El gobierno nacional prorrogó por un año más el plazo para consensuar con las empresas de gas y electricidad una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), según la resolución 815/22 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además, extendió durante dicho lapso las intervenciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Luego de tres años sin haber registrado avances, es difícil que el presidente Alberto Fernández vaya a resolver esta cuestión en su último año de mandato. Por lo tanto, lo más probable es que sea el próximo gobierno el encargado de negociar con transportistas y distribuidoras.
En diciembre de 2019 el Congreso aprobó la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En el artículo 5 de ese texto se autorizó al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días e iniciar un proceso de revisión tarifaria integral. Como parte de ese proceso, en el artículo 6 se facultó al Ejecutivo a intervenir administrativamente los entes reguladores. Los decretos 277/20 y 278/20, publicados en marzo de 2020, consumaron esas intervenciones, que inicialmente estaban previstas hasta fin de ese año y luego se fueron prorrogando periódicamente.
En diciembre de 2020 se determinó a través del decreto 1020/20 el inicio de la renegociación de la RTI, fijándose un plazo de 2 años para concluir ese proceso. Durante esos dos años, los interventores de los entes reguladores no evidenciaron ningún avance. La principal responsabilidad por esta inacción recae sobre el ex interventor de Enargas, Federico Bernal, y la ex interventora del ENRE, María Soledad Manin, quienes fueron desplazados de sus cargos a mediados de este año. Los interventores que ahora tienen a cargo esa negociación son Osvaldo Pitrau en Enargas y Walter Martello en el ENRE.
Durante los últimos dos años ha estado vigente un régimen de transición tarifaria que habilitó al gobierno a avanzar con aumentos en las tarifas de transporte y distribución de luz y gas, así como en la quita de subsidios que se está llevando adelante como parte de la política de segmentación. Mientras tanto continúa pendiente la negociación que ponga fin a los reclamos cruzados que comenzaron luego de que Mauricio Macri incumplió en 2019 la RTI firmada durante su propio gobierno, incumplimientos que luego se extendieron al gobierno de Alberto Fernández.
