Después de un día que tuvo, como mínimo, versiones opuestas difundidas por el propio gobierno y desmentidas de altos funcionarios sobre la expulsión o no del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, referenciado con la vicepresidenta Cristina Fernández y enfrentado al ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la política de subsidios energéticos, el gobierno definió a última hora de ayer un incremento de las tarifas.
En los hechos, el gobierno autorizó un aumento del 9% en promedio para las tarifas de electricidad de las empresas Edenor y Edesur, que tienen la concesión en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El incremento forma parte de la Revisión Tarifaria de Transición que impulsó el Poder Ejecutivo este año y será efectivo a partir del 1° de mayo. Formalmente, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a cargo de la interventora María Soledad Manin, disputo el incremento a través de las resoluciones N° 106 y 107 publicadas a las 23:30 horas del viernes 30 de abril en un suplemento del Boletín Oficial.
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Si bien el gobierno autorizó un aumento en las tarifas para el AMBA, la disputa interna en los distintos sectores que forman el gobierno sigue abierta y muestra a las claras la profundidad de la crisis política que se desencadenó en el Frente de Todos por las tarifas de los servicios públicos. A las idas y vueltas de ayer, hoy se sumó uno nuevo: el ENRE publicó primero una gacetilla de prensa donde explicitaba que este era “un único incremento para el corriente año”, una definición más ajustada a la visión de Federico Basualdo. Pero, luego, el mismo ente regulador corrigió el texto en la versión digital quitándole esa parte y -así– dejando abierta la posibilidad de un nuevo aumento de las tarifas para 2020, una versión más acorde a la visión de Martín Guzmán.
El aumento del 9% en la factura final implica un incremento del ingreso de las compañías distribuidoras de electricidad en concepto de Valor Agregado de Distribución (VAD) de alrededor del 20%.
El texto del aumento
En los considerandos de las resoluciones 106 y 107, ambas señalan que “en el marco de este esquema tarifario de transición del servicio de distribución de energía eléctrica, la Secretaría de Energía entendió oportuno y conveniente que el ENRE, en el marco del proceso de negociación del acta acuerdo de transición, realice una adecuación del 9% a aplicar sobre la tarifa final a los usuarios, sobre los valores de la resolución ENRE N° 78 de fecha 30 de marzo de 2021”, para Edenor y Edesur “manifestándose de ese modo la voluntad del poder concedente respecto a la pauta de aumento que corresponde aplicar”.
El ajuste tarifario del 9% en promedio es sobre los costos propios de distribución de las empresas Edenor y Edesur y es para las facturas de las pequeñas demandas residenciales (de las categorías R1 a R9), general (G1 a G3) y alumbrado público; T2 (medianas demandas entre 10 kW y 50 kW de potencia contratada) y T3 (grandes demandas mayores a 50 kW de potencia contratada, pero hasta 300 kW).
Según las resoluciones, como resultado de los ajustes el Costo Propio de Distribución (CPD) anualizado de Edenor se incrementa un 20,9%, representando el 46% de la facturación total estimada de la empresa, mientras que para Edesur será de 21,8% el incremento del CPD, que representa un 44% de la facturación total estimada. De este modo, la tarifa media total se ubica en el orden de los 5,127 pesos por kilovatio por hora ($/kW h) en Edenor y 5,020 $/kW h para la distribuidora Edesur.
Revisión de la RTI de 2016
Las resoluciones describen en los considerandos la situación económica y social del país con una caída del PBI de 9,9%, pobreza del 42% y desocupación del 11% y advierten que “de haberse mantenido la política tarifaria resultante de la Revisión Tarifaria Integral realizada en el año 2016, sumado a la quita total de los subsidios, a febrero de 2021 los usuarios residenciales habrían tenido que afrontar un 168% de aumento en sus facturas, entre 116% y 130% los comercios, y entre 128% y 139% las industrias”. Además, agrega que “el impacto de dicha política habría deteriorado el poder adquisitivo de las familias: la factura de energía eléctrica hubiese pasado de representar el 5% al 12% de los ingresos de un Salario Mínimo Vital y Móvil, del 2% al 5% para un salario promedio del sector privado, y del 5% al 14% de los ingresos de los trabajadores”.