Luego del triunfo de Javier Milei, los más enfervorizados seguidores del oficialismo, no los más lúcidos precisamente, aseguraron que el pueblo se equivocó, que saltó al vacío y que pronto muchos se van a arrepentir del pecado que cometieron. Algún cura villero incluso llegó al extremo de pedirle a los votantes del líder libertario que ya no se acerquen a los comedores comunitarios que regentea ni se atrevan a pedirle nada. Para todos ellos es hora de que truene el escarmiento. A esta altura, pareciera que lo están deseando. Cualquiera que no conozca la realidad argentina, al escucharlos podría suponer que la derrota del oficialismo le puso freno a un ciclo virtuoso y no que hizo descarrillar definitivamente a una administración dominada por la inoperancia y atravesada por múltiples internas palaciegas. Esa gestión llena de fracasos fue la que le sirvió en bandeja la presidencia a un outsider de la política que se hizo popular como panelista de un programa de televisión y llegó a su cargo proponiendo un plan de ajuste fiscal inédito que aún no está claro cómo aplicará.

Sin ánimo de ser exhaustivos, pero para tratar de poner en contexto el resultado electoral, es bueno recordar algunos de los hechos que ocurrieron durante los últimos cuatro años, en este caso poniendo el foco en el sector energético, para que no quede solo la palabra del presidente Alberto Fernández quien este martes aseguró en una entrevista: “La verdad me faltó un poco más de suerte porque el mundo se complotó en mi tiempo”.

Lanziani, un funcionario inolvidable

Antes de asumir como presidente, Alberto Fernández confirmó que Sergio Lanziani sería su secretario de Energía. A fines de diciembre, cuando ya ocupaba la oficina, pero no había sido nombrado formalmente, el nuevo funcionario se tomó dos semanas de vacaciones y se fue a pescar a Misiones, con escapada a Florianópolis incluida. En abril de 2020, ya en plena cuarentena protagonizó un confuso episodio cuando la policía de Misiones allanó una vivienda en Oberá y lo encontró durmiendo en el lugar con su supuesta amante. A partir de ahí se profundizó su aislamiento político y en mayo Lanziani se instaló en el cuartel general de la estatal Nucleoeléctrica en el barrio bonaerense de Villa Martelli y se quedó a vivir en una de las viviendas del barrio obrero reservadas para los trabajadores de Atucha. Finalmente, en agosto de 2020 fue desplazado de su cargo.   

El subsecretario efímero

El miércoles 8 de enero de 2020 el gobierno designó a Maximiliano Galli como subsecretario Administrativo de la Secretaría de Energía, pero apenas dos días después renunció a su cargo, horas antes de la jura. Galli comunicó su salida a través de un mail titulado “despedida” donde hizo referencia a “diferencias personales y enfrentamientos”. “No tengo más que palabras de agradecimiento y admiración para todos y cada uno de ustedes”, sostuvo en ese texto donde parecía dar a entender que había estado trabajando en la secretaría durante varios años. “Ojalá puedan superarse diferencias personales y enfrentamientos, desde adentro y hacia afuera; y que todos puedan tener la oportunidad de demostrar lo que pueden aportar y más aún, puedan ser debidamente reconocidos por eso”, remarcó.

La directora que nunca fue

Pocos días después de la asunción de Alberto Fernández, la sanjuanina Andrea Polizzotto comenzó a presentarse públicamente como Directora Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables. Incluso Victoria Paz Tolosa, designada entonces para encabezar el Consejo Federal de Políticas Sociales, tuiteo una foto junto a Polizzotto el 10 de enero de 2020 acompañada con la leyenda: “Hace instantes en el @CNCPS_oficial recibimos a Andrea Polizzotto, Directora Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables. Charlamos sobre la importancia de articular políticas públicas en conjunto para llevar energía a lugares aislados”. Sin embargo, Polizzotto nunca fue designada, pese a que llegó a ocupar un escritorio en la secretaría de Energía y mantuvo varias reuniones con empresarios en representación del Estado Nacional. Luego, ya sin cargo político, quedó pululando en la secretaría durante un tiempo más.

