A cuentagotas y sin precisar mayores detalles sobre qué criterios utilizará para retirarle totalmente los subsidios al 10% de los usuarios de gas y electricidad con mayores ingresos económicos, el gobierno avanza con módicos módicos hacia la segmentación de las tarifas de los servicios regulados. En esa clave, la Secretaría de Energía precisó que las personas a quienes se quite la subvención estatal pasarán a pagar 5,76 dólares por el gas natural. La cifra es tres veces más alta que la media que pagan hoy los hogares, que ronda los US$ 1,80 por millón de BTU. Así está explicitado en el informe público que elaboró la cartera que dirige Darío Martínez de cara a las audiencias públicas que se realizarán el 10, 11 y 12 de mayo a fin de actualizar los cuadros tarifarios de las distribuidoras de gas a partir del 1° de junio próximo.

“Para los usuarios que posean ingresos con capacidad plena de pago, el valor del PIST (precio de ingreso al sistema de transporte) a aplicar será el que resulte de cubrir el costo medio total de abastecimiento de gas estimado en U$S/MMBTU 5,76 equivalente a $/M3 25,24, con las adecuaciones que correspondan”, precisa el documento confeccionado por Energía. Si bien se publicó hace 10 días el párrafo pasó prácticamente desapercibido porque fue incluido a último momento. De hecho, la referencia al precio diferencial que deberán abonar quienes paguen la tarifa pleno se lleva apenas dos párrafos ubicados en la parte final del informe.

Pocas precisiones

Renglón seguido, la Secretaría advierte, sin embargo, que “atento a la dispersión presente de los valores del PIST para las diferentes regiones del país, por aplicación de la normativa vigente, y del impacto altamente desigual que ello tendría en las facturas de gas de los usuarios con plena capacidad de pago, teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad, el incremento del PIST aplicable a las facturas de los usuarios con plena capacidad de pago alcanzará como máximo al promedio de los incrementos del PIST calculado para las distintas regiones, excluidos los incrementos de menor y mayor valor”.

Habrá que esperar la reglementación final para entender el trazo fino de la implementación, pero en lo concreto, Energía estableció que el 10% de los usuarios residenciales que paguen la tarifa real del gas natural pasarán a abonar un precio similar al que se le cobra a los grandes usuarios industriales que adquieren el hidrocarburo directamente de los productores.

Si se tiene en cuenta que el precio del gas representa entre un 50% y un 60% de la factura residencial, un aumento del 200% en el PIST para las personas a las que se les retire los subsidios tendría un impacto de entre un 100% y un 120% en la factura final.  

Aún en estudio

El esquema tarifario que anunció hace algunas semanas la portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, consiste en aplicar desde junio una suba adicional del 22% para el 60% del total de los usuarios residenciales de gas natural. El aumento complementará el alza del 20% aplicada el 1° de marzo. El 30% de los usuarios que reciben tarifa social no recibirán ninguna suba adicional. En tanto que al 10% restante se le retirarán plenamente los subsidios por lo que, de materializarse la decisión del Ministerio de Economía, la suba de las facturas de gas partirá de una base del 100 por ciento.

Sin embargo, aún no están definidos los criterios técnicos que se utilizarán para seleccionar a ese 10% de los usuarios. Se utilizará un factor geográfico para concentrar la quita de subsidios en los barrios más pudientes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Pero la intención de Economía es cruzar esa base de datos con criterios que midan el ingreso económico de los usuarios. Eso es lo complejo.

“Hay un par de opciones y criterios pero la aplicación de uno u otro lo está trabajando la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico con el Ministerio y los entes y todavía deben terminar de definirlo. Se analiza desde un análisis inmobiliario, zona de residencia, hasta llegar al factor ingresos . En todos los casos tenemos sectores donde no hay datos y allí no queda otra que inferir, lo que siempre lleva a errores. No es simple”, admitieron fuentes cercanas a la Secretaría de Energía.