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Escrito de la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner
Parrilli rechazó el aumento adicional de tarifas que impulsa Alberto Fernández y el cristinismo se prepara para resistir el ajuste
Dom 20
marzo 2022
20 marzo 2022
El senador del Frente de Todos, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, no hizo uso de la palabra en la sesión en la que se aprobó el acuerdo con el FMI, pero luego insertó una exposición escrita donde cuestionó con dureza la negociación que llevó adelante el gobierno y también el aumento adicional de tarifas que impulsa. Dejó en claro el rechazo a que se busque validar ese incremento citando la ley 27.443 que el kirchnerismo promovió en 2018 para intentar ponerle freno a los ajustes de tarifas aplicados por el gobierno de Mauricio Macri.
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El senador Oscar Parrilli no hizo uso de la palabra en la sesión en la que se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero luego insertó una exposición escrita donde cuestionó con dureza la negociación que llevó adelante el gobierno. En ese largo documento la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner también la emprendió explícitamente contra la suba adicional de tarifas de luz y gas, que el ministro de Economía Martín Guzmán quiere aplicar a partir del 1 de mayo, y dejó en claro el rechazo a que se busque validar ese incremento citando la ley 27.443 que el kirchnerismo impulsó en 2018 para intentar ponerle freno a los ajustes de tarifas aplicados por el gobierno de Mauricio Macri. El dato hace prever que no será fácil instrumentar un nuevo incremento porque el cristinismo controla los entes reguladores que deben convocar a la próxima audiencia pública y trasladar el aumento a los cuadros tarifarios.

Polémica por la ley 27.443

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el presidente Alberto Fernández aseguró, con respecto a la actualización de tarifas, que “nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”.

A los dos días de ese anuncio la vocera presidencial Gabriela Cerrutti informó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto la suba será equivalente al 80% del CVS. En 2021 el CVS subió 53,4%. Por lo tanto, la suba este año no será del 20% como había querido imponer el cristinismo. Para los que tengan tarifa social será del 21,36% y para el resto trepará al 42,72%, salvo el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento sustancialmente mayor, pues dejarán de percibir subsidio al consumo energético.

En su escrito Parrili dejó en claro por primera vez el rechazo del cristinismo a que se validen los aumentos haciendo referencia a la ley 27.443. “Dicha norma fue dictada en un momento histórico determinado, que buscaba morigerar los efectos perniciosos de los aumentos tarifarios sobre la población. Aquel momento histórico no es este. No resulta posible, en atención a la realidad social que vive la población, actualizar en el 2022/2023 las tarifas de los servicios públicos para los usuarios residenciales en el orden del 42,72% y de los beneficiarios de tarifa social en un 21,36%”, aseguró. Como dato político, el rezonamiento de Parrilli evidencia que el cristinismo buscará bloquear la iniciativa del Ejecutivo.

Luego el senador del Frente de Todos fue más allá y remarcó que el ajuste adicional que impulsa Guzmán “seguirá generando expectativas inflacionarias a las ya actualmente existentes”. “Según la última medición del Indec, en el primer semestre del 2021 el 40,6% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza. Con estos guarismos, no hay capacidad social para absorber aumentos tarifarios como los proyectados. Y la norma invocada para fijar la fórmula de dichas actualizaciones fue pensada para morigerar los efectos de dichos aumentos, no para potenciarlos. Por eso, insistimos, se pretende aplicar a destiempo una ley que hubiera resultado de gran alivio para la sociedad en el momento de su sanción, que lamentablemente el veto de Macri lo impidió”, concluyó.

Reivindicación del congelamiento

En su escrito Parrilli recuerda también que mientras el equipo económico negociaba con el FMI el cristinismo mantuvo diferentes reuniones con ellos donde buscaron advertirles que era un error avanzar con el acuerdo que finalmente se selló. En ese momento deja en claro que la intención de la vicepresidenta era mantener las tarifas congeladas. «Opinamos que se debía solicitar de inmediato una suspensión de los pagos de los años 2022, 2023 y 2024 para no afectar las reservas del Banco Central, que había que tomar medidas para cuidar el excelente superávit comercial que estábamos teniendo durante estos años, que había que bajar las tasas de interés de las Leliq y Lebac y transformar ese dinero flotante en financiamiento para la producción y grandes proyectos de inversión que el país necesitaba, que en la deuda con los privados había que solicitar una quita importante de capital y mayores plazos de pagos, que no había que aumentar tarifas ni combustibles, que había que mejorar el salario real de los trabajadores y jubilados y pensionados, que había que tomar medidas para reducir y controlar la suba de precios injustificada y solo producto de la especulación, poner en marcha inmediatamente la licitación y construcción de un nuevo gasoducto, resolver las obras grandes y pequeñas paralizadas durante el macrismo, por ejemplo las Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Sta. Cruz, Chihuido en Neuquén, un nuevo esquema de concesión de la vía navegable troncal del Rio Paraná, etc. etc.», recordó.

«Tuvimos reuniones sin resultados concretos, ‘vamos viendo’ nos decían. Sentíamos que en verdad no nos escuchaban o que solo creían en lo que ellos estaban haciendo y que lo nuestro no servía», agregó.

Qué harán Bernal y Manin

Cerruti aseguró el 3 de marzo que a fines de abril se convocará a una nueva audiencia pública para validar este nuevo esquema tarifario que regirá durante 2022 y 2023. La gran incógnita ahora es que harán el interventor del Enargas, Federico Bernal, y la interventora del ENRE, Soledad Manin, luego de que Parrilli, alter ego de Cristina Fernández de Kirchner, explicitara su rechazo a los aumentos. Ambos interventores son los encargados de convocar a las respectivas audiencias públicas y luego actualizar los cuadros tarifarios, pero es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien los puso ahí y en los hechos le reportan a ella. ¿Van a defender la posición oficial o intentarán boicotearla en línea con los deseos de su jefa política?   

Parrilli no da pistas sobre la posición que asumirán los interventores, pero chicanea al gobierno al afirmar que ahora la última palabra la tendrá el FMI. «Pareciera que el lugar de la audiencia pública ha pasado a ser Washington. Ahora la audiencia pública para definir las tarifas de los servicios públicos será con el staff del FMI», concluyó.

Un comentario

  1. Grande Parrilli!!! El único que defiende el bolsillo de los pobres y los humildes. El único que se opone al aumento indiscriminado de tarifas para aumentar las arcas de los poderosos Techint, Pae, Pampa, Ypf, Eurnekian y todos los dueños de las distribuidoras de gas y electricidad que se la llevaron en pala. La electricidad y el gas debería volver al estado, y que se dejen de joder los privados corruptos

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