El gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a avanzar en una reducción gradual de los subsidios a la energía. En un contexto de suba del precio internacional de los combustibles, mayor presión cambiaria, persistente sequía y crecimiento del consumo de luz y gas, la única variable que podría ayudar a reducir esos subsidios es la suba de tarifas. La promesa oficial es que el aumento general será del 20%, muy por debajo de la inflación proyectada en 50% anual, y sólo superará ese techo para los hogares más pudientes cuando se ponga en marcha la segmentación tarifaria. Sin embargo, en dos años no ha habido ningún avance concreto sobre cómo se implementará y desde el albertismo responsabilizan por la inacción al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, dos hombres clave del área energética que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner.   

Escollos

La pelea al interior del gobierno sobre cómo llevar adelante el descongelamiento tarifario viene desde hace tiempo. En abril del año pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó desplazar a Basualdo con el argumento de que no sólo no obedecía sus directivas sino que las boicoteaba, pero se encontró con la resistencia del cristinismo quien se negó a sacrificar a su peón y expuso la debilidad del ministro.

Ahora que Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque del Frente de Todos en disconformidad con el principio de acuerdo que se anunció con el FMI, EconoJournal preguntó si esa decisión podría generar algún cambio al interior del área energética. “Lo único concreto que te puedo decir es que todos sabemos que los Federicos, por una combinación entre inoperancia, ineptitud y enfrentamiento político, son un escollo para avanzar en algo mínimamente razonable que sea compatible con el muy razonable esquema fiscal acordado”, aseguró alta una fuente oficial.

-¿Van a ser desplazados? –preguntó este portal.

-Hay visiones divergentes. Lo único que está claro es que no han hecho nada para avanzar con la segmentación. En dos años se solucionó la pandemia, se inventaron 10 vacunas, se curó a millones de pacientes de un virus nuevo y estos dos tipos no fueron capaces de cobrarle la tarifa completa ni a los hogares de Puerto Madero. –respondió la misma fuente.

Desde el sector que responde a Alberto Fernández sostienen que el cristinismo no avanza con la segmentación y además obstaculiza iniciativas que surgen en otras oficinas de la secretaría de Energía que no controlan. Fuentes oficiales recordaron, por ejemplo, que en marzo del año pasado se realizó una reunión en la jefatura de Gabinete donde funcionarios cercanos al secretario de Energía Darío Martínez plantearon impulsar una ley para modificar algunas trabas regulatorias vinculadas al acceso a la información de los usuarios, pero la vicepresidenta le bajó el pulgar a la iniciativa y no se pudo avanzar.  

Promesas incumplidas

La secretaría de Energía depende del Ministerio de Economía. Por lo tanto, en lo formal la responsabilidad de no haber avanzado en la segmentación es de Guzmán. Sin embargo, en el sector todos saben que hay áreas clave que en los hechos escapan al control del ministro. No haber podido desplazar a Basualdo de la subsecretaría de Energía Eléctrica es un ejemplo brutal de las limitaciones reales que enfrenta. A su vez, desde el inicio del gobierno la vicepresidenta se aseguró el control de los entes reguladores de luz y gas y les otorgó un papel clave en la renegociación tarifaria.

Desde entonces, Bernal y Basualdo dicen estar trabajando en la segmentación tarifaria. El subsecretario de Energía Eléctrica, que fue interventor del ENRE y en la actualidad lo sigue controlando a distancia, aseguró a C5N el 30 de marzo del año pasado que “la segmentación es una política que estamos impulsando desde la secretaría de Energía en conjunto con los entes y el Ministerio de Economía. No se va a aplicar en bloque a partir de mayo (de 2021) sino que se va a hacer de manera gradual en el marco del desarrollo de un programa de una mejor administración de los fondos públicos destinados a los subsidios energéticos”. El mes próximo se cumplirá un año de aquella declaración y hasta ahora no ha habido ninguna novedad.  

Por su parte, el interventor del Enargas declaró el 4 de junio del año pasado al portal DiarioAr que “estamos trabajando fuertemente para la segmentación (…) De parte del Enargas presentaremos al presidente en breve algunas propuestas”. “Es posible segmentar los subsidios de acuerdo con criterios de inclusión y exclusión. Se hará un uso dirigido de subsidios a quienes más lo necesiten”, completó.

Operaciones

El malestar con Bernal es doble porque no sólo lo acusan de no hacer nada en materia de segmentación sino que además desde el albertismo lo señalan como el responsable de las críticas que recibió el gobierno el lunes pasado en la audiencia pública que convocó la secretaría de Energía para analizar qué porción del costo total del gas en boca de pozo debe ser subsidiado por el Estado.

La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, informó allí que el costo total del gas necesario para abastecer a la demanda durante este año está estimado en 305.179 millones de pesos y aclaró que si el Estado decidiera seguir subsidiando el 70,9 por ciento de ese costo, y las tarifas no aumentaran, debería desembolsar 216.365 millones de pesos, 81.000 millones más que lo que se había previsto en el frustrado proyecto de Presupuesto 2022.

Entre los expositores que participaron de la audiencia sobresalieron un grupo de asociaciones de consumidores y diputados del oficialismo cercanos a Bernal que cuestionaron al secretario de Energía, Darío Martínez, por no informar cuál es el costo de producción del gas que tienen las petroleras. “Volvemos a 2016 cuando pedíamos saber cuál es el costo del gas y no nos lo informaban”, aseguró el diputado provincial José Luis Ramón, comparando a la gestión actual con la de Mauricio Macri. De ese modo, la interna quedó una vez más a la vista de todos.