivación del Upstream (PRU) con el objetivo de realizar inversiones en la exploración y explotación de gas y petróleo. El plan contempla actualmente 42 proyectos exploratorios en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Pando. La inversión prevista asciende a US$ 1.410 millones, de los cuales el 66% corresponde a la inversión de riesgo a cargo de YPFB, el 19% aportado por las operadoras y un 15% corresponde a las subsidiarias.

Arce espera lograr avances en un memorándum con Brasil para un plan de exploración y producción durante una visita de Lula en Bolivia pautada para el nueve de julio.

Escasez de combustibles

La política energética tampoco encuentra una salida a la problemática de los combustibles. A las dificultades para importar y abastecer la demanda interna de combustibles por la falta de dólares se suma el atraso en los precios de las naftas y del gasoil, que están prácticamente congelados desde el 2005. El gobierno destina entre 1500 y 2000 millones de dólares por año en subsidios a los combustibles.

Pese a que Arce ratificó en enero que no eliminarán los subsidios, lo concreto es que el gobierno proyectó una baja en los recursos fiscales destinados a ese fin: pasarán de 12.678 millones de pesos bolivianos (US$ 1834 millones) en 2023 a 9803 millones en 2024 (US$ 1418 millones).

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, garantizó la continuidad del subsidio. “Si dejáramos la subvención, costaría el doble de lo que cuesta. Eso lo van a pagar las familias”, explicó. Pero el costo fiscal ya absorbe gran parte de los ingresos generados en concepto de renta petrolera. La renta petrolera de 2023 fue de aproximadamente US$ 2000 millones, muy por debajo de los 3.000 millones del año anterior.

Militarización

El atraso en los precios también genera un incentivo al contrabando de combustibles a los países vecinos. Arce ordenó a principios de junio la militarización del sistema de provisión de combustibles. «Lo que dijo Lucho (Arce) que vamos a controlar las estaciones de servicio con militares es el inicio de la militarización de Bolivia, que sepa el pueblo boliviano», disparó Morales.

La recurrente falta de gasoil en las estaciones lleva más de un año y ha generado más de una protesta del gremio de camioneros. Apenas unas horas antes del golpe, el gobierno logró que los camioneros desistieran de lanzar bloqueos en las rutas nacionales por tiempo indefinido. El gobierno acordó abordar los pedidos referidos a la falta de dólares y escasez de combustibles.

Mientras tanto, YPFB comenzó a importar crudo proveniente de Vaca Muerta a través de Chile. El movimiento es parte de una estrategia para importar menos combustibles. Dorgathen afirmó que la operación por los ocho cargamentos implicará «un ahorro para el Estado porque gastaremos US$240 millones menos en la importación de combustibles y le permitirá a YPFB refinar una mayor producción de diesel, gasolina, GLP y otros subproductos».

Un golpe sin respaldo

En este delicado contexto económico e institucional, el ahora ex comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró un asalto al Palacio de Gobierno y amenazó con “cambiar el gabinete de Gobierno” después de que el martes en la noche corrieran varios rumores sobre su destitución. Pero sin respaldo alguno por fuera de las unidades que lo acompañaban fue arrestado y cesado del cargo. El presidente Arce también relevó a los comandantes del Alto Mando Militar para neutralizar cualquier intento de golpe de Estado.

Los rumores sobre su posible destitución comenzaron a circular tras declarar en una entrevista televisiva que “arrestaría” al ex presidente Morales si intentaba postularse como candidato presidencial, que en su opinión no está habilitado para ser de nuevo presidente de Bolivia.

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el intento de golpe. «La Secretaría General de la OEA condena de la forma mas enérgica estas acciones del Ejército boliviano, el mismo deberá someterse a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana», dijo el secretario general, Luis Almagro.