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ESCRITO PRESENTADO POR FERNANDO GRAY
Reclaman que la audiencia pública del gas tenga carácter presencial
Vie 22
diciembre 2023
22 diciembre 2023
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, exigió que la audiencia pública sobre la actualización de las tarifas de gas fijada por el Enargas para el 8 de enero se lleve a cabo de manera presencial. El jefe comunal aseveró que la virtualidad no garantiza la concurrencia y el debate en el proceso y que es necesario que los vecinos puedan participar sin necesidad de contar con las herramientas tecnológicas requeridas.
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El gobierno de Javier Milei avanza para implementar su política de quita de subsidios energéticos, que consideran como un paso clave para alcanzar la meta de reducción del déficit. Frente a esto, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó -a través de la Resolución 704/2023- a una audiencia pública virtual para el 8 de enero, a fin de aumentar las tarifas a los usuarios residenciales en el servicio de gas natural. En ese marco, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un pedido ante el ente para que la instancia pública se lleve adelante en formato presencial.

En el escrito presentado, el jefe comunal argumentó que al realizar la audiencia de forma presencial “los vecinos que quieran participar lo podrán hacer sin necesidad de contar con las herramientas tecnológicas requeridas”. Y aseveró que “la convocatoria a una audiencia pública exclusivamente en formato virtual impide a la comunidad participar debidamente, ya que no garantiza la concurrencia y el debate que amerita un proceso que repercutirá en todos los hogares argentinos”.

Sobre esto destacó que, según el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en la actualidad más de cinco millones de hogares no cuentan con acceso a internet domiciliario, lo que representa un 38% de la sociedad. 

Información

A su vez, el recurso planteado por el intendente señala que la convocatoria no incluye la información necesaria para efectuar un análisis previo de los temas a tratar, lo que imposibilita el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de los usuarios y consumidores.

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