El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió el miércoles en Washington con directivos de las empresas que integran la Cámara de Comercio de Estados Unidos y dejó un mensaje específicamente dirigido a las petroleras de origen norteamericano que están presenten en Vaca Muerta, como Chevron y ExxonMobil. En la reunión, el titular del Palacio de Hacienda señaló el gobierno reactivará la operatoria del esquema de beneficios económicos, impositivos y cambiarios establecido por el Decreto 929/2013 firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, según indicaron a EconoJournal dos fuentes privadas que participaron de la convocatoria.
El derrotero oblicuo de esa normativa se convirtió en un problema para el Estado. El Decreto 929, la primera regulación que incentivó el desarrollo de Vaca Muerta, fue la herramienta que creó la administración de CFK para traccionar la inversión conjunta de Chevron con YPF en Loma Campana, el yacimiento insignia de shale oil en el país.
En términos generales, la norma otorgó a las petroleras una serie de beneficios después del quinto año de iniciada a la inversión en un campo no convencional. El problema fue que, al llegar ese momento (en el caso de Chevron, a mediados de 2018), el Estado argentino incumplió lo escrito y no autorizó que ninguna empresa acceda a los incentivos prometidos. Este medio enumeró los detalles de esa situación irregular en una nota publicada en enero de 2020.
Massa piensa que es inverosímil que la industria petrolera recupere la confianza en el gobierno y acelere inversiones en Vaca Muerta y en infraestructura de transporte y evacuación de hidrocarburos si primero no soluciona el pasivo regulatorio generado por el incumplimiento del Decreto 929, que a su vez es la piedra basal que luego dio origen a la Ley 27.007 (sancionada en 2014).
¿Cuáles son los beneficios en cuestión?
La norma habilita a exportar el 20% de su producción de crudo y gas sin retenciones y disponer libremente de las divisas generadas por esas ventas.
Chevron es la principal perjudicada por la inaplicación de la normativa. La petrolera norteamericana —que además de ser accionista de un 50% de Loma Campana está llevando adelante un incipiente desarrollo en Vaca Muerta en el área El Trapial, un viejo campo convencional que ahora será reexplotado en forma de shale— está en condiciones de recibir los beneficios previstos por la norma desde más de cuatro años. Por eso, si bien hasta ahora trató de resolver el diferendo en el terreno administrativo y no llevó el reclamo a la Justicia, las acreencias a su favor son millonarias.
Las esquirlas de la implementación fallida del Decreto 929 involucran también a otro actor de peso a nivel internacional que en los últimos días ganó protagonismo. Se trata de Petronas, la petrolera malaya que la semana pasada firmó un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con YPF para evaluar la factibilidad técnico-económica de construir una terminal de licuefacción de Gas Natural Licuado (LNG) en un puerto argentino sobre el Atlántico.
Condición necesaria
Si bien la carta de intención con YPF supone un entendimiento germinal que, pese al despliegue con el que el gobierno anunció el acuerdo, recién está dando sus primeros pasos y se requerirá de al menos un año para definir si se avanza o no con la inversión, resulta impensable que Petronas decida financiar un proyecto millonario de LNG si primero el Estado no da respuesta al reclamo por la imposibilidad de acceder a los incentivos establecidos por el Decreto 929.
Al igual que Chevron, la petrolera malaya se asoció con YPF en 2014 para explotar de manera conjunta un bloque en Vaca Muerta. Desde entonces, la compañía asiática lleva invertidos más de US$ 1000 millones en el desarrollo de La Amarga Chica, un área contigua a Loma Campana, el campo de Chevron. Ambos bloques —junto con Bandurria Sur— conforman la zona core de shale oil operada por YPF en Vaca Muerta.
En esa clave, no es extraño que este jueves el propio Pablo González, presidente de la petrolera controlada por el Estado, haya decidido visibilizar sin que nadie le haya preguntado la situación irresuelta del Decreto.
“La Ley 27.007 fue una buena Ley. Todo el régimen del no convencional que nacen a partir de esa norma. Quedan algunas cuestiones por resolver. Nosotros estamos mañana (por hoy viernes) en Houston y tendremos algunas reuniones con las compañías petroleras con el ministro de Economía y seguramente se va a hablar del Decreto 929. Tenemos que tener seguridad jurídica y aprender que las inversiones van a venir de la mano de ese cumplimiento”, expresó el directivo en un seminario organizado por la Universidad Austral.
Línea de acción
Las fuentes privadas consultadas por este medio negaron conocer qué solución podría encontrar Economía para subsanar una deuda que involucra montos millonarios que hoy el Estado no posee.
Una de las opciones, analizó el directivo de una empresa, podría ser dictar una nueva resolución reglamentaria del Decreto 277/2022, una norma similar al Decreto 929 diseñada por Demian Pañigo, un asesor del ex ministro Martín Guzmán que continúa en el Directorio de YPF, que establezca una especie de borrón y cuenta nueva y autorice a partir de ahora a las petroleras beneficiadas por el primer decreto a concretar un porcentaje de sus exportaciones (podría ser un 20% como fijó el Decreto 929) sin retenciones e incluso a liquidar las divisas obtenidas por esa venta fuera del país.
Massa podría dar mayores detalles de ese esquema esta mañana cuando participe de un desayuno de trabajo con representantes de la industria de Oil&Gas en el Baker Institute de Houston, un centro de estudios que nuclea a empresas de energía y servicios con base en Texas.