Un presidente de YPF decorativo

Durante la campaña electoral de 2019 se rumoreó que Guillermo Nielsen podía llegar a ser ministro de Economía de Alberto Fernández, pero el presidente finalmente lo designó como titular de la petrolera YPF. A los 15 días de haber sido nombrado, intentó aumentar el precio de los combustibles y terminó siendo desautorizado, primero por la gente de comunicación de la propia empresa, que respondía a La Cámpora y tenía más poder que él, y luego por el propio presidente Fernández. Desde entonces, quedó relegado a un lugar decorativo dentro de la estructura y un año después directamente fue desplazado de la compañía cuando evidenció sus diferencias con la estrategia de restructuración de la deuda corporativa. Fernández lo nombró entonces como embajador en Arabia Saudita donde permanece hasta ahora, pese a que en los últimos meses tuiteó en contra del gobierno y se manifestó a favor de Javier Milei.

Intervención de los entes reguladores

En diciembre de 2019 el Congreso aprobó la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En el artículo 5 de ese texto se autorizó al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días e iniciar un proceso de revisión tarifaria integral. Como parte de ese proceso, en el artículo 6 se facultó al Ejecutivo a intervenir administrativamente los entes reguladores. Los decretos 277/20 y 278/20, publicados en marzo de 2020, consumaron esas intervenciones, que inicialmente estaban previstas hasta fin de ese año y luego se fueron prorrogando periódicamente. La última vez fue en diciembre del año pasado cuando extendió las intervenciones por un año.

En diciembre de 2020 se determinó a través del decreto 1020/20 el inicio de la renegociación de la RTI, fijándose un plazo de 2 años para concluir ese proceso. Durante esos dos años, los interventores de los entes reguladores no evidenciaron ningún avance. La principal responsabilidad por esta inacción recayó sobre el ex interventor de Enargas, Federico Bernal, y la ex interventora del ENRE, María Soledad Manin, quienes fueron desplazados de sus cargos a mediados de 2022. Luego siguieron Osvaldo Pitrau en Enargas y Walter Martello en el ENRE, quienes tampoco lograron avances.  

Todos contra todos en la audiencia

Uno de los múltiples momentos dónde quedó evidenciada la falta de coordinación al interior del gobierno fue en la audiencia pública del gas del 16 de marzo de 2021. Desde que se dejó atrás el peor momento de la pandemia de coronavirus, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, venía impulsando una suba de tarifas para mantener a raya los subsidios. “Que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, o en la forma de impuestos, o se toma deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir y esa emisión en la economía argentina termina presionando sobre el tipo de cambio”, había declarado a principios de febrero en C5N.

Se suponía que la audiencia era para impulsar el aumento, pero el entonces interventor del Enargas, Federico Bernal, hombre designado por pedido de Cristina Fernández de Kirchner, realizó en la apertura del evento una clara reivindicación del acceso a la energía como un derecho social y, por lo tanto, del Estado como encargado de garantizar ese derecho, cueste lo que cueste. Para fundamentar su posición se retrotrajo hasta el Código de Hammurabi, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.

Entre los expositores del encuentro estuvo la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien se manifestó en contra de cualquier tipo de aumento y calificó a los neokeynesianos, corriente en la que se referencia Guzmán, como la “versión más edulcorada” del ideario monetario neoliberal. En septiembre de ese mismo año, luego de la derrota en las elecciones legislativas, Vallejos iba a adquirir todavía más notoriedad al asegurar que Alberto Fernández estaba “atrincherado en la Casa Rosada”. «Es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Porque la derecha si va a votar a alguien tiene a Macri, mira si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada», opinó.

