Detrás del nuevo sistema de segmentación, lo que hay es una ambiciosa reformulación del esquema de asignación de subsidios al gas y electricidad. Los millones usuarios que quieran seguir recibiendo la subvención deberán inscribirse en un registro que estará activo esta semana. Todas las personas que no se anoten comenzarán a recibir facturas con un aumento del 65% en agosto. ¿Qué pasará si la mayoría de la población no se inscribe y empieza a recibir indebidamente facturas con aumentos en los próximos meses?
Según revelaron fuentes oficiales a EconoJournal, algunos funcionarios temen que si no se realiza una segunda audiencia el incremento termine siendo objetado en la justicia. Eso es porque en las otras dos ocasiones que este gobierno subió la tarifa del gas realizó dos audiencias: una para analizar el precio del gas en boca de pozo y otra para ajustar las tarifas de transporte y distribución.
Pese a la resistencia del cristinismo, el gobierno avanza con el nuevo ajuste negociado con el FMI. Para el 90% de la población este ajuste adicional será de hasta 21,5 en gas y 17% en luz y no podrá superar el 42,72% a lo largo de todo el año.
La contracara del abaratamiento de las tarifas fue el crecimiento de los subsidios y del déficit de la balanza energética, situación que se agudizó todavía más en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Especialistas advierten que el abaratamiento de las tarifas no solo es un problema por el impacto fiscal sino también por su efecto distributivo, ya que los subsidios generalizados al consumo energético terminan siendo profundamente regresivos al beneficiar a sectores que no necesitan de la ayuda del Estado.
El gobierno extendió hasta julio el subsidio económico transitorio para las empresas subdistribuidoras de gas. Representa el 25% de su facturación y el Estado destinará $ 800 millones. Este segmento de subdistribuidores fue perjudicado en las últimas recomposiciones tarifarias.
El organismo regulador que conduce el interventor Federico Bernal reiteró que el aumento de la factura de gas será del 20% para los hogares, pero informó que el 35% de los usuarios residenciales pagarán menos que el año pasado debido a la ley de Ampliación de las Zonas Frías. La decisión redundará en una suba de los subsidios que recibe el sector gasífero.
El equipo técnico del FMI emitió un comunicado minutos después de los anuncios del gobierno sobre el acuerdo en la reestructuración de la deuda. Según el organismo, el entendimiento con la Argentina implica una “estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva” para controlar el gasto público.
Después de mantenerles las tarifas congeladas en 2020 y 2021, el interventor del Enargas está dispuesto a aumentar un 55% el margen de transporte que cobran TGN y TGS. El funcionario quiere cerrar la negociación con las empresas gasíferas antes de que termine diciembre, con la intención de convocar a una audiencia pública para la segunda quincena de enero.
Justo cuando una delegación argentina negocia en Washington con el FMI, el interventor del Enargas abrió ayer la negociación tarifaria con las distribuidoras de gas. Ofreció una recomposición del margen de distribución de las empresas cercano al 30% en 2022, lo que implicará una suba final del 10 para hogares y comercios. Pero a esa cifra habrá que sumarle el impacto por el incremento del precio del gas a fin de contener la expansión de subsidios. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía no participaron de la propuesta.
Lo hizo a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. Se trata de auxilio económico transitorio para empresas subdistribuidoras, un segmento que llega casi exclusivamente a usuarios residenciales y quedaron al margen del cuadro tarifario de mitad de año aprobado por el gobierno.
