Tanto los gobiernos de los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo están incorporando cada vez más la agenda de la transición energética. En los últimos años, las compañías líderes de las distintas actividades económicas también están virando en esta dirección. Es que, además de reducir las emisiones y cuidar el planeta, quedarse afuera podría no ser rentable. La transición energética en el mundo es indiscutible e imparable. Lo que realmente está en tensión a nivel global es cómo avanzar con esa agenda. Es decir, hay grandes coincidencias mundiales en los objetivos a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero qué hay que hacer y cómo implica un camino complejo, que no escapa a intereses contrapuestos y velocidades distintas entre los diferentes actores. Se trata de atravesar de la mejor manera un escenario mundial en donde la producción de hidrocarburos continuará durante algunas décadas más, pero, al mismo tiempo, las nuevas fuentes de energía renovable deberán terminar de instalarse con argumentos suficientes para desplazar del todo el uso de los combustibles fósiles.

La Argentina está inmersa en esta agenda de transición, pero con sus propias particularidades. Los recursos tanto de hidrocarburos como de energías limpias están al alcance de la mano. Sin embargo, la agenda de la transición energética en el país tiene que atravesar algunas amenazas vinculadas a la macroeconomía y a la situación social. En todo este escenario, además, la política en su conjunto debería jugar un rol para transitar este camino.

El panel «Qué puede aprender la Argentina de las políticas públicas del mundo para enfrentar el cambio climático», del evento Energy Day organizado por EconoJournal, intentó hacer un aporte para la agenda de la transición. Allí participaron Marcos Pourteau, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación; Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional y especialista en energía y ambiente, y Julián Gadano, exsubsecretario de Energía Nuclear de la Nación y actual director del Programa de Estudios en Energía Nuclear de la Universidad de Tres de Febrero. Estos técnicos y referentes, con presencia y experiencia en el sector público, analizaron el papel que debe cumplir el Estado en este escenario.

En concreto, los panelistas reflexionaron sobre cómo resuelve la Argentina tres desafíos centrales que se le presentan en simultáneo: el medioambiental, el energético (para generar tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono) y, por último, entender cuáles son los recursos económicos que tiene el país para crecer. Coincidieron en que una de las posibles estrategias al trilema que se le presenta al país para cumplir las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) podría contemplar separar, por un lado, el mercado local de gas natural como combustible de la transición y, por el otro, avanzar lo más rápido y máximo posible con las exportaciones de este fluido.

Sin plan

Las NDC tienen que ver con los compromisos asumidos por los países que participan de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para intensificar sus acciones de cuidado del planeta. El primer compromiso de NDC asumido por la Argentina en 2016, luego de la COP de París de 2015, fue no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030. Esta meta anual era de cumplimiento incondicional. Además, incorporó 369 millones de tCO2eq de reducción de emisiones argentinas condicionadas a que ocurran determinadas variables (como, por ejemplo, el financiamiento) para alcanzar esa meta.

En diciembre de 2020, el gobierno presentó la segunda NDC del país con una actualización de sus compromisos con limitación de emisiones de gases de efecto invernadero y una mitigación más ambiciosa que la NDC de 2016. La nueva meta nacional tiene características de incondicional, absoluta y aplicable a todos los sectores de la economía y con un compromiso a no exceder la emisión neta de 359 millones de tCOe2 en el año 2030, lo que equivale a una reducción del 26% respecto de la NDC anterior y una disminución total del 19% en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado por la Argentina, que se registró en el año 2007. El año que viene la Argentina tiene que presentar una nueva meta de NDC en la próxima COP.

Sobre esto, Marcos Pourteau remarcó que «no tenemos un plan de mitigación elaborado por el gobierno que hizo esta modificación para llegar a ese valor. En cualquier escenario futuro que se haga de energía en la Argentina es muy difícil llegar a los niveles de emisiones que tenemos comprometidos al 2030». Y agregó que «hay varios caminos en los que esto se puede transitar y uno puede ser desacoplar el mercado interno y el externo, donde el compromiso con las NDC se resuelve en el mercado interno y podés seguir generando valor con tus recursos a partir de la exportación».

Además, señaló que «hay una brecha entre la ambición ambiental de reducir las emisiones y avanzar en la transición energética y lo que es la realidad energética y socioeconómica de la Argentina». También subrayó: «Por un lado, hay una loable intención de avanzar en el Acuerdo de París. Lo vemos en el mundo y, también, en la Argentina en evolución de la primera NDC que se hizo en 2016 a la que tenemos hoy. Por otro lado, está la realidad energética, donde tenemos que abastecer a la población argentina de una forma segura y a precios accesibles»

«Esa brecha se está ampliando porque tenemos una retórica ambiental fuerte, como vimos en la COP de Glasgow, y, por otro lado, la realidad energética no está cambiando mucho porque seguimos teniendo una matriz global del 80% conformada por hidrocarburos o combustibles fósiles, y esto no está cambiando al mismo ritmo que la visión ambiental. La brecha tiene que cerrarse, debemos encontrar el camino para que las dos visiones converjan. Pueden pasar dos cosas: que la transición energética efectivamente se acelere o que la ambición ambiental empiece a desacelerarse», destacó Pourteau.

