El gobierno publicó el viernes 1º de marzo la resolución 1 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, que depende de la Secretaría de Energía, que modificó las remuneraciones que perciben las empresas generadoras de energía por operar las centrales térmicas e hidroeléctricas que producen un 60% de la electricidad que consume la Argentina. Se trata de las plantas del parque de generación que llevan años en actividad y no están alcanzadas por ningún esquema de promoción del Estado, tales como el RenovAr, Foninvemem y contratos de las resoluciones 220/07, 21/2016 y 287/17 del área energética.

En la práctica, la resolución 1 publicada el viernes, que lleva la firma de Juan Garade, titular del área, recorta los ingresos del segmento de generación, un negocio liderado por Pampa Energía, Central Puerto, Enel, AES, Albanesi y Orazul, entre otras.

La norma establece, como medida más saliente, una reducción de los cargos por potencia disponible de las centrales que cobran las empresas. El impacto sobre las empresas es disímil y depende de la antigüedad y eficiencia del parque tecnológico instalado por cada una. Las más perjudicadas son las que poseen centrales equipadas con máquinas menos eficientes que no son despachadas de forma regular. Su negocio consiste en cobrar un cargo por potencia para mantener las centrales disponibles en caso de que se registre un pico de demanda o alguna emergencia. Cumplen un rol importante para garantizar la seguridad del suministro energético, pero son poco despachadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED). Por eso, sus ingresos por energía generada (una remuneración variable que se calcula en función de las horas que la central inyectó energía al sistema) son limitados. Dependen, fundamentalmente, del monto fijo mensual que cobran por tener las centrales disponibles.

El gobierno ajustó a la baja esos valores, que estaban estipulados en la resolución 19/17 del entonces Ministerio de Energía. Lo que motivó una dura respuesta por parte de las empresas generadoras, que el viernes enviaron una nota a Lopetegui en la que critican la decisión del Ejecutivo. EconoJournal tuvo acceso a esa misiva que ingresó el viernes por la mañana a la Secretaría de Energía.

Contexto

La nota se confeccionó el jueves 28 de febrero, un día después de que Lopetegui y sus colaboradores (Garade y Juan Luchilo, subsecretario de Generación) adelantara a los directivos de Ageera, la asociación que nuclea a las generadoras, los lineamientos generales de la resolución. En ese encuentro, los funcionarios incluyeron dos medidas que finalmente no tomaron, en parte, por el rechazo de las empresas. El Ejecutivo quería, por un lado, fijar un tipo de cambio trimestral que se utilizaría para calcular los ingresos de las generadoras. Eso explicaba, en la práctica, una especia de pesificación indirecta que cambiaba el escenario de las empresas, porque sus ingresos están dolarizados desde 2017 por decisión del ex ministro de Energía Juan José Aranguren. Este medio publicó sobre la intención inicial del gobierno, que finalmente fu desestimada.

Otro de los puntos que tampoco fue incluido estaba relacionado con la intención de que las empresas con activos hidroeléctricos (en especial, las que operan las represas del Comahue y la región de Cuyo) pagaran un monto mayor de regalías provinciales.

Punto por punto

La nota de Ageera, que lleva la firma de su presidente Emiliano Chaparro, está estructurada en cinco puntos argumentales. La entidad advierte que la decisión de Ejecutivo afecta la seguridad jurídica del sector.

1. Puntualmente, las empresas señalan, como primera cuestión, que la resolución de Energía va en contra de los preceptos de la Ley 24.065 porque no promueve “la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad” ni tampoco “alienta la realización de inversiones privadas en producción”. “La intempestiva comunicación de los cambios en regulación y en particular, la interrupción del sendero de transición regulatorio tri-anual establecido por la resolución 19/17, afectan a la toma de decisiones con relación a inversiones ya ejecutadas y compromisos asumidos”, critica la nota cursada a Lopetegui.
2. La nota cuestiona, en segundo lugar, el impacto relativo de la medida. La nueva normativa impacta sobre las centrales que generan un 60% de la energía que se consume en el país, pero que representan sólo un 15% del costo total del sistema. El peso específico de los proyectos nucleados en el programa Energía Plus y resolución 220 o los englobados bajo el paraguas del RenovAr y de la resolución 21 (ambos impulsados por esta administración) es mucho más elevado. “Si bien no somos ajenos al estado de la situación económica del país, vemos esta decisión como mero paliativo o intento de mostrar resultados de corto plazo”, impugna la nota de Ageera.
3. En tercer lugar, la entidad rebate la “equivocada interpretación de que existe un porcentaje del parque generador que ya no es necesario para el sistema eléctrico”. Es que la resolución publicada el viernes podría desembocar en que unos 3000 megawatt de potencia que aportan plantas térmicas ineficientes salgan de operación. “Le recordamos, sin ir más lejos, durante el verano ese equipamiento fue primordial para hacer frente a los días de mayores demandas” explica la misiva.
4. Como cuarto punto, y tal vez uno de los aspectos más sensibles del texto enviado a Lopetegui, las empresas anticipan que podrían frenar inversiones como consecuencia del cambio de reglas de juego. Las generadoras recordaron que en 2016 el sector comprometió inversiones por unos US$ 10.000 millones, de los cuales se han desembolsado apenas la mitad. “La situación económica del país imposibilita financias inversiones a tasas razonables”, explicita la cámara eléctrica. “Las modificaciones informadas comprometen I) el financiamiento del mantenimiento, II) el financiamiento de los proyectos en ejecución afectando los plazos de obra; y III) las nuevas inversiones tanto en la expansión del parque térmico, como en energías renovables”, enumera la nota en cuestión. Fuentes cercanas a Lopetegui respondieron que “el desarrollo renovable no se afecta en medida relevante por la modificación de la resolución 19/17”. Pero las empresas sostienen que, frente a la incapacidad de conseguir crédito competitivo en el exterior, lo que motivó que varios proyectos adjudicados en el RenovAr estén complicados, la única forma de solventar la construcción de nuevos parques eólicos es mediante la remuneración que cobran por la generación de las centrales “viejas”.
5. El quinto y último punto que cuestionan las generadoras tenían que ver con la fijación de un tipo de cambio trimestral que, en los hechos, acarreaba una especie de pesificación. Pero finalmente esa idea del gobierno —que fue anticipada en la reunión del miércoles por la tarde en Energía— finalmente fu desestimado.