El gobierno oficializó este jueves el Decreto 332 que puso en marcha un esquema de segmentación de las tarifas a fin de intentar contener la expansión de los subsidios energéticos, que este año superarán los US$ 15.000 millones. La norma implicará, en la práctica, que un porcentaje de los usuarios residenciales empezará a recibir a partir de mediados de agosto —cuando se liquiden los consumos de gas y electricidad durante junio y julio— facturas con aumentos de hasta un 65% con relación al mismo período del año pasado.

EconoJournal consultó a fuentes del Ministerio de Economía para despejar algunas de las dudas que se generaron a partir del lanzamiento de la iniciativa. Leída en términos técnicos y políticos, la medida es una de las apuestas más jugadas y ambiciosas del ministro de Economía, Martín Guzmán, que a partir de su resultado podría marcar su fortalecimiento dentro del Frente de Todos o su declive.   

A continuación, los desafíos y los riesgos que enfrentará la segmentación tarifaria.

¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios con mayor poder adquisitivo?

Esta semana se presentará la página Web a la que deberán ingresar todas las personas que quieran seguir recibiendo subsidios del Estado en las facturas de gas y electricidad. En este punto, en Economía son taxativos: aquellos usuarios que no se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado por el Decreto 332, dejarán de percibir una subvención del Estado y pasarán a pagar la tarifa plena. ¿Cuándo? Inmediatamente.

Todos los usuarios que no se inscriban en esa plataforma comenzarán a recibir facturas con un aumento del 65% con relación a la tarifas actuales.

No obstante, la nueva regulación dispuso que la quita de subsidios sea gradual. Eso significa que cada bimestre se recortará un tercio del total de subsidios que recibe un usuario. Es decir, los hogares de altos ingresos recién pagarán la tarifa plena a fines de 2022. En ese punto, el aumento llegaría al 200% con relación a la factura del mismo mes del año pasado. Eso porque los subsidios representan cerca de un 70% del costo de la electricidad y del gas natural en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A grandes rasgos, la factura que paga el usuario debería multiplicarse por tres para eliminar todas las subvenciones. Sobre esa base, las facturas de agosto —ya con un recorte de un tercio del subsidio total— podrían aumentar un 65% en comparación con el mismo período de 2021.  

Un caso en concreto para graficar el funcionamiento de la norma. Para calcular los números se asume como supuesto que la demanda de energía del hogar en cuestión se mantiene invariante y no varía por temperatura. En ese caso, si un cliente residencial de Edenor pagó en junio $ 2000 por el bimestre abril-mayo, en agosto —cuando deba cancelar la factura por la energía consumida en junio y julio— abonará 3500 pesos, dos meses más tarde, $ 5000; y recién en diciembre pagará 6500 pesos, que es la tarifa plena sin ningún tipo de subsidios. Por eso, en Economía aseguran que para el 60% o 70% de los usuarios, el impacto en la factura final será de 1000 o 1500 pesos por bimestre.  

El formulario que deberán completar las personas que se anoten en el RASE ya está definido. Operará sobre la mismo plataforma informática que utilizó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el peor momento de la pandemia. Tendrá el valor de una Declaración Jurada, por lo que en la práctica, si un usuario completa en el formulario y expresa que quiere seguir recibiendo subsidios, en un primer momento no verá cambios en su factura. En los próximos meses, el Ministerio de Economía con soporte del Sintys, la dirección nacional que coordina el cruce de información pública entre diferentes organismos del Estado, se dedicará a verificar si los datos aportados por los usuarios son ciertos o no. Si se confirma la veracidad, el hogar seguirá percibiendo subsidios. Pero si salta alguna inconsistencia y se comprueba que el usuario falseó información, se le refacturará retroactivamente con la tarifa plena.  

Cambio de paradigma: constituir un hogar y empezar a subsidiar a la demanda

Mediante la creación de un registro de usuarios, el gobierno admite una debilidad: por imposibilidades legales ligadas al secreto fiscal y como resultado de los a esta altura crónicos problemas de articulación entre albertistas y cristinistas, no se logró conformar una base de datos en la que figuren las personas que perderán los subsidios. Por eso, ahora Economía apunta ahora a armar una base desde cero.

La apuesta de fondo es detectar, de manera progresiva, cómo están integrados los hogares detrás de cada usuario de gas y electricidad y determinar qué poder adquisitivo poseen. Si la herramienta funciona, con el tiempo se podrá subvencionar a la demanda discriminando perfiles en lugar de subsidiar de forma general a la oferta.