En tanto, Juan Carlos Villalonga comentó que «está claro que la ambición ambiental se está distanciando cada vez más de lo que ocurre realmente en el mundo de la energía. La dimensión tecnológica o propia del sector energético está un poco más resuelta, por eso quiero poner el foco en la política. Creo que desde la política se tiene que comunicar mejor y hay que coordinar con las provincias, con los sindicatos y demás actores. Todo el mundo está de acuerdo en bajar los subsidios a los combustibles fósiles, pero eso tiene un impacto en las tarifas. Esto ocurre en la Argentina y en cualquier lugar del mundo».

Además, el exdiputado nacional advirtió que «la transición para países como Chile con el hidrógeno o Uruguay es una oportunidad que se les presenta para hacerse un lugar en la economía. En cambio, para la Argentina la transición energética significa que el país tiene que desmontar actividades económicas que hoy están funcionando, en provincias como Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza, que dependen mucho de las regalías petroleras. Esto se va a acabar en un par de décadas. Por eso, la transición para nuestro país es una amenaza también. Lo mismo ocurre con la industria automotriz, que se está reconvirtiendo fuertemente y la Argentina tiene esta industria». «La transición no es solamente apagar una central de gas y poner a funcionar molinos de viento, sino que para la Argentina también significa reacomodar economías regionales. Por eso la política en estos temas tiene muchas cuentas pendientes», sentenció Villalonga.

Por su parte, Julián Gadano indicó que «tenemos un problema global y no hay incentivos para tratarlo globalmente, porque el mundo no tiene una gobernanza de Estados nacionales, es decir, no hay un gobierno mundial. Se requiere de una coordinación y esto muchas veces es muy difícil porque los gobiernos nacionales, la política, responden en las democracias a sus electores, a su ciudadanía. Es decir, la brecha entre la lógica global del problema del cambio climático y el carácter nacional de las decisiones que se toman para ese problema. Y de este dilema se sale cuando el problema es cercano; por ejemplo, un país no cambió su industria automotriz, pero está teniendo problemas de inundaciones que afectan otros sectores económicos». Y añadió que «hoy tenemos la oportunidad de que, de a poco, se tomen decisiones de manera coordinada. Esto no es sencillo porque los líderes mundiales responden a sus electores y ellos están en sus países».

La política

El rol de la política ocupó un lugar preponderante en todas las intervenciones de los disertantes. Julián Gadano expresó: «Hay dos problemas: uno más estructural, que tiene que ver con que los gobiernos tienen pocos incentivos para liderar agendas, que implican tomar riesgos y los gobiernos no siempre quieren. Y un problema más local de este momento, que tiene que ver con una falta de coordinación al interior del gobierno, que es llamativa y complicada».

Juan Carlos Villalonga añadió que «otro desafío claro es el marco regulatorio, porque muchas de las cosas que tienen que pasar ocurrirían si levantamos barreras. Creo que la política tiene que hacer que la sociedad entienda esto y acompañe, no que obstaculice. Para esto, la política tiene que entender que hay que producir cambios no solo tecnológicos, sino que involucran a economías regionales. Y otro punto es que el marco regulatorio para todo esto tiene que ser flexible».

A su turno, Marcos Pourteau indicó que «las metas ambientales, si son difíciles de alcanzar o provocan que se acumulen los costos de la transición, la sociedad puede plantear que no quiere pagar por el gas u$s 30 (el millón de BTU) como está pasando en el mundo o no quiere pagar la energía eléctrica a u$s 200 (Mwh). Puede decir que quiere pagar el gas y la electricidad, quiere transportarse y consumir los servicios del sector energético, 

pero a un costo razonable». En esta misma línea, destacó que «puede haber un retroceso, como por ejemplo lo que pasó con
los Chalecos Amarillos en Francia. La gente no está dispuesta a pagar mucho por esta transición». Y cuestionó que «desde el lado del sector energético puede pasar que, si no aceleramos la transición, pase lo mismo pero a la inversa, es decir que la sociedad incremente la presión para que haya cambios y que se termine en medidas inevitables que hoy pueden considerarse extremas, y que esto provoque disrupciones en el sector energético. De los dos lados hay riesgos, pero en algún momento se tiene que converger».

NDC

Juan Carlos Villalonga explicó que con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) se puede pensar en los escenarios que harán posible cumplir con esas metas. «Conocer el carbon budget (cuántas emisiones se pueden hacer en un período determinado) permite también conocer los volúmenes de gas y petróleo que un país va a demandar, por ejemplo, hasta 2050. Y ahí se acaban las discusiones porque tenés ese máximo de consumo. Separado de esto, a modo de ejemplo, también tenés el gas de Vaca Muerta para exportarlo y que otros países puedan aprovecharlo, incluso para acelerar su propia transición», explicó el exdiputado. Dicho de otro modo, continuó Villalonga, «Neuquén podría saber, según las metas, cuántas regalías va a recibir por el gas de Vaca Muerta en los próximos años y hasta 2050».
«El mundo nos va a exigir que cumplamos con todo esto, pero no porque haya un gobierno global, sino por los acuerdos comerciales. Es decir, el Acuerdo de París tiene un ‘policía’, que es el comercio internacional», señaló.

Y concluyó: «El diálogo, la política de Estado, el gran relato del desarrollo de este siglo es el cambio climático, es esta transición. Es un vector que determina las inversiones de aquí en más. Por eso, me parece imposible que esto sea el trabajo de un secretario de Ambiente o uno de Energía. Me parece demencial que el gobierno no haya convocado a la oposición. Pero en el gobierno anterior tampoco hemos sido muy generosos en convocar a otras expresiones parlamentarias a discutir, por ejemplo, la NDC». ×