La invasión de las tropas rusas a Ucrania impactó de lleno en los precios de la energía, complicando al extremo un escenario que ya se presentaba difícil para la Argentina. La consultora Economía y Energía había proyectado en febrero que los subsidios podían llegar a crecer de 11.000 a 14.000 millones de dólares en 2022 por la combinación de una serie de factores como el aumento del precio del Gas Natural Licuado (LNG, según su sigla en inglés), la disminución del gas importado de Bolivia, una mayor depreciación del peso, la no recuperación de la oferta hidráulica por la persistencia de la sequía y un incremento de la demanda energética en un contexto de reactivación económica. Esa proyección tenía como supuesto una suba promedio de tarifas de luz y gas de solo 20%, aunque finalmente el ajuste será mayor, pero la cotización del LNG estaba estimada en 20 dólares por millón de BTU y también se quedó corta. Luego del estallido de la guerra en Ucrania la cotización alcanzó un pico de 100 dólares por millón de BTU el 7 de marzo. Economía y Energía precisó entonces que por cada 10 dólares por millón de BTU que aumente el costo de importación del LNG los subsidios a la energía se elevarán en 1626 millones de dólares. No obstante, más allá del impacto en el déficit, lo que no está claro es de donde saldrán los dólares para que el gobierno pueda garantizar el abastecimiento
de gas durante el invierno. 

La cuenta del LNG 

Argentina importó el año pasado 56 buques de LNG para garantizar el abastecimiento de gas en el invierno a un precio promedio de 8,33 dólares por millón de BTU. La factura por esas compras se acercó a los 1100 millones de dólares. 

En diciembre del año pasado, en el inicio del invierno boreal, los precios del LNG se dispararon hasta un pico de 60 dólares por millón de BTU por las tensiones entre Rusia y Europa Occidental en torno a Ucrania y por la mayor demanda proveniente de Asia. Esa disparada encendió todas las alarmas dentro de la estatal IEASA. 

La mayor producción de gas de Vaca Muerta todavía no permite sustituir importaciones porque los gasoductos que transportan el fluido hacia los grandes centros urbanos están operando a pleno. Una solución podría haber sido la construcción temprana del gasoducto Néstor Kirchner, pero la licitación recién se lanzó en febrero de 2022, pese a que el gobierno venía prometiendo una obra de esas características desde hace al menos un año.
A raíz de la demora, la obra con suerte estará lista para el invierno de 2023. Por lo tanto, las importaciones de LNG siguen siendo indispensables para garantizar el abastecimiento de gas en el invierno.  

A fines de enero, IEASA decidió licitar un solo barco para tantear los precios del mercado y lo terminó pagando a 27 dólares por millón de BTU,
el valor estaba muy por encima de los 6,5 dólares por millón de BTU desembolsados en marzo del año pasado. Por lo tanto, se decidió esperar
un poco más antes de comprar más barcos con la expectativa de que los precios bajaran.
Esa decisión terminó siendo un error porque la invasión a Ucrania lo llevó a 64 dólares por millón de BTU el 1 de marzo.

Economía y Energía estimó que con un precio del LNG de 40 dólares por millón de BTU, lo que el año pasado costo casi 1000 millones de dólares este año llegaría a costar 6500 millones de dólares y aclaró que por cada 10 dólares por millón de BTU que aumente ese costo el desembolso adicional será de 1626 millones de dólares. El cálculo no contempla un incremento en las cantidades importadas, pero en el gobierno estaban previendo a comienzos de año adquirir 74 cargamentos de LNG, 18 más que en 2021, debido al incremento de la demanda, aunque en este contexto es difícil prever que es lo que terminará haciendo IEASA. 

Algunos analistas afirman que el valor del LNG tendrá un piso de 30 dólares por el millón de BTU debido al conflicto en Ucrania y hay quienes no descartan que se estabilice en 40 dólares. Eso es porque varios países europeos buscan dejar de depender del gas de Rusia, país que el año pasado proporcionó el 31 por ciento de todas las importaciones de gas natural del viejo continente, según el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford (OIES). Si eso ocurre, la demanda de LNG crecerá todavía más, pero en el corto plazo no hay capacidad productiva para hacerle frente. 

Estados Unidos, Qatar y Rusia proporcionaron casi el 70 por ciento de las importaciones de LNG de Europa el año pasado, según la Administración de Información de Energética de Estados Unidos. Sólo Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de Europa en 2021, aportando el 26% de todo el LNG importado por la Unión Europea y en Enero de este año ese porcentaje trepó al 50%. Sin embargo, la principal potencia mundial no está en condiciones ahora de garantizar un mayor abastecimiento porque sus plantas de exportación están operando a pleno. En ese contexto, los países pujan por los cargamentos disponibles y elevan los precios a valores exorbitantes. 

El principal problema para Argentina no es el impacto que pueda tener en el déficit sino de donde va a sacar los dólares para pagar esas importaciones, en un contexto donde las arcas del Banco Central languidecen, pues no hay posibilidad de financiar esos cargamentos. Los proveedores solo concretan la descarga si el pago fue realizado.  

