El interventor de Enargas, Federico Bernal, cuestionó el martes en la apertura de la audiencia pública del gas la visión fiscal que predomina al momento de analizar cuáles deben ser las tarifas de servicio público. Aseguró que la energía es un derecho social equiparable a la salud y la educación, pero no se lo juzga con los mismos parámetros. De ese modo, defendió la necesidad de garantizar tarifas justas, razonables y asequibles, independientemente de los costos presupuestarios que eso implique. 

El regreso de las pizzas

“¿Por qué nadie se pregunta en términos de “pizzas” lo que se paga por la salud en un hospital público? ¿Por qué nadie se pregunta en términos de “pizzas” lo que se paga por la educación en el sector público?”, sostuvo en clara referencia a la frase del ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, quien a fines de 2015 defendió el aumento de tarifas del gobierno de Mauricio Macri al remarcar que era equivalente a solo dos pizzas.

“¿Qué es lo que subyace detrás de esta forma de razonar la energía? La Energía disociada de otros derechos sociales y derechos humanos. ¿Por qué las pizzas y el enfoque neoliberal con la energía y las tarifas de los servicios públicos de luz y gas, si los subsidios a la energía son uno de los ítems del gasto que se agregan a todos los demás y, en una mirada economicista, contribuyen al déficit como cualquiera de ellos?”, agregó el interventor.

Bernal llegó incluso a plantear que en 2015 los subsidios a la energía representaban el 3% del PBI, mientras que sostener la educación y la salud cerca del doble y la previsión social 3 veces más. ”¿Por qué entonces no se computa y critica el impacto de la salud y la educación en el PBI, auscultándolo con lupa como suele hacer, ya enfermizamente, cierto sector de la prensa argentina con la energía y las tarifas de los servicios públicos? ¿Por qué no se propone, como sí con la energía y las tarifas, eliminar o reducir drásticamente los subsidios a la salud pública, a la educación pública, a la ciencia y a la tecnología?”, remarcó, pese a que también hay quienes históricamente le han apuntado a esos otros sectores.

Falta de coordinación

En una audiencia pública convocada para poner en consideración el Régimen Tarifario de Transición con el que aparentemente se busca salir del congelamiento de precios, Bernal terminó formulando una clara reivindicación del acceso a la energía como un derecho social y, por lo tanto, del Estado como encargado de garantizar ese derecho, cueste lo que cueste.  

El problema es que ese mismo Estado que supuestamente tiene que garantizar el acceso a la energía con subsidios cerró 2020 con un déficit primario de 6,5% del PBI, un déficit financiero de 8,5% del PBI y una negociación abierta con el Fondo Monetario Internacional para tratar de renegociar un crédito de 44.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, pareciera ser uno de los pocos dentro del gobierno consciente de estos condicionamientos. “Que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, o en la forma de impuestos, o se toma deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir y esa emisión en la economía argentina termina presionando sobre el tipo de cambio”, declaró a principios de febrero en C5N ante una audiencia que revindica los subsidios, pero a veces pierde de vista que al final siempre hay alguien que paga la cuenta.

Las diferencias al interior del gobierno sobre cómo gestionar el sector energético son evidentes y no está mal que existan, pues enriquecen la perspectiva al momento de tomar decisiones. Sin embargo, en este caso van un paso más allá y se traducen en una falta de coordinación preocupante. Se supone, por ejemplo, que una vez que el gobierno convoca a la audiencia pública ya definió las directrices centrales de su política y decide exponerlas para que los distintos actores de la sociedad civil puedan acercar sus puntos de vista.

En este caso, en cambio, Bernal abrió la audiencia con un planteo diferente al de Guzmán, al quien no mencionó ni siquiera una vez durante su discurso, y entre los expositores del encuentro estuvo la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien se manifestó en contra de cualquier tipo de aumento y calificó a los neokeynesianos, corriente en la que se referencia Guzmán, como la “versión más edulcorada” del ideario monetario neoliberal.

No hay que olvidar además que el mismo día que Bernal reivindicó en la audiencia pública a la energía como un derecho social garantizado en la Constitución Nacional y un insumo clave para promover el desarrollo, la petrolera controlada por el Estado Nacional aumentó los precios de los combustibles un 7% en todo el país, acumulando una suba de casi 50% en siete meses.

Está a la vista que en algunas cuestiones se avanza sin coordinación alguna y en otros temas la falta de coordinación demora la toma de decisiones y conspira contra la efectividad de la política. Esto último se pudo observar en la discusión interna en torno a la definición del Plan Gas y vuelve a evidenciarse ahora con las tarifas de servicio público.

El plan inicial de Guzmán era autorizar un aumento a partir de enero, pero los tironeos internos fueron postergando la decisión y ahora podrían terminar descongelándose los precios en la antesala del invierno y a pocos meses de las elecciones.

Perspectiva integral

Es cierto que los ciudadanos argentinos tienen derecho a una salud, una educación y una jubilación dignas y también deben tener acceso a la energía, pero no es menos cierto que desde hace tiempo el Estado tiene serias dificultades para garantizar todos esos derechos.

Es por eso que, además de reivindicar el derecho a la energía, retrotrayéndose hasta el Código de Hammurabi, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, también se tienen que tener en cuenta la evolución de aquellas variables que pueden ayudar a garantizarlo, tales como la producción de hidrocarburos, la balanza comercial y la salud de las cuentas públicas.

Tampoco hay que perder de vista que el sector energético en Argentina está controlado mayoritariamente por empresas privadas que operan con ánimo de lucro y toman en cuenta el costo de oportunidad al momento de decidir sus inversiones.

No considerar todos estos condicionamientos, siquiera para transformarlos, es una forma de asomarse al abismo.