La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que es presidida por Sergio Affronti, CEO de YPF, envió a mediados de marzo una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, para manifestarle su disconformidad con la forma en que la cartera está implementando el régimen de contratación de proveedores locales establecido en el Plan GasAr, tal como publicó La Nación. El texto, al cual accedió EconoJournal, remarca “la preocupación en relación con los términos de la Resolución N° 144/2021 del 3 de marzo de 2021”.

En los hechos, la cámara que reúne a las empresas petroleras —entre las que también figuran Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Tecpetrol, Capsa, Pampa y Chevron— cuestionó la estrategia que empleó el secretario de Energía para que las productoras contraten los servicios de los proveedores locales del programa de estímulo que impulsa el gobierno para repuntar la producción de gas en el país.

• El Plan GasAr incluyó una capítulo destinado al Valor Agregado Nacional (VAN), que apunta al desarrollo de las pymes locales, sobre todo de la provincia de Neuquén, de donde es oriundo el secretario Darío Martínez.

De hecho, la inclusión del VAN fue el principal aporte del secretario de Energía al programa de estímulo al gas natural. Martínez aspira a que el VAN se convierta con el tiempo en una herramienta que apuntale el crecimiento de contratistas y proveedores de la industria petrolera, en especial de Neuquén.

• Por eso resulte llamativo que la cámara que preside la petrolera por el propio Estado envíe una nota con críticas al programa.

Argumentos

Las compañías de hidrocarburos rechazan la resolución 144, que establece —a entender de las empresas— la retroactividad en la contratación de los proveedores locales que tienen que hacer las productoras.

Las petroleras agrupadas en la CEPH afirman que hubo un “cambio en las reglas del juego” del programa de incentivo a la producción de gas y que esta modalidad requiere una “readecuación de las compras y las contrataciones ya efectuadas”.

Concretamente, las petroleras dicen que, para cuando el programa se puso en marcha, en noviembre del año pasado, ya tenían contratados servicios y proveedores para el año 2021. Por eso, reclaman que los plazos se readecuen.

Las críticas a la resolución

Según la cámara empresaria, la resolución 144 establece nuevos mecanismos que imposibilitan el desarrollo del programa. La carta de la CEPH subraya que “contiene previsiones que, por un lado, incrementan las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias al momento de acordar su participación en el Plan GasAr y, por el otro, son contrarias a derechos reconocidos a ellas en el propio régimen del Plan GasAr y en normas de jerarquía superior”.

En consecuencia, la cámara solicitó “la revisión” de la medida por parte de esa Secretaría, y pidió modificaciones porque “impone el cumplimiento de obligaciones en cabeza de las empresas adjudicatarias del Plan GasAr de manera retroactiva a la fecha de sanción del Decreto 892/20” y esto “afecta también los derechos adquiridos de las empresas adjudicatarias” del plan.

Además, la carta de la cámara empresaria destaca que la retroactividad “resulta de cumplimiento imposible, puesto que en el extremo plantea la readecuación de compras y contrataciones ya efectuadas o su terminación anticipada. Ello es claramente impracticable por razones de seguridad operativa que exigen mantener las actividades de manera ininterrumpida”.

Competitividad

El texto de la CEPH además menciona que la resolución de la Secretaría de Energía “establece un mecanismo que fija de manera automática el reconocimiento de costos diferenciales según la ubicación, y de esa manera otorga a favor de ciertos proveedores un trato diferenciado por sobre otros”. Y añade que “establece la obligación de otorgar un derecho exclusivo a igualar ofertas de manera recurrente para determinado tipo de proveedores”. “Esa disposición afecta la libertad de contratar y el derecho de ejercer industria lícita de las adjudicatarias del Plan GasAr, así como la libre competencia y concurrencia de las empresas proveedoras”, señalan las productoras.

Por último, la CEPH critica la resolución ya que “define como causal de daño a la competitividad de la cadena de Valor Agregado Nacional del sector hidrocarburífero a la importación de bienes usados”. Sobre este punto, agrega que esta disposición “es objetable en cuanto a que toda restricción o limitación a la aplicación de tales regímenes debe efectuarse mediante actos administrativos dictados por las autoridades competentes en la materia”.