Más combustibles líquidos

La declinación de la producción de gas de Bolivia abrió otro frente de conflicto que terminará encareciendo todavía más importaciones de energía. En diciembre de 2021, IEASA e YPF Bolivia firmaron la quinta adenda al contrato original de 2006 de compra-venta de gas natural. En esa acta, que estuvo vigente durante todo 2021, Bolivia se comprometió a exportar a Argentina 10 millones de m3 diarios de gas entre enero y abril, 13 MMm3/día en mayo y septiembre, 14 MMm3/día en el trimestre que va de junio a agosto y 8 MMm3/día en el trimestre que va de octubre a diciembre. 

El problema es que el gobierno de Luis Arce ya anticipó que no va a poder cumplir con esos envíos durante este año. Inicialmente dejaron trascender que solo podrían garantizar 9 MMm3/día durante el invierno, un 35% menos que en el invierno pasado. Argentina apuesta a que por lo menos se le garanticen 12 Mm3/día. La negociación ahora entró en un cuarto intermedio hasta fines de marzo, pero lo cierto es que este año llegará menos gas proveniente de Bolivia. 

Los combustibles líquidos que deberán importarse para sustituir el gas boliviano son sustancialmente más caros. El gas de Bolivia cuesta unos 7,3 dólares por millón de BTU y el año pasado el gobierno argentino desembolsó unos 960 millones de dólares para pagar esa factura. Economía y Energía estimó que por los menores envíos este año se terminaría desembolsando solo 772 millones por el gas boliviano, pero la factura por la compra de gasoil y el fueloil se elevaría de 1181 a 1875 millones de dólares. 

El supuesto que está detrás de este último cálculo es un gasoil a 618 dólares por m3 y un fueloil a 600 dólares la tonelada, pero si el precio del crudo Brent se mantiene por encima de 100 dólares por barril esos valores terminarán siendo mayores y ya hay quienes estiman que esas importaciones de ambos combustibles líquidos podrían demandar en conjunto más de 2000 millones de dólares este año.

Tarifas

Una opción para desacelerar la suba de los subsidios es avanzar con el aumento de las tarifas de luz y gas. A fines del año pasado, el cristinismo se apresuró a instalar en los medios de comunicación que este año la suba iba a ser del 20%. Cerca de la vicepresidenta tenían claro que el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideraba insuficiente ese ajuste frente a una inflación proyectada del 50%, pero estaban convencidos de que una vez que la cifra se hiciera pública sería difícil para el funcionario desmentirla porque se exponía a una desautorización similar a la que enfrentó cuando el año pasado quiso desplazar al subsecretario de Energía Eléctrica que reporta a Cristina Fernández de Kichner y no pudo hacerlo, dejando expuesta su debilidad ante la opinión pública. Guzmán efectivamente dejó trascender que la suba había sido consensuada para evitar la confrontación interna, pero siguió trabajando en un esquema alternativo que incluyera un aumento adicional. 

Finalmente, al filo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional se anunció un incremento mayor al previsto. Los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80% del CVS del año anterior, con excepción del 10% de mayor poder adquisitivo a quien directamente se le dejará de subsidiar el consumo. En 2021 el CVS subió 53,4%. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto trepará al 42,72%, salvo el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento cercano al 200%. 

Lo insólito es que el gobierno ya había convalidado el aumento del 20% en audiencias públicas e incluso había publicado nuevos cuadros tarifarios días antes de que se anunciaran los cambios. Por lo tanto, se comunicó que a fines de abril habrá nuevas audiencias públicas para avalar este esquema que regirá durante 2022 y 2023.

Para justificar el giro en la política tarifaria se citó la ley 27.443 que Cristina Fernández de Kirchner había impulsado en 2018 para ponerles un techo a los aumentos tarifarios del gobierno de Mauricio Macri, aunque la iniciativa fue vetada por el entonces presidente. Aquel texto hacía referencia
a que las tarifas no podían aumentar por encima de la suba de los salarios, discurso que ahora hizo propio Alberto Fernández. Al apelar a esa ley buscan que los cristinistas no puedan cuestionar lo que ellos mismos votaron en 2018, aunque entonces el contexto era otro. La ley se había impulsado para frenar los aumentos y ahora se recupera para justificar una suba que más que duplicará la anunciada inicialmente para la mayoría de los usuarios, aunque es cierto que permanecerán por debajo de la inflación y de la suba de salarios. De este modo, no se reducirán los subsidios, pero al menos se atenuará la suba de los mismos. 

Economía y Energía había proyectado que los subsidios energéticos equivaldrían este año al 2,4% del PBI, luego de haber tocado un piso de 1,1% en 2019. El cálculo tomaba como supuesto una suba de tarifas de solo 20%, pero precios de la energía muy por debajo de los que se consolidaron luego del estallido de la guerra en Ucrania. El 2,4% todavía permanece por debajo del record de 2,8% alcanzado en 2014, pero en el corto plazo el problema principal no es el costo fiscal sino la falta de dólares para pagar la cuenta de la importación y garantizar el abastecimiento en el invierno. ×