En concreto, el objetivo parece sencillo. Pero en el andar se convertirá en un campo minado de altísimo riesgo político para el gobierno. Si quiere salir airoso deberá transmitir con una excelente gestión técnica porque un error o una mala ejecución puede terminar provocando la caída de todo el esquema.

Del Decreto 332 surge que la meta será categorizar a los usuarios en tres tipos de niveles: altos ingresos (nivel 1), sectores populares con tarifa social (2) y clase media (3).

• Los de nivel 1 son los de mayores ingresos que perderán todo el subsidio. Son las usuarios que tengan ingresos mensuales netos superiores a un valor equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), es decir,333.410 pesos; sean titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; posean tres o más inmuebles, aeronaves o embarcaciones de lujo, según la tipología aplicable por AFIP; sean titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

• Los hogares del segundo nivel abarcan a la población de «menores ingresos», la cual tendrá un tope tarifario equivalente al 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Incluye a quienes declaren ingresos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo 2, según el Indec; personas que reciban alguna ayuda social del Estado y familias en las que al menos algún integrante del hogar cuente con un Certificado de Vivienda (ReNaBaP); aquellos que puedan acreditar un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM; hogares donde al menos un integrante posea certificado de discapacidad y, considerando a los integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a 1,5 Canastas Básicas Totales para un hogar 2 según el Indec.

• Por último, los usuarios de Nivel 3 representa a la población de «ingresos medios», la cual tendrá un tope tarifario equivalente al 80 por ciento del CVS del año anterior. Los integrantes de este grupo deberán ser propietarios de dos o más inmuebles, considerando a los integrantes del hogar en conjunto o poseedores de un vehículo de hasta tres años de antigüedad, a excepción de los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Sólo se podrá recibir subsidios en un inmueble

La Subsecretaría de Planeamiento Energético estimó que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) existen 921.778 titulares de la energía eléctrica que dejarán de recibir subsidios. En el caso del gas natural, son unos 760.000. En Economía confían en que esa cantidad de personas —todas con el alto poder adquisitivo— no se inscribirán en el nuevo registro de usuarios por lo que inmediatamente perderán la bonificación en el próximo período de facturación. A su vez, en la parte baja de la pirámide, los colabores de Guzmán indican que no habrá demasiados problemas en identificar a los beneficiarios de algún programa social (AUH, Potenciar Trabajo, etc). Lo complejo, reconocen, será conformar el universo de clase media (nivel 3) que seguirán recibiendo un subsidio del 70% en las facturas.

Algo está claro: si una misma persona es titular de dos servicios en inmuebles distintos, deberá optar por seguir recibiendo subsidios en uno, que pasará a ser el principal. El segundo pasará a pagar la tarifa plena. No es un asunto menor: la base de datos de las distribuidoras de gas y electricidad está totalmente desactualizada. Hay personas que tienen a su nombre hasta 3 o 4 inmuebles, pese a que ya no tienen una relación patrimonial ni de uso con esos activos. Fueron titulares en el pasado y arrastran esa condición desde entonces.

¿Qué pasará con los inquilinos?

La creación del RASE se explica, en buena medida, para resolver la situación de los inquilinos. Quienes alquilen una vivienda deberán llenar el formulario que presentará en los próximos días y explicitar que son titulares del servicio completando el número de medidor respectivo. Es importante realizar el trámite, porque si el servicio está a nombre del dueño se presupone que éste optará por mantener —en caso de que le correspondan— los subsidios en el domicilio principal y no en el que posee en alquiler. Por ese motivo, es altamente probable que los inquilinos que no inscriban en el registro pierdan los subsidios en forma inmediata.

El temido efecto Puerta 12 que podría registrarse en agosto y septiembre cuando empiecen a llegar las nuevas facturas.

Tal vez con un exceso de optimismo, en Economía esperan una oleada masiva de inscripciones en el RASE para las próximas semanas. Estiman que la mayoría de los usuarios se anotará en el registro una vez que entre en funcionamiento. Como antecedente, citan lo que sucedió con el primer IFE, que en 2020 contó con una inscripción de 12 millones de personas apenas unos días después de abierta la convocatoria.

Sin indagar demasiado, la diferencia entre una iniciativa y otra salta es evidente. El IFE ofreció como gratificación inmediata un ingreso de dinero justo cuando la cuarentena impedía trabajar a millones de personas. En cambio, el gancho para inscribirse en el RASE es indirecto: el beneficio, en todo caso, es evitar un castigo (el aumento de las tarifas).

Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda afirmaron que confían en la eficacia de la campaña de comunicación que se lanzará en breve. El problema para la Casa Rosada ocurrirá si esa asunción no se confirma.

El peor escenario para el gobierno tendrá lugar si la inscripción al registro es baja y mucha gente no completa el formulario durante lo que resta de junio y en julio. Se estima que los hogares del Nivel 3 (clase media) ascienden a unos 6 millones en el caso del gas natural y unos 8 millones si se miden los usuarios de energía eléctrica. En un contexto hipotético, si la inscripción es baja las distribuidoras terminarían facturándole la tarifa plena a usuarios que en realidad pertenecerían al segmento medio, que en rigor deberían seguir percibiendo los subsidios. Esas boletas con números defectuosos comenzarían a arribar en agosto y en septiembre.  

De nuevo: si la anotación en el RASE es lenta, el margen de error del esquema podría ser alto. Y millones de usuarios —no sólo el 10% del universo de altos ingresos— tendría que empezar a pagar el precio real del gas y la electricidad. Es difícil saber cómo podría impactar en el plano político y judicial una falla masiva de ese tipo. Por eso es clave, a los fines de que el sistema de segmentación funcione, que la tasa de inscripción en el registro sea muy alta.

Aún así, en Economía relativizan una eventual complejidad si la gente tarda en anotarse. “Creemos que la mayoría de las personas se van a anotar. La mayoría de los usuarios de electricidad de Edenor y Edesur que no lo hagan recibirán un aumento en su factura de 1000 o 1500 pesos en el bimestre. Y en ese punto, podrán inscribirse en el RASE y solicitar una recategorización”, explicó una de las fuentes consultadas.

La lupa sobre los hogares monoconstituidos

Economía prestará especial atención a los hogares monoconstituidos, es decir, a los usuarios que declaren vivir solos en un inmueble. En esos casos, el Estado cruzarán otras variables como nivel de consumo, situación patrimonial del titular y tamaño del inmueble, entre otros datos, a fin de evaluar si la información suministrada es fidedigna o no.

¿Cuál es la sospecha lógica que se disparará en esos casos? Que el titular del servicio de ese hogar sub-informó adrede la cantidad de habitantes reales de la vivienda para ocultar a integrantes con un mayor poder adquisitivo. El Decreto establece que el ingreso por hogar, sumando la remuneración neta de los habitantes de la casa, no puede superar en conjunto los 333.410 pesos mensuales (3,5 canastas básicas totales). Si el ingreso colectivo es mayor que esa cifra, el usuario perderá los subsidios.

Lo que temen en Economía es que personas que quieran evitar el salto en las tarifas designen como titular a una persona que individualmente no perciba ese valor y omitan al resto de los integrantes reales del hogar para que el Estado no tenga información para definir la situación socioeconómica de la vivienda. “Vamos a prestar atención sobre los hogares monoconstituidos para buscar eventuales inconsistencias en las declaraciones juradas”, explicaron en un despacho oficial.

La inscripción en el RASE será dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que los usuarios deberán ir informando a medida que registren un cambio cuantitativo de sus ingresos. “Si, por ejemplo, un trabajador pierde su empleo deberá inscribirse en el registro para informar esa situación”, razonaron en Economía.

Queda sin responder qué sucederá con personas monotributistas o autónomas con ingresos diversos durante el año por cuestiones estacionales. “Si un monotributista trabaja en la temporada turística durante los seis meses que van de octubre a marzo y durante ese período supera el límite de 331.400 pesos, pero durante el resto del año sus ingresos son inferiores, cómo estará categorizado”, planteó el gerente comercial de una distribuidora. “¿Será nivel 1 o nivel 3?”, se interrogó.

Por ahora, escasa articulación con las empresas

En Economía afirmaron que el trabajo de articular con las distribuidoras de gas y electricidad recaerá sobre los entes reguladores, que estás en cabeza de Soledad Manin (Enre) y Federico Bernal (Enargas), dos funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que desde el inicio se opuso a la segmentación de tarifas que impulsó Guzmán.

Bernal accedió en los últimos dos meses a trabajar con mayor apertura con los funcionarios de Economía, mientras que con Manín, que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, la relación es más precaria. ¿Accederán los funcionarios cristinistas a implementar un plan tarifario en el que no creen? ¿O arrastrarán lo pies para que la ejecución de la iniciativa se ralentice? La respuesta se conocerá en las próximas semanas.