El atrincheramiento de Basualdo

Cómo parte de la interna por la suba de tarifas, en abril de 2021 se produjo uno de los hechos que expuso con más crudeza la debilidad del presidente Alberto Fernández y de su ministro Guzmán. El cristinismo venía obstaculizando los aumentos de todas las maneras posibles a través de sus dos principales alfiles en el área energética: Federico Bernal, interventor del Enargas y luego subsecretario de Hidrocarburos, y Federico Basualdo, interventor del ENRE y posteriormente subsecretario de Energía Eléctrica. El 7 de abril de 2021 Basualdo dijo a EconoJournal que el aumento de las tarifas de Edesur y Edenor no sería mayor al 9%. Cuando se le recordó que Guzmán impulsaba una suba más alta el funcionario respondió: “A veces la gestión es frustrante en cuanto a lo que uno espera que suceda y no sucede. Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante”. Guzmán, que ya venía molesto por el boicot permanente que ejercía Basualdo, se enfureció con ese desplante público y a fines de ese mismo mes, luego de consultarlo con Fernández, ordenó desplazarlo. El entonces secretario de Energía, Darío Martínez, fue el encargado de pedirle la renuncia, pero Basualdo se atrincheró por orden de Cristina Fernández y evidenció toda la impotencia presidencial. Finalmente, Basualdo continúo en su cargo y recién renunció en agosto de 2022 cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía. En agradecimiento por los servicios prestados, el cristinismo lo cobijó en YPF, donde asumió como presidente de YPF Gas.

Congelamiento y segmentación tarifaria

El gobierno de Alberto Fernández estuvo tres años dejando que las tarifas de luz y gas se licuaran de manera acelerada frente a la inflación, lo que afectó el plan de inversiones de las compañías y la calidad del servicio. En el caso del gas, además se impulsó un proyecto de ley de ampliación del subsidio extra por “zonas frías”, avalado por Máximo Kirchner y Sergio Massa, que terminó siendo votado en el recinto en junio de 2021 y extendió ese beneficio, restringido originalmente a la Patagonia, a gran parte de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, la provincia de Mendoza y casi la totalidad de la provincia de San Luis. Todas esas zonas, que en muchos casos se caracterizan por sus climas templados e importantes niveles de actividad económica, terminaron viéndose beneficiadas por una baja nominal de tarifas cuando la inflación interanual ya superaba el 50%. 

A mediados de 2022, obligado por la falta de dólares y la presión del Fondo Monetario, el gobierno modificó finalmente su política y decidió avanzar con una segmentación tarifaria que en teoría iba a suponer la pérdida total del subsidio para el 10% de la población de mayor poder adquisitivo, pero que en los hechos terminó impactando en más del 30% por ciento de la población. El aumento interanual para ese grupo llegó este año a casi al 500%, muy por encima de la suba de precios del período, lo que colaboró con el fogonazo inflacionario en medio de la campaña electoral. Desde ya, la medida no cumplió con los criterios de “certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad” que recomendó la Corte Suprema de Justicia en 2016, cuando anuló la suba de tarifas que había aplicado el ministro de Energía Juan José Aranguren. Bernal y Basualdo no comentaron nada sobre ese incumplimiento, aunque permanecieron dentro del gobierno.

El secretario que se fue al sur

Luego de la fallida experiencia de Lanziani, Alberto Fernández designó como secretario de Energía a Darío Martínez, un peronista formado políticamente en Neuquén, que contó con el respaldo del cristinismo y llegó con la expectativa de utilizar el cargo como trampolín para competir por la gobernación provincial en 2023. Como parte de su estrategia de armado territorial, instaló una sede de la Secretaría de Energía en la capital neuquina y con el paso de los meses comenzó a quedarse cada vez más tiempo en la Patagonia.  La gestión diaria quedó en manos de Ariel Kogan, su hombre de confianza, quien en la práctica ofició como virtual secretario de Energía en Buenos Aires, al articular cotidianamente con los actores del sector privado y llevar adelante el diseño administrativo de las regulaciones que luego firmaba Martínez.

