Pese a la manifiesta negativa del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el Gobierno repuso los beneficios fiscales y aduaneros para petroleras con proyectos en Tierra del Fuego. A través del Decreto 1049 firmado por el presidente Mauricio Macri, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto el Decreto 751/2012, que en mayo de ese año había excluido a la extracción hidrocarburífera del régimen de promoción fueguino establecido por la Ley 19.640.

La alternativa de reinstalar las exenciones impositivas previstas en esa norma se discute desde hace al menos dos meses en el seno del gobierno. EconoJournal dio cuenta de ese debate a mediados de octubre.

La decisión de Mauricio Macri dividió aguas en la primera plana de la administración Cambiemos: el ministro Dujovne y el ahora asesor presidencial Gustavo Lopetegui se oponían a otorgarles nuevamente los beneficios económicos previstos en la Ley 19.640 a las petroleras que operan en la isla. YPF, la empresa que preside Miguel Gutiérrez, avalaba también ese posicionamiento. El secretario de Energía, Javier Iguacel, se encuentra de viaje por EE.UU. en una gira con empresarios locales y norteamericanos para incentivar la llegada de nuevos inversores a Vaca Muerta. Cerca del funcionario se habían manifestado en contra de otorgar nuevos ventajas impositivas a las empresas petroleras.

Del otro lado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, defendía la medida en post de llegar a un entendimiento político de la gobernadora Rosana Bertone para terminar de asegurar la aprobación del Presupuesto 2019.

Por razones obvias, las empresas productoras con proyectos en la provincia —la francesa Total, la alemana Wintershall, Pan American Energy (PAE) y Roch— solicitaban desde hace tiempo la desgravación para re-competitivizar las inversiones petroleras en Tierra del Fuego, que en los últimos tiempo perdieron terreno con relación a las de Vaca Muerta en Neuquén. A ese grupo del Sí se le sumó la empresa Mirgor, uno de los dos grandes fabricantes de electrónica en la isla, que es controlada por la familia Caputo, que quiere diversificar su negocio hacia la petroquímica. La eliminación del Decreto 751/2012, firmado por Cristina Kirchner, era un paso clave en esa dirección.

Precisiones

“Exceptúanse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º del Decreto Nº 751 del 15 de mayo de 2012 y su modificatorio, a las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo que se detallan en el Anexo a esa norma, vinculadas con nuevos emprendimientos hidrocarburíferos”, establece el Decreto 1049, un breve texto de apenas cuatro artículos.

La Secretaría de Energía deberá especificar ahora el alcance de la expresión “nuevos emprendimientos hidrocarburíferos a los fines de la aplicación del artículo anterior”. Sorprende la vaguedad del concepto y que los técnicos del Ejecutivo no delimitaran el texto con mayor precisión. Lo que se desprende del texto es que el Decreto no será aplicable a los proyectos que ya están en producción. Podría regir, en todo caso, para ampliaciones o nuevas inversiones.

Desde Hacienda se resistían a la reposición de los prerrogativas de la Ley 19.640 para las extracción de petróleo y gas. La norma beneficia a las petroleras con la exención del Impuesto a las Ganancias y otros tributos. Allegados a Dujovne habían indicado que, en caso de querer incentivar la actividad hidrocarburífera, existían mejores instrumentos como la baja de las regalías que percibe el Estado nacional por el petróleo y gas que se produce en campos offshore (están en jurisdicción federal). “En pleno ajuste fiscal con el objetivo de lograr el déficit cero, no es una buena señal bajar impuestos a proyectos petroleros de una provincia en especial”, advertían.

La producción de gas en Tierra del Fuego se vio afectada por la baja de los precios del gas en boca de pozo. Por estar alejada de los grandes centros de consumo, el gas de la isla es el más barato del país porque tiene que compensar vía precios el mayor costo de transporte para traer el fluido hasta la provincia de Buenos Aires. Esta medida podría mejorar la competitividad de nuevos proyectos como Fénix, una inversión millonaria que tiene en carpeta el consorcio liderado por Total, que se encuentra demorado por la falta de condiciones económicas para llevarlo adelante.