En la segunda jornada delas audiencias públicas sobre los cuadros tarifarios del servicio eléctrico, el foco estuvo puesto en las empresas distribuidoras. Los representantes de Edenor  y Edesur pusieron el énfasis en que las inversiones que llevaron adelante en los últimos años redundaon en una caída tanto de los cortes de luz como de su duración. También advirtieron  que si no hay un aumento de tarifas que acompañe el alza de los costos de operación, no será posible mejorar el servicio y a su vez crecerá la deuda  con el mercado mayorista de electricidad. Por su parte, los representantes de las Defensoría del Pueblo de las distintas jurisdicciones plantearon que las tarifas no pueden aumentar más que los salarios de los usuarios del servicio.

Abrió la audiencia la interventora del ENRE, Soledad Manin, quien puso el foco en lo que sucedió con los ingresos de las distribuidora de electricidad durante el gobierno de Mauricio Macri. “El incremento de las facturas en el período 2015-2019 para un hogar promedio fue de 731% en términos reales y de 3.222% en términos nominales”, señaló. “El plan de inversiones de cada empresa mostraron marcadas diferencias, a pesar de que el Valor Agregado de Distribución de la RTI fue similar. El plan de Edenor superó en más de $ 10.000 millones al de Edesur. Los planes no los cumplieron en 2017 y 2018 en el caso de Edenor. Y Edesur no cumplió en 2019, aunque con un porcentaje de cumplimiento en torno al 80% del plan”, agregó.

Con respecto a lo que se buscará desde el ENRE a partir de estas audiencias, la interventora señaló: “el objetivo final es acoplar la política energética y tarifaria a la recuperación económica utilizando de manera eficiente los recursos. Es decir, que el incremento en las facturas tiene que acompañar a la recuperación de la economía y no tiene que afectar el poder adquisitivo de los salarios”.

El turno de las distribuidoras

El presidente de Edenor, Ricardo Torres, comenzó su exposición destacado que en los últimos ocho años la distribuidora duplicó la inversión. ”Lanzamos el programa de inversión más grande de la historia de la empresa para brindar servicio a los 9 millones de usuarios que reciben electricidad en nuestra zona de concesión”, afirmó.

Añadió que como consecuencia de esos desembolsos “Tuvimos una reducción del 63% en la duración de los cortes y una reducción del 51% en la cantidad de cortes. Ambos indicadores fueron controlados por el ENRE, que era lo que nos exigía el ENRE dentro de un año. O sea, hicimos más de lo que nos pidieron”. Pero advirtió que si no hay actualización en el precio de las tarifas “, los ingresos de Edenor no alcanzarán para cubrir sus compromisos como son la compra de energía, impuestos, costos de operación y las inversiones”

Por lo tanto, planteó que “si el Estado definiera que la totalidad del déficit previsto por Edenor se incluya en las facturas de los clientes, las tarifas deberían aumentar un 28% para los residenciales y un 31% para el promedio de todos los clientes de Edenor”

En la misma sintonía, Juan Carlos Blanco, Gerente General de Edesur, puso el foco el foco en el desfasaje entre los ingresos y los costos de la compañía. “La tarifa y la remuneración de Edesur no ha variado desde marzo de 2019. En cambio los salario promedio en la Argentina han aumentado desde entonces un 82% , la inflación minorista aumentó 95% y la mayorista 121%. Muchos de los materiales que utiliza Edesur poseen insumos dolarizados. Esos materiales se han visto incrementados en un 162%, indicó.

Planteó que “este desbalance no se puede sostener en el tiempo y es necesario volver al equilibrio mediante una adecuación de tarifas, el otorgamiento de subsidios o una combinación de ambos”. Por lo tanto, plenteó dos alternativas para superar esta coyuntura. “Presentamos una primera propuesta del cuadro tarifario que debería aplicarse a partir del 1º de abril de este año y que necesita una actualización en agosto, según la inflación. Significaría un aumento 35% para los clientes residenciales y del 45% para el resto de las categorías. La segunda propuesta consiste en un subsidio aportado por el Estado Nacional de $ 34.000 millones”, afirmó.

La palabra de las Defensorías del Pueblo

La titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, planteó algunos cuestionamientos con respecto a la finalidad de las audiencias públicas. “El viernes pasado se realizó un anuncio de que las tarifas se iban a incrementar entre un 7% y 15% y que no iba a afectar de sobremanera el poder adquisitivo de los usuarios. Entonces, nos preguntamos: ¿qué es lo que se está discutiendo en esta audiencia pública? Creemos que las audiencias son previa a la toma de decisiones. ¿Cómo se aplicarán estos incrementos?”, se preguntó.  

Consideró que los futuros aumentos deben ser adecuados a la capacidad de pago de los usuarios. “No pueden otorgarse aumentos en las facturas sin el análisis previo de las capacidades económicas y financieras de los usuarios. Observamos un nivel de crisis en los ingresos del sector asalariado en general y de los comerciantes, lo que hace necesario implementar medidas que sean en resguardo de los intereses de los usuarios”, indicó.

Por su parte, el Defensor de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, planteó que “el estado argentino tiene la función de terminar con la pobreza energética pero las empresas también tienen que se ser parte de esa política”. En tal sentido, solicitó “elevar a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil el tope para acceder a la tarifa social”.

Amor refutó la posición de las distribuidoras con respecto a la calidad del servicio y a las inversiones. “La prestación es deficiente a pesar de los aumentos que ha habido durante todos estos años. No invirtieron las empresas como se habían comprometido. En audiencias anteriores, Edesur y Edenor prometieron inversiones pero no vimos esas obras hechas en su totalidad, de acuerdo a los compromisos que habían asumido”, indicó.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, apuntó contra Edesur, tal como lo hicieron en su momento un grupo de intendentes del sur del conurbano bonaerense. “El de Edesur es un caso muy claro de una empresa que no tiene voluntad de invertir, que tal vez tiene un expertise en el mundo pero que en Argentina ha fracasado. Que la única inversión que hubo en la red eléctrica que tiene Edesur fue hecha por el Estado y con los recursos de todos y todas. No con los que ellos han ganado”, expresó.  Lorenzino consideró que “es necesario revisar esta concesión (la de Edesur). No podemos seguir pensando que esta empresa va a seguir prestando tan mal servicio por  los próximos cincuenta años”.