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Lo confirmó la vocera del presidente
Al filo de la negociación con el FMI, Guzmán le tuerce la mano al cristinismo y las tarifas aumentarán más del doble de lo previsto
Jue 3
marzo 2022
03 marzo 2022
Los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80% del CVS del año anterior. En 2021 el CVS subió 53,4%. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto trepará al 42,72%, salvo el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento sustancialmente mayor.
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La vocera presidencial Gabriela Cerruti confirmó este jueves por la mañana en conferencia de prensa que las tarifas residenciales de gas y electricidad se segmentarán en tres grandes grupos: el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo dejará de recibir subsidios al consumo energético, los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80% del CVS del año anterior. Según el Indec, entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, el CVS pasó de 318,42 a 488,33 (+53,4%). Por lo tanto, para los beneficiarios de la tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto trepará al 42,72%, salvo el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento sustancialmente mayor. La funcionaria adelantó además que a fines de abril se convocará a una nueva audiencia pública para validar este esquema que regirá durante 2022 y 2023.

Tal como informó EconoJournal a fines de diciembre, la propuesta que había impulsado el cristinismo de aumentar las tarifas residenciales un 20% a lo largo de todo 2022 no contaba con el aval del Ministerio de Economía. La estrategia del ministro Martín Guzmán fue evitar la confrontación interna sobre ese tema, pero seguir trabajando en un esquema alternativo que terminó de cerrar al filo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Este giro en la política tarifaria deja al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, delegados del cristinismo en el área energética, en una posición de extrema debilidad luego de haber operado para que el aumento fuera solo de 20%. ¿Qué dirán en la próxima audiencia pública para defender un ajuste que terminará siendo de más del doble de lo previsto para la mayoría de la población?

Los detalles del acuerdo por tarifas

Durante su conferencia de prensa matinal, Cerruti leyó lo que se acordó con el FMI en lo que respecta a las tarifas:

“Atendiendo a la gran incertidumbre de los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios. En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que corresponden a cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión si correspondiere. Para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo el Coeficiente de Variación Salarial, como lo establecía la ley 27.443, frustrada por el veto total de la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023, una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago incentivando la adopción de medidas que induzcan el uso racional de los servicios”

Luego leyó los tres niveles que contempla la segmentación para el bienio 2022-2023:

a) Usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago. Según confirmó el presidente el martes, será el 10% del total.

b) Usuarios beneficiarios de tarifa social para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior.

c) Para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario  será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

“Durante los años 2022-2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo los incrementos aplicados durante todo el año calendario”, aclaró Cerruti.

Una interna política delirante

El 29 de diciembre del año pasado, el cristinismo salió a instalar en los medios de comunicación que en 2022 el aumento en las tarifas de luz y gas se ubicaría en torno al 20% para cerca del 80% de los hogares, mientras que el 20% de mayor poder adquisitivo debería enfrentar una suba sustancialmente mayor debido a la quita de subsidios, aunque no se precisó de cuánto podría llegar a ser ese ajuste.

El encargado de difundir esa versión, que no contaba con el aval de Guzmán, fue el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien el propio Guzmán intentó desplazar sin éxito a comienzos del año pasado.

Lo que buscó el cristinismo con esta acción de prensa fue primerear a Guzmán e instalar en la opinión pública que la suba tendría un tope del 20%. De este modo, al albertismo le sería difícil desandar ese camino sin dejar en evidencia una vez más el descalabro interno. La falta de coordinación explicó que el anuncio se haya filtrado inicialmente como un off the record sin que ningún funcionario haya salido a poner la cara y explicar la medida. Lo único que hubo fue un tweet del secretario de Energía, Darío Martínez, quien el jueves 30 de diciembre por la tarde escribió: “La corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”.

En aquella ocasión, EconoJournal informó que Guzmán no estaba al tanto de la jugada. Ante las consultas periodísticas posteriores, desde el Ministerio de Economía aseguraron que la decisión de salir a instalar que el aumento de tarifas iba a ser del 20% sí había estado consensuada, pero lo hicieron solo porque en todo momento tuvieron claro que era menos costoso políticamente para ellos decir que estaban al tanto que reconocer que no lo estaban. Es decir, se terminó avalando la jugada del cristinismo para no romper lanzas en ese momento.

En ese contexto fue que Basualdo y el interventor de Enargas, Federico Bernal, avanzaron con la convocatoria a audiencias públicas para convalidar la suba del 20%, mientras Guzmán siguió trabajando con un esquema alternativo que contemplaba incrementos mayores.

El cristinismo incluso filtró a comienzos de febrero una propuesta de segmentación tarifaria que preveía un aumento adicional al 20% anunciado solo para el 10% de mayores ingresos. Ese borrador que enviaron a los medios con un modus