La Secretaría de Energía adjudicó a mediados de diciembre los volúmenes de gas que deberá inyectar cada petrolera entre 2023 y 2028 bajo el paraguas de una nueva versión del Plan Gas, el esquema que utiliza desde hace casi una década el Estado para asegurar —en un contexto de devaluaciones permanentes y atrasos tarifarios que imposibilitan el funcionamiento de mercado— el suministro de gas para el mercado interno. La iniciativa tuvo buena recepción en la industria: las empresas propusieron precios competitivos que estuvieron por debajo de lo que proyectaban algunos productores y analistas. El punto débil del esquema de contratación, sin embargo, sigue siendo la extensión de los plazos en que el Estado paga a los productores el monto mensual que les corresponde por la inyección del gas que reciben los hogares por intermediación de las distribuidoras.
¿Cómo se calcula esa cifra?
En términos conceptuales, es sencillo: el Ministerio de Economía cubre la diferencia entre el precio ofrecido por cada empresa en la licitación del Plan Gas y el valor del fluido que efectivamente traslada el Enargas a los cuadros tarifarios de los usuarios residenciales. En lo técnico, es un poco más complejo: del monto a pagar por el Tesoro, la regulación establece que la Secretaría de Energía debe cubrir un 75% en forma provisoria al mes siguiente en que las productoras inyectan el gas en la red troncal de gasoductos. Luego, el pago definitivo por el 25% restante debería concretarse a los 75 días, una vez que Energía certifica las declaraciones juradas presentadas por las petroleras.
Sin embargo, esa mecánica nunca terminó de aceitarse y hoy está prácticamente rota. De hecho, los pagos de las declaraciones definitivas dejaron de abonarse a mediados de 2021 y directamente nunca se canceló ninguna de las declaraciones presentadas en 2022.
“A nosotros sólo nos pagaron las presentaciones definitivas correspondientes a los primeros cinco meses de 2021, entre enero y mayo. Después, los pagos se interrumpieron y nunca más se reactivaron. Las definitivas van para los dos años de atraso. En los hechos, uno podría decir que el sistema de pago del Plan Gas nunca terminó de perfeccionarse”, analizó el director comercial de una petrolera.
Los pagos de las declaraciones provisorias, en cambio, se frenaron en julio de 2022. Su mecánica de pago debería será ágil. “El sistema se pensó exactamente para eso. Se paga provisoriamente y de forma veloz un 75% las declaraciones presentadas y se deja el 25% restante para cuando el Estado revise exhaustivamente los números de las empresas. Pero en los hechos, el sistema no funciona porque desde hace más de 18 meses que el Estado no cancela los pagos definitivos a los productores”, cuestionaron desde otra compañía.
¿Crédito fiscal?
Según un relevamiento realizado por EconoJournal entre productoras de gas, la deuda total del Ministerio de Economía con las petroleras ronda los $ 25.000 millones más intereses. Con una inflación corriendo casi al 100%, el pasivo actualizado es mucho más alto. Entre los acreedores figuran los mayores jugadores del mercado como YPF, TotalEnergies, PAE, Tecpetrol, Wintershall Dea, Pampa, CGC y Pluspetrol, entre otras.
Si a la deuda acumulada por el Ejecutivo por el gas entregado a las distribuidora se le suma el rojo en que incurrieron Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que compra el gas para las centrales termoeléctricas, y la estatal Enarsa, que adquiere el gas que luego venden algunas distribuidoras como Camuzzi Gas del Sur, la cifra supera los $ 30.000 millones. “Cammesa pagó un 90% de los consumos de octubre, que vencieron en noviembre, y pagó cero de los de diciembre, que vencieron en enero. Enarsa todavía no pagó las declaraciones de octubre, que vencieron en enero”, señaló el vicepresidente de una petrolera.
Frente a la demora sistémica del Estado para cumplir con los pagos de las declaraciones definitivas del Plan Gas, las productoras lograron que la Secretaría de Energía, que dirige Flavia Royón, eleve la alícuota de los pagos provisores del 75 al 85 por ciento. “Se achicó un poco el costo del mal funcionamiento del sistema. Antes, nos quedaba colgado un 25% del monto que nos correspondía. A partir de ahora, sólo un 15%”, explicaron desde una petrolera.
Lo que algunas empresas están evaluando, según comentaron a este medio dos directivos del sector, es intentar utilizar la deuda acumulada por el Plan Gas como crédito fiscal para cancelar obligaciones impositivas con la Afip. La normativa autoriza esa posibilidad, aunque hasta ahora ninguna petrolera decidió plantear el caso para avanzar por esa vía. No sería extraño que alguna lo hago en las próximas semanas.
Un comentario
Ese fue el gran problema conceptual del plan gas 4 Subsidios del Estado a la oferta para financiar TIRs anuales > 50% en un contexto donde bajar el déficit primario era un imperativo… Una alternativa al uso de ese dinero era financiar, a partir del 2020, el gasoducto nuevo, que ya estaría listo, reemplazando oferta de GNL y estimulando contractualizacion larga con buenos precios, que se estarían dando solos Pero de la mano del mercado…