Un conflicto gremial preocupa a los directivos de YPF. La petrolera tiene abierta una disputa que se expandió y afectó su actividad en Neuquén, Chubut y Santa Cruz, los tres mayores distritos hidrocarburíferos del país, por el virtual quebranto de una de sus principales contratistas. Se trata de la compañía Servicios Petroleros Argentina (SP), la tercera empresa de equipos torre del parque local, que lleva adelante un agresivo plan de ajuste que incluye el despido de cerca de 500 trabajadores. A muchos de ellos se negó a abonarles la indemnización correspondiente, lo que derivó la semana pasada en un conflicto gremial de magnitudes en Chubut, donde ex operarios de SP tomaron la playa de tanques de la petrolera bajo control estatal en Comodoro Rivadavia y afectaron el abastecimiento de las más de 50 estaciones de servicio que tiene en la región.

La crisis de SP es el emergente de un complejo entramado societario que motivó el retiro a mediados del año pasado de su principal accionista, el empresario venezolano Miguel Mendoza, que cedió su participación a su coterráneo Juan Carlos Álvarez y posteriormente a la consultora Integra Fides, de empresarios nacionales con un polémico pasado durante la gestión menemista.

Uno de los socios de Integra Fides es Hernán Pflaum, que en 2016 fue condenado a tres años de prisión en suspenso como partícipe de los delitos cometidos por María Julia Alsogaray, culpable según la Justicia de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Pflaum, ex directivo de la consultora KPMG,  se acogió a un régimen de tareas comunitarias para no ir a prisión. Hoy conduce SP Argentina junto con Claudio Boueke. “Desde enero están cumpliendo las típicas funciones de conducción y manejo de una organización. Concurren diariamente a la sede de SP, imparten órdenes e instrucciones al equipo gerencial y están definiendo la estrategia de negocios”, comentó a EconoJournal un ejecutivo del sector que está al tanto de los últimos cambios en el management de la firma.

En mayo del año pasado, Mendoza recaudó US$ 200 millones por la venta de Edes y Eden, dos distribuidoras eléctricas del interior de Buenos Aires, al empresario Rogelio Pagano (también fue titular de Edelap).

Allegados a SP sostienen que desde fines del año pasado el empresario venezolano no tiene relación con la empresa. Otras fuentes del sector petrolero alegan, en cambio, que su ascendencia sobre el Directorio sigue vigente.

La dupla Pflaum y Boueke habría adquirido un porcentaje de la participación de Álvarez, hoy principal accionista de SP y a su vez director presidente de la firma, y de Ricardo Sionti, otro accionista de nacionalidad venezolana con domicilio en el exterior. Este medio intentó comunicarse con Pflaum para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta.

Los representantes de Integra Fides manejan distintas líneas de acción. En el frente judicial, evalúan lanzar una convocatoria de acreedores para contener la delicada situación económico-financiera de la compañía. En el comercial, su apuesta es encontrar un comprador interesado en quedarse con la empresa. En el sector entienden que ese es su rol principal: llevar adelante un plan de ajuste de la empresa para luego ponerla en valor con una venta.

SP es la tercera compañía de equipos torre del mercado local, detrás de San Antonio y DLS. Cuenta, en total, con una flota de más de 30 unidades de perforación, puling y workover. A diciembre sólo contaba con uno de los seis equipos de drilling y una decena de workover en operación, que a partir del conflicto con YPF fueron dejados mayormente en stand-by.

“Por la falta de caja, SP no puede despedir a los más de 500 empleados que planea desvincular”, confiaron allegados a la firma. Durante la gestión del grupo Eskenazi al frente de YPF, en 2010, la petrolera otorgó un préstamo a SP de US$ 2,6 millones para cubrir problemas financieros de la contratista. SP nunca devolvió ni un centavo de ese crédito.

A los operarios despedidos de Chubut y Neuquén de la semana pasada no les abonó indemnización alguna, trasladándole la responsabilidad a YPF, que debió salir a negociar directamente con los operarios afectados para evitar que la espiralización del conflicto complique seriamente su operatoria comercial en la Patagonia.