Senadores que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están discutiendo en comisión un proyecto de ley para ampliar el ámbito de intervención de Enarsa al negocio del litio, el hidrógeno, los desarrollos hidroeléctricos y todo tipo de proyectos con energías renovables. La oposición cuestiona la iniciativa mientras algunos gobiernos provinciales miran con desconfianza.

El proyecto también propone volver a llamar a la compañía Energía Argentina (Enarsa) en lugar de Integración Energética Argentina (IEASA). Sin embargo, eso ya no hace falta porque el pasado 6 de mayo, mediante asamblea extraordinaria de accionistas, la Secretaría de Energía reestableció el nombre original de la compañía.

Si la iniciativa se aprueba, la compañía estatal podrá adquirir concesiones y celebrar contratos de explotación con las autoridades mineras competentes para el emplazamiento de proyectos de extracción de litio, desarrollar y fabricar tecnologías para la generación de hidrógeno e involucrarse en proyectos hidroeléctricos.

Se establece la posibilidad de que pueda ejecutar proyectos y obras para la extracción, industrialización y comercialización de litio en los salares y minas, considerando a ello como una instancia crucial por “su utilidad para la fabricación de baterías que almacenen energías renovables y por el aprovechamiento soberano del recurso en función de las propias necesidades, que excede el carácter meramente comercial de la materia prima”.

Como parte de estos cambios se prevé que la empresa tenga la facultad de realizar la prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería. Incluso desarrolle y fabrique tecnologías para la generación de hidrógeno tanto a partir de gas y fuentes hidrocarburíferas (hidrógeno gris) como así también mediante la electrólisis de las energías solar y eólica (hidrógeno verde).

También ratifica que Enarsa tendrá participación en el estudio, exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos sólidos, líquidos y gaseosos. A su vez, puede involucrarse en el transporte, almacenaje, distribución, refinación, comercialización e industrialización de esos hidrocarburos y sus derivados.

El texto plantea además que la compañía se responsabilice de la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, sea esto por cuenta propia- siguiendo con la Ley 17.319- o a través de una autorización, licencia o concesión otorgada. De modo que la Sociedad pueda procesar, permutar, importar o exportar gas natural.

Respecto a la energía eléctrica, se pretende que la empresa estatal se encargue de generarla y comercializarla. Allí se incluye a la energía proveniente de los aprovechamientos hidroeléctricos binacionales e interconexiones internacionales y las centrales térmicas que tiene a su cargo.

Además, se explica que podrá desarrollar y fabricar tecnología para el emplazamiento de proyectos que permitan generar este tipo de energía a partir de fuentes renovables como eólica y solar, en donde podrá asociarse con institutos científicos y técnicos, empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. En ese sentido se argumenta que esto “permitiría que el Estado nacional ejecute obras de infraestructura de carácter estratégico para el bienestar de toda la población”.

Evitar el vaciamiento

Bajo la iniciativa de ampliar las funciones de la empresa estatal se comprende también que será fundamental proteger los activos de la misma y evitar “la venta indiscriminada, el vaciamiento premeditado y la realización de negocios a espaldas de los argentinos”.

Por esta razón se establece que los activos de los que la compañía sea propietaria “sólo podrán ser enajenados, con autorización expresa del Congreso de la Nación, por medio de una ley que establezca las condiciones bajo las cuales se procederá a su venta, individualizando el bien mueble, inmueble objeto de la misma, así como también especificando todas las circunstancias y condiciones particulares de la operación”.

¿Qué plantea la oposición?

En referencia a todo lo expuesto, el sector opositor cuestionó el énfasis del proyecto en cuanto al litio sugiriendo que el mismo debería estar sujeto a una reglamentación. Además, aseveró que en el sector minero el proyecto genera inquietud por parte de las provincias sobre la intervención del Estado en cuanto al uso de los recursos dentro de su territorio y su poder de decisión.

Por otra parte, dentro de la iniciativa se explica que Enarsa tendrá prioridad para la adquisición de concesiones para el aprovechamiento de centrales térmicas e hidroeléctricas, operación y comercialización de la energía eléctrica producida por estas. Respecto a eso, senadores de Juntos por el Cambio cuestionan esta facultad prioritaria de Enarsa. Consideran que ello puede significar un desincentivo hacia las empresas privadas ya que esto significaría para la compañía estatal una prioridad absoluta, dado que el año próximo vencerán las concesiones hidroeléctricas, que se dieron en los ’90, de Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Los fundamentos del proyecto

En el documento presentado se expone que Enarsa fue creada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner con el objetivo de poner marcha el Plan Energético Nacional a fin de vincular el Sistema de Interconexión (SADI) a 10 provincias y regiones que hasta 2003 no accedían a electricidad, en donde se logró brindar servicio a 4.6 millones de hogares. En ese sentido, se argumenta que ello alzó a la energía como una herramienta de justicia social y que colocó a la política energética en el centro de un proceso de desarrollo industrial y tecnológico, con formación de técnicos, profesionales y generación de empleo de calidad.

A su vez, se agrega que el rol de Enarsa fue fundamental para la integración energética regional, con Bolivia para el aprovisionamiento de gas, con Brasil, Paraguay y Uruguay para la comercialización de la electricidad producida de las interconexiones binacionales y de la hidroelectricidad producida por Yacyretá y Salto Grande.

En el texto, se hace alusión sobre la política energética del gobierno de Mauricio Macri en donde se afirma que Argentina “se subordinó a las necesidades financieras de los grupos económicos concentrados, para lo que se dispuso una reestructuración y reorganización de las empresas con participación estatal mayoritaria vinculadas al sector energético”.

En esa línea se advierte que, en ese periodo, mediante el decreto 882/17, se resolvió fusionar a Enarsa con EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A) y sustraerla de todos sus activos estratégicos mediante su privatización y venta espuria, así como la modificación de la denominación social.

Por lo tanto, se afirma que ahora el oficialismo “ha decidido elevar la política energética como instrumento de desarrollo social y económico, para lo cual es imprescindible retomar la línea programática original de Enarsa, y adecuarla a las necesidades actuales y futuras del sector energético”.

También se plantea el rol de la empresa pública en la transición energética y los desafíos que la misma propone en términos de reconversión total de la infraestructura. Es por eso que se propone la participación del Estado en el sector energético mediante del fortalecimiento de Enarsa para brindar suministro seguro “a través de la diversificación de la matriz energética y la fabricación de tecnología propia para alcanzar el autoabastecimiento y el crecimiento económico”.

En ese sentido, la oposición sostiene que para lograr esto se precisará la generación de tecnologías industriales de origen nacional a fin de evitar las importaciones y de este modo travesar la transición.