Kogan había sido nombrado inicialmente por Martínez como vicepresidente de CAMMESA, y a lo largo de su gestión en la Secretaría fue tomando distancia de algunos funcionarios clave que respondían a La Cámpora, como Federico Basualdo, quien en junio de 2021 logró desplazarlo de su cargo. En agosto de ese mismo año, Alberto Fernández lo rescató al designarlo como asesor ad honorem en temas energéticos y con esa tarjeta en la mano permaneció en los hechos al frente de la Secretaría de Energía hasta que Martínez fue desplazado en agosto de 2022. Finalmente, Martínez no logró su sueño de ser candidato a gobernador y tuvo que conformarse con ser primer candidato a diputado provincial, cargo para el que fue electo en abril de este año.   

Ley de Hidrocarburos y renuncias

El 15 de septiembre de 2021 el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley destinado a incrementar la producción de hidrocarburos y generar mayores saldos exportables para sumar divisas. “Hemos decidido dar certezas garantizando 20 años de estabilidad en materia fiscal”, aseguró el mandatario. El objetivo de la norma era restablecer la confianza de los inversores. Sin embargo, apenas terminó el acto el ministro del interior, Wado De Pedro, presentó su renuncia testimonial junto con otros 10 funcionarios kirchneristas para tratar de forzar al presidente a introducir cambios en el gabinete luego de la derrota en las elecciones legislativas. Esa misma mañana, De Pedro se había reunido de manera remota con inversores extranjeros en el Council para transmitir confianza en el gobierno. Allí había hablado sobre la necesidad de trabajar para lograr “una Argentina normal”.

La pelea por los gasoductos

Las internas dentro del gobierno también se evidenciaron al momento de decidir qué gasoducto convenía construir para llevar la producción de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos y reducir la importación de combustibles. En agosto de 2021, la Secretaría de Energía, al mando entonces de Darío Martínez, informó que tenía previsto avanzar con la licitación para ampliar el gasoducto Centro-Oeste, que conecta Neuquén con Buenos Aires por la zona centro del país. En la industria del gas, algunos apodaban a esa iniciativa como proyecto Temperley en referencia al equipo de fútbol del sur del conurbano, que suele adaptarse a la adversidad para dar pelea con un presupuesto ajustado. Una de las ventajas de ese plan era que la repotenciación del sistema Centro-Oeste se podía realizar de manera modular, con obras de menor tamaño y mayor autonomía entre sí. Además, permitiría comenzar a reemplazar el gas proveniente de Bolivia, que ya estaba declinando de manera acelerada.

Casi al mismo tiempo, directivos de Ente Nacional Regulador del Gas y referentes del Instituto del Patria, el espacio que se referencia con la vicepresidenta Cristina Fernández, dejaron trascender entre empresas productoras y transportistas que se estaba evaluando financiar la construcción de un nuevo gasoducto troncal capaz de unir Tratayén con Salliqueló y Salliqueló con San Jerónimo por el sur el país para el cual se destinarían los 550 millones de dólares que había recibido Enarsa del impuesto a las grandes fortunas. Este proyecto era una especie de PSG francés frente al modesto proyecto Temperley

Si bien el potencial de generación de gas de Vaca Muerta podía justificar las dos obras, la iniciativa evidenciaba una vez más la falta de coordinación existente dentro del área energética, pues estaba claro que resultaría difícil que en el contexto de restricciones presupuestarias se pudiera terminar avanzando con ambos proyectos al mismo tiempo. Finalmente, el cristinismo se impuso y se decidió avanzar con el gasoducto troncal, bautizado Néstor Kirchner, en torno al cual también hubo numerosas internas, pero finalmente se logró terminar y poner en funcionamiento durante este año. El problema fue que la reversión del Gasoducto Norte quedó postergada por motivos presupuestarios y recién ahora estaba comenzando a avanzarse, pero es difícil que, en medio de la crisis actual, pueda estar terminado para 2024.

