El Tribunal de Cuentas de la Unión aprobó este miércoles el plan de capitalización de Eletrobras, la principal compañía de generación y transmisión eléctrica de Brasil. El plan supone la emisión de nuevas acciones para reducir la participación accionaria estatal en la compañía, dando lugar a una privatización parcial. La expectativa del gobierno es concretar la capitalización en junio. Si lo consigue, el presidente Jair Bolsonaro lograría la privatización más significativa de su mandato y de cara a las elecciones presidenciales de este año. En la agenda del gobierno también figura el proyecto para la expansión del mercado libre eléctrico.

El plan de capitalización de Eletrobras impulsado por el gobierno y aprobado a mediados del año por el Congreso brasileño requería de la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado. Finalmente, el TCU aprobó ayer el plan por siete votos a favor y uno en contra. “Por 7 votos a 1, declaro vencedora la propuesta” de capitalización, dijo la jueza y presidenta del TCU, Ana Arraes.

Los ministros del tribunal evaluaron los parámetros del rango de valor para cotizar las acciones que serán ofrecidas al mercado. El aval del TCU es para los mercados el principal factor de riesgo para la capitalización de Eletrobras. El resultado de ayer allana el camino para la privatización. El objetivo del gobierno es liquidar el control de la empresa estatal para principios de julio.

Creada en 1962, Eletrobras es la empresa líder en generación eléctrica y transmisión de Brasil. Concentra el 29% de la capacidad de generación eléctrica y es dueña de unos 76.000 kilómetros de líneas de transmisión. Más del 90% de sus activos de generación son de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, siendo principalmente centrales hidroeléctricas y en menor medida centrales nucleares.

Expectativa

Mediante la emisión de nuevas acciones el gobierno busca reducir la participación estatal en el capital de Eletrobrasdel 72% al 45%, según analistas de la propuesta oficial. La expectativa oficial es recaudar hasta 67.000 millones de reales, o unos US$ 13.500 millones al tipo de cambio vigente. El Tesoro se quedaría con 25.000 millones de reales y el resto sería destinado a programas públicos.

El gobierno intentará comenzar a vender las acciones de Eletrobras en el transcurso de las próximas tres semanas. El Ministerio de Economía busca completar la operación antes del 21 de junio para evitar realizar su oferta durante el verano en el hemisferio norte, un momento del año en el que suele haber menos liquidez para este tipo de operaciones.

Existe la posibilidad de que el proceso de capitalización quede trunco por demandas judiciales que deriven en alguna medida cautelar. No obstante, hasta el momento no prosperó ninguna de las objeciones a esta operación presentadas ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. En el gobierno entienden que el aval del TCU allana definitivamente el camino para la capitalización.

También busca concretar la misma lo antes posible de las elecciones presidenciales de octubre. Bolsonaro metió de lleno su política de privatizaciones en la campaña electoral brasileña para rivalizar con Luiz Inácio Lula da Silva, su principal competidor. Hace unos días el presidente designó a un nuevo ministro de Minas y Energía para comenzar los estudios de privatización de Petrobras, la petrolera de bandera.

Lula criticó el intentó de privatizar la compañía. “Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde buena parte de su soberanía y seguridad energética”, dijo el ex presidente ayer en redes sociales. “Las facturas de electricidad serán aún más caras, pero los que no saben gobernar tratan de vender empresas estratégicas, más aún apresurándose a vender en liquidación”, agregó.

Voto en contra

El único voto en contra del plan de capitalización en el Tribunal de Cuentas fue el del juez Vital do

Rêgo, que considera que el gobierno subestima el valor de la empresa.

El juez dijo haber detectado irregularidades que podrían representar pérdidas por hasta 46 mil millones de reales para el Estado si avanza con la operación. La principal irregularidad fue detectada en Eletronuclear, la empresa subsidiaria de Eletrobras dueña y operadora de las centrales nucleares brasileñas.

El eje del cuestionamiento son los dividendos adeudados por Eletronuclear y cómo esto repercutiría sobre el control final de las centrales nucleares. Según el juez existen inexactitudes en los estados financieros de las empresas, con cerca de 2,7 mil millones de reales en dividendos no pagados por Eletronuclear a Eletrobras desde 2010. Esto generaría pérdidas al Estado si el gobierno avanza con la privatización de Eletrobras.

También supone un conflicto legal por la propiedad de las centrales nucleares, que por ley deben estar bajo control público. En septiembre el gobierno creó ENBpar, una empresa estatal a la que transferirá las centrales nucleares y la parte brasileña de Itaipú, la represa binacional con Paraguay. “En otras palabras, la empresa dejó de pagar dividendos. De acuerdo con la ley, estos dividendos se convertirán en acciones. En ese ámbito, los dividendos devengados y adeudados por Eletronuclear anulan la asunción del control accionario de ENBPar sobre Eletronuclear, resultante de la reestructuración societaria”, marcó do Rêgo en su fallo.

La consecuencia sería que una Eletrobras bajo control mayoritariamente privado pasaría a tener un control accionario predominante sobre ENBPar, lo que supone un conflicto legal con la ley 14.182 que establece que Eletronuclear debe seguir siendo controlada por el poder público. Según el ministro, esto favorecería el acceso del sector privado a informaciones tecnológicas relacionadas con las actividades nucleares.

Además habló sobre irregularidades en la valoración de Itaipú, con supuestos que habrían llevado a una importante subvaloración de la participación de Brasil en la empresa binacional. El juez argumentó que la valoración tiene que estar basada en el flujo operativo de la planta, lo que no se habría hecho, y que ese cálculo tiene un impacto directo en el precio de la acción durante el proceso de capitalización.

Mercado libre

La privatización de Eletrobras esta en sintonía con la intención del gobierno de aprobar el proyecto de ley de modernización del mercado eléctrico brasileño, que se espera que sea tratado por la Cámara de Diputados en los próximos días.

El proyecto de Ley 414/2021 prevé la apertura del mercado libre de energía a todos los consumidores del país en un plazo de 42 meses a partir de su sanción. En Brasil existen el mercado libre y el mercado regulado de energía. Al primero solo tienen acceso hoy los grandes consumidores de energía, que son típicamente las industrias y los grandes comercios. En el mercado libre generadores y consumidores negocian libremente los precios de la electricidad. Esta opción no existe en el mercado regulado, en donde las distribuidoras son las que contratan la energía que entregan luego a los consumidores.

La Cámara de Comercialización de la Energía Eléctrica de Brasil asegurá que el mercado libre cuenta actualmente con 27.586 unidades consumidoras. Según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) existen 88,7 millones de unidades consumidoras en el mercado regulado.

Abraceel, la asociación brasileña de comercializadores de energía), señala que los precios de la energía en el mercado libre son hasta un 58% inferiores a los del mercado regulado. En promedio, la tarifa de energía en el mercado regulado es de R$ 430/MWh, mientras que el promedio en el mercado libre es de R$ 182/MWh.

El presidente de Abraceel, Rodrigo Ferreira, afirmó que existen “tres grandes eventos que liberarán energía para el libre mercado”: el desacoplamiento de las usinas de Eletrobras, la expiración en 2023 del acuerdo financiero entre Brasil y Paraguay sobre la energía generada por Itaipú, y la descontractualización de un volumen considerable de centrales térmicas. “Estos 3 elementos descontracturarán el 31% de la cartera de las distribuidoras”, dijo Ferreira.