La Auditoría General de la Nación aprobó el jueves de la semana pasada un informe sobre la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Edesur y Edenor que generó polémica al interior del organismo.
Los cuatro auditores que responden al oficialismo (María Graciela De la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Francisco Javier Fernández) aprobaron el estudio donde se concluye que el gobierno de Mauricio Macri “benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales”. Sin embargo, los tres representantes de la oposición (Miguel Ángel Pichetto, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez) se manifestaron en contra del informe al objetar el procedimiento y sus conclusiones.
La AGN precisó en el informe de auditoría que los costos que avaló el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fueron un 54 por ciento superiores a los reales en Edenor y 61 por ciento mayores en Edesur, lo que derivó en ingresos adicionales para esas empresas equivalentes a 2193,9 millones y 2027,21 millones de pesos, respectivamente.
El informe, según el informe de prensa que distribuyó la AGN, sostiene también que los derechos de los usuarios no fueron atendidos de manera prioritaria por el ENRE ya que el monto y la temporalidad de los incrementos tarifarios, que llegaron al 2300% entre 2016 y 2018, se contraponen con la exigencia de metas de reducción de cortes de suministro eléctrico.
De hecho, se afirma que la fórmula para determinar las bonificaciones que debían otorgarse a los usuarios por cortes de suministro los perjudicaron con respecto a la situación previa y se remarca además que se detectaron desvíos de los planes de inversión comprometidos por parte de las distribuidoras, lo que llevó a que en los dos primeros años del quinquenio persistan esos cortes.
En respuesta al informe, el día de la votación en la AGN Pichetto aseguró que “tenemos una cultura en la Argentina de que todo lo que hizo el gobierno anterior está horrible, está mal. Podemos decir que el gobierno anterior tuvo una aceleración en el marco del ajuste tarifario; también sostuvo una política de tarifa social realmente importante y elevada. Pero inevitablemente la Argentina en algún momento tiene que ser gobernada con orden fiscal, en algún momento tenemos que eliminar la política de subsidios, dejarla únicamente para sectores de exclusión social que requieren del apoyo del Estado y que tienen que ser minoritarios, y tener una visión de un capitalismo medianamente razonable para poder salir adelante y generar empleo”.
Al ser consultado luego por EconoJournal, Pichetto insistió con que lo importante es tratar de “resolver la actualización de tarifas” y agregó que “las críticas del informe fueron para tratar de dañar la figura de Macri”.
La hoja de ruta del informe
El análisis de la RTI que llevó adelante el ENRE estaba previsto inicialmente que comience el 1 de enero de 2018 y concluya el 30 de noviembre de ese mismo año, pero la auditoria comenzó recién el 18 de mayo de 2018 y el primer borrador estuvo listo en agosto del año pasado, ya durante el gobierno de Alberto Fernández.
Luego de la presentación de ese borrador inicial, la gerencia de entes reguladores de la AGN, que responde al oficialismo, decidió reemplazar al supervisor y al jefe de equipo que habían estado a cargo de la ejecución del proyecto y de las respectivas tareas de campo. En febrero de este año, la misma gerencia presentó un informe con cambios sustanciales respecto del trabajo inicial.
La subgerencia de control de entes reguladores, controlada por los auditores designados por la oposición, aseguró que las modificaciones introducidas guardaban estrecha relación con “comentarios” específicos realizados por los asesores del auditor Juan Ignacio Forlón, en particular los relacionados con los temas: VNR, rentabilidad de las empresas y Costos de Explotación, entre los más destacados“. Y en una reunión de asesores de los auditores, realizada el 29 de abril de este año, los hombres que responden a Pichetto, Nieva y Rodríguez también dejaron expresada su disidencia con esos cambios.
Finalmente, en mayo de este año se le dio vista del trabajo al ENRE y a la Secretaría de Energía y en julio, luego del análisis de los descargos de ambos organismos, se concluyó el estudio aprobado la semana pasada.
Objeciones de la subgerencia de entes reguladores
La subgerencia de control de entes reguladores manifestó diferencias con el procedimiento y con las conclusiones del informe final. Primero lo hizo Juan Carlos Salerni, que respondía a Miguel Angel Pichetto, y luego su sucesor Leandro Massaccesi.
“Es dable destacar que habitualmente, de acuerdo a los procesos administrativos internos, son las áreas técnicas de los organismos auditados las que, de acuerdo a su temática, realizan la evaluación y respuesta a los hallazgos realizados por la AGN, este aspecto no se distingue en esta oportunidad”, aseguró la subgerencia.
Esa misma dependencia también cuestionó que se le haya dado vista del informe de auditoría a la Secretaría de Energía para fundamentar parte de las afirmaciones, ya que la secretaría no fue objeto de la auditoría ni se le requirió información.
Por último, la subgerencia recordó que suele ser el organismo auditado el encargado de ejercer su descargo. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta formal a los hallazgos encontrados en el informe no provino de quienes llevaron adelante la RTI en el ENRE sino de la intervención que se hizo cargo del organismo regulador luego del cambio de gobierno. “La falta de oportunidad del envió en vista al auditado, en virtud del extenso plazo transcurrido desde el inicio de las tareas de campo (mayo/2018), repercute directamente en el presente descargo”, agregó la subgerencia.
El voto disidente de Pichetto
El auditor Miguel Angel Pichetto hizo propios los cuestionamientos de la subgerencia y el día de la aprobación del informe votó de modo negativo y pidió que se inserten los fundamentos de su voto en el apéndice del informe. Allí cuestiona el procedimiento al haberle dado vista del informe a la secretaría de Energía y también le apunta al contenido del informe, fundamentalmente cuando se le atribuye al ENRE no haber evaluado el impacto del incremento tarifario en base a los principios de justicia y razonabilidad de las tarifas (establecidos en el artículo 40 de la Ley 24.065).
“Es la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaria de Energía, quien implementa la política tarifaria y a quien corresponde contemplar el impacto en la tarifa final (que incluye las tarifas de transporte y distribución, más el precio estacional de la energía) en el ingreso de las familias, la competitividad de la economía, entre otras cuestiones, función que no corresponde al auditado en la instancia de revisión tarifaria, tal como se afirma en el informe. Del mismo modo, se atribuye al ENRE la evaluación del impacto de las tarifas en el proceso de renegociación, conforme a los criterios fijados por el art. 9 de la Ley N° 25561 de Emergencia Económica, función atribuida al Poder Ejecutivo Nacional por dicha ley”, remarca Pichetto en la fundamentación de su voto negativo.
Por último, Pichetto cuestiona que el informe analice la tarifa final y no las tarifas de las distribuidoras, que son las reguladas por el ENRE: “Finalmente -aunque el objeto principal de la auditoría fue verificar en el ámbito del ENRE la revisión de las tarifas de las distribuidoras- se concluye en un análisis de la tarifa final, la cual no sólo está impactada por el componente del costo de distribución de energía eléctrica, sino además por el costo de generación y transporte de la misma”, agregó en su voto.
Un comentario
¿Que es esto de «pegarle al gobierno anterior» expresado por el impresentable de pichetto? ¿ lo le alcanza lo que cobra con la changa que le dieron, aun quema o tiñe?
Las cosas malas no son a medias o son incorrectas o no lo son. ¿Cuatro a tres? Bueno la democracia es eso se vota y listo.