La politización de YPF

Luego de la expropiación de YPF en 2012, el gobierno de Cristina Fernández buscó llevar adelante una gestión profesional de la mano de Miguel Galuccio. Sin embargo, al volver al gobierno como vicepresidenta, fue mucho más flexible con ese precepto y comenzó a poblar la compañía de militantes sin conocimiento del área energética. El caso más evidente fue el de Pablo González, designado presidente de la compañía en febrero de 2021 pese a no tener ningún antecedente relevante en el sector. De hecho, quienes por entonces difundieron su curriculum se esforzaron para destacar su paso como director de Distrigas Sociedad Anónima en 1994, único empleo vinculado a la energía. 

Al frente de la Fundación YPF, un lugar clave por los fondos millonarios que administra, el cristinismo puso a Ofelia “Pipa” Cédola, una abogada neuquina que fue mano derecha de Carlos Zannini como subsecretaria adjunta de la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y se la conocía por haber sido la celestina de Néstor y Cristina, a quienes los presentó en la Ciudad de La Plata en 1974.

Otro ejemplo fue el de Santiago Carreras, un hombre cercano a La Cámpora que fue designado como gerente de Asuntos Institucionales y Públicos de YPF, puesto desde el que en noviembre de 2020 se encargó de cerrar un acuerdo con Lionel Messi para promocionar a la petrolera estatal, la cual por entonces atravesaba una de sus peores crisis. En el área de comunicación también desembarcaron Santiago “Patucho” Álvarez y Desiré Cano, dos militantes de La Cámpora, que se ocuparon de la relación con los medios de comunicación. La llegada de Federico Basualdo como presidente de YPF Gas, luego de su desplazamiento de Economía, constituyó otro ejemplo del uso político de los recursos de la empresa.

El interventor efímero de Edesur

En marzo de este año, en medio de los cortes de luz que afectaron a miles de usuarios que afectaron a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, el gobierno dispuso la intervención administrativa de Edesur y designó a Jorge Ferraresi al frente de esa tarea por un período de 180 días para elaborar un plan de obras prioritarias y fiscalizar su ejecución. Sin embargo, 46 días después de haber asumido Ferraresi renunció a su cargo. “La certeza del deber cumplido”, tuiteó de manera insólita al comunicar su decisión.

“Cuando asumimos la intervención administrativa de Edesur se nos encomendó fiscalizar y elaborar un plan de obras en su área de concesión. Trabajando con los intendentes, intendentas y el ENRE, lo hicimos en un mes”, agregó luego, pese a que cerca del 80% de las obras ya habían sido propuestas por la propia distribuidora en la audiencia pública realizada en enero. Por lo bajo, trascendió que el intendente de Avellaneda había dejado el cargo porque no estaban asegurado los fondos para garantizar el inicio de los trabajos.

Desabastecimiento de combustibles

Uno de los últimos problemas que enfrentó el gobierno fue la crisis de abastecimiento de combustibles. Los faltantes comenzaron a registrarse en las provincias a principios de octubre y se extendieron y agudizaron en los días previos a la votación de la primera vuelta, cuando se especulaba con un aumento posterior a las elecciones. La explicación por lo ocurrido abarca a una multiplicidad de factores, entre los que sobresalen el atraso de los precios en el mercado local, la escasez de dólares para importar y la falta de coordinación entre las distintas dependencias públicas.

EconoJournal informó el miércoles 4 de octubre de 2023 que a fines de septiembre YPF le había pedido al Banco Central los dólares para importar 5 cargamentos de gasoil y uno de nafta, pero la solicitud fue rechazada. La autoridad monetaria confirmó a este medio la negativa, pero se limitó a informar que eso se debió a que “YPF no cumplió con el régimen informativo previo”. Desde el gobierno luego ampliaron la información al asegurar que YPF se había comprometido con el ministro de Economía, Sergio Massa, a no demandar más dólares oficiales hasta fin de año y prefinanciarse con divisas generadas por sus propias exportaciones, pero no cumplió. Más allá de quien tuviera la razón en ese intercambio, lo cierto es que con la demanda creciendo fuerte, los precios congelados y las refinerías de Luján de Cuyo y Ensenada con paradas técnicas, la crisis parecía cada vez más cerca y se terminó de concretar mientras los funcionarios se echaban la culpa unos a otros.