Por Javier Rodríguez Galli* 

En el Energy Day convocado por Econojournal en noviembre, tuvimos la oportunidad de delinear, junto con un grupo de ejecutivos del sector de los hidrocarburos en Argentina, los principales desafíos que plantea la transición energética para este sector. 

No fue difícil coincidir en que, a nivel global, debemos accionar rápidamente sobre los vectores que han producido el calentamiento global para mitigar el impacto de las emisiones de carbono a la atmósfera y poder razonablemente cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para 2050.

También estuvimos de acuerdo en que, siendo que a nivel global el mayor peso de las emisiones recae en el sector energético (75%), el principal desafío que tenemos por delante se vincula con lo que comúnmente llamamos «transición energética», es decir, el gradual reemplazo de los combustibles fósiles por energías limpias en un plazo compatible con los objetivos del Acuerdo de París de 2050.  

En este sentido, identificamos tres dimensiones para abordar la «transición energética» desde la industria de los hidrocarburos: (i) un desafío global, (ii) un desafío país y (iii) un desafío a nivel empresas y consumidores.

En la primera (que llamamos la “dimensión global”), debatimos si hay “una” o “varias” transiciones, producto de las asimetrías en las emisiones entre los países desarrollados (Estados Unidos, UE, Japón, Corea) y los países en desarrollo (China, India, Brasil), como quedó claramente expuesto una vez más en la reciente COP26 de Glasgow.

Aquí, la discusión que planteamos tiene que ver con quién debería asumir los costos de la transición: (i) los Estados a través de subsidios,
(ii) las empresas a través de un «carbon tax global» o (iii) los consumidores en forma directa o indirecta a través del aumento de los precios de la energía.

En el desafío a nivel país, coincidimos una vez más en que Argentina cuenta con los recursos para enfrentar la transición energética, ya que, si bien nuestro país tiene una matriz energética dominada por los hidrocarburos fósiles, la casi nula participación del carbón en esa matriz y la posibilidad creciente y comprobada de producir petróleo y sobre todo gas natural de fuentes no convencionales nos posicionan (nos darían la llave) para administrar nuestra «propia» transición energética.

Si a esto le sumamos la gran disponibilidad de recursos renovables, como la energía eólica y la solar, con abundantes y calificados recursos (donde ya dimos el primer paso –con nuestras idas y venidas producto de la macro, pero primer paso al fin–), tenemos la posibilidad de un reemplazo gradual de combustibles fósiles y una diversificación cada vez más marcada de nuestra matriz energética (complementada por nuestros grandes desarrollos hidráulicos y nuestro siempre modesto aunque sostenido desarrollo nuclear). Incluso el reciente interés de inversores internacionales para desarrollar un polo de hidrógeno verde en nuestro país va en línea con la necesidad de avanzar con una matriz ampliamente diversificada.

En particular, coincidimos en que el desarrollo de Vaca Muerta puede ser la llave para sostener esa «transición energética» desde una natural evolución hacia combustibles más limpios y con menos huella de carbono pero, además, mediante la generación de saldos exportables que contribuyan a la «transición energética» regional, como podría ser el caso de la exportación de LNG desde plantas de licuefacción en Argentina.

Por supuesto que, hasta alcanzar su potencial, el desarrollo de Vaca Muerta requerirá cuantiosas inversiones en infraestructura, sobre todo en materia de gas natural (tanto gasoductos troncales como plantas de LNG), pero también la creciente electrificación de nuestra matriz energética necesitará mayor desarrollo de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.

Esto está planteado, de alguna forma, en el reciente informe preparado por la Secretaría de Energía junto con el Ministerio de Ambiente, que resume los Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030. Es un documento que plantea algunos escenarios al 2030 con mayor participación de los renovables en la matriz energética y muestra qué resultados se podrían alcanzar para cumplir con los compromisos del país bajo el Acuerdo de París. 

El desafío a nivel empresas, sean estas globales, regionales o aun nacionales, es mayúsculo e incluye aspectos relevantes: (i) tecnológicos, (ii) financieros y (iii) de gobernanza corporativa. 

Desde lo tecnológico, las empresas de hidrocarburos deberán dedicar cada vez más esfuerzos para producir un barril de petróleo equivalente (BOE) con menor huella de carbono (medido por tonelada de CO2 por BOE producido) de manera de poder atraer el capital necesario para financiar esas nuevas inversiones. 

Desde lo financiero, probablemente no les alcance con un barril más bajo en emisiones sino que, además, deberán buscar alternativas para volverse «net zero» desde las perspectivas de sus inversores y accionistas. Seguramente, el camino sea a través de inversiones diversificadas en un portafolio más verde que les permita contrarrestar sus emisiones de carbono producto de la extracción de combustibles fósiles o la utilización de nuevas tecnologías de captura de carbono. 

Finalmente, desde la gobernanza corporativa, las empresas de hidrocarburos deberán estar muy atentas a las demandas de sus inversores, accionistas, clientes y consumidores para cumplir con una agenda de políticas activas en materia de Environmental, Social and Governance, cada vez más exigente en términos de transparencia, tanto en el proceso de toma de decisiones como en la implementación de dichas políticas. También deberán sujetarse a métricas comprobables y cumplirlas en los plazos previstos, en línea con los requisitos de transparencia y efectividad que mencionamos, y serán evaluadas cada vez más rigurosamente en relación con el disclosure de sus objetivos de «net zero», con la consiguiente mayor exposición y responsabilidad corporativa de sus directores y ejecutivos. Por esta razón, la administración de riesgos relacionados con la transición energética se volverá cada vez más relevante en la matriz de riesgos de las compañías de energía, y por último las empresas de hidrocarburos serán fuertemente interpeladas en el manejo de crisis derivadas de desastres ecológicos o con alto impacto ambiental, debiendo asegurar respuestas inmediatas, efectivas y conducentes.

En este sentido, también estamos asistiendo a una creciente litigiosidad en asambleas de accionistas y acciones de clase a nivel mundial y el mayor involucramiento de tribunales locales e internacionales, como el caso del Tribunal de la Haya en relación con el caso Shell.

Finalmente, y a modo de cierre, nos preguntamos qué vendrá primero, si el mercado o la regulación. Frente a esta incertidumbre, desde el lado de la regulación vemos las enormes dificultades de coordinación entre regulaciones locales y supranacionales que atiendan a «una» o a «varias» transiciones. Pero, desde el lado del mercado, tampoco queda claro si este impondrá sus reglas en forma aleatoria y anárquica, y si, además, contará con la ayuda de tribunales y jueces cada vez más influidos y sensibilizados por la temática del cambio climático. 

En cualquier caso, lo que ninguno de los actores del sector ponemos en duda es que la dinámica de la «transición energética» ya está instalada en el sector y requerirá todos nuestros esfuerzos para atenderla en forma razonablemente ordenada y contribuir desde el sector a cumplir con los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París para 2050. ×

(*) Socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a cargo de la práctica de «Petróleo y Gas» con más de 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. Actualmente, también actúa como coordinador de la plataforma de servicios legales «Acción Climática y Negocios Sustentables», recientemente lanzada para atender las necesidades de la transición energética y el cambio climático de las diversas empresas e inversores que componen su cartera de clientes.