El “descongelamiento solidario” de tarifas en el que trabaja un sector del gobierno busca poner el foco en la población de mayor poder adquisitivo, segmentando a partir de la información que ofrece el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y las bases de Anses y de AFIP. Incluso se evalúa recortar subsidios en determinadas zonas geográficas. El plan tiene similitudes con lo que hizo el kirchnerismo en 2011, pero el contexto obliga a no quedarse a mitad de camino.
Todavía no está decidido cuál sería la línea de corte, pero hay consenso en que hay una porción de los usuarios, cercana al 30 por ciento, está en condiciones de afrontar un aumento de tarifas.
Las empresas le adelantaron al gobierno que pueden llevar adelante esa segmentación, pero lo que falta es lograr consenso al interior del propio gobierno para avanzar en esa dirección. Son muchos los dirigentes que insisten con que las eléctricas y gasíferas estuvieron entre las grandes ganadoras del macrismo y ahora les toca esperar. Sin embargo, a diferencia del período kirchnerista de 2003-2015, no hay recursos con el que solventar ese congelamiento.
La experiencia kirchnerista
La segmentación de tarifas remite al intento que realizó el kirchnerismo en 2011 para salir del congelamiento tarifario que se arrastraba desde hace diez años. El primer capítulo en la eliminación de subsidios se anunció el 2 de noviembre de ese año. El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su par de Economía, Amado Boudou, comunicaron ese día la quita de subvenciones a bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguros, casinos, empresas de telefonía móvil y actividades extractivas, como los hidrocarburos y la minería.
Apenas dos semanas después, el 16 de noviembre, se produjo un segundo anuncio que involucró a otras grandes empresas y usuarios residenciales. El recorte de los subsidios alcanzó a los usuarios de Barrio Parque y Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y a todos los countries del país. También se habilitó entonces una opción para los usuarios que estuviesen dispuestos a renunciar voluntariamente al beneficio.
El 2 de diciembre de ese mismo año se amplió la quita directa de subsidios a cinco nuevas zonas de alto poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires y tres del norte del conurbano bonaerense. En Capital Federal se sumaron Belgrano R, Corredor Libertador, Retiro-Plaza San Martín-Zona Kavanagh, Alto Recoleta y los lujosos edificios de Torres Catalinas, mientras que en Provincia se agregaron La Horqueta, Barrancas de San Isidro y Punta Chica (Victoria).
A su vez, el Gobierno eliminó los subsidios para las torres de lujo en determinadas zonas de los barrios de Núñez, Belgrano, Recoleta, Retiro y Palermo, donde el coeficiente de Alumbrado, Barrido y Limpieza está entre 1,50 y 2,00, el límite máximo de la Ciudad de Buenos Aires.
En total, unos 280 mil usuarios dejaron de percibir el subsidio, incluidos los 20 mil hogares que renunciaron al beneficio voluntariamente. Pese a haber avanzado de manera segmentada, los resultados finalmente no fueron los esperados. El gobierno no pudo evitar que los principales medios hablaran de tarifazo y terminó pagando un costo político alto al avanzar con esos aumentos. Debido a ello, luego decidió no profundizar esa línea de ajuste. Por lo tanto, el ahorro fiscal no fue tan significativo como se esperaba.
Ahora, en cambio, las cuentas públicas evidencian que no hay margen para continuar por un sendero de congelamiento. El gobierno se encuentra en una situación difícil, con escasos recursos disponibles, y si el congelamiento no puede ser acompañado por crecientes subsidios públicos la consecuencia inmediata será una caída en la producción de hidrocarburos y un empeoramiento acelerado en la calidad del servicio. Por lo tanto, quienes impulsan estas subas dentro del propio gobierno entienden que el costo político de seguir con el congelamiento podría terminar siendo más alto que el de intentar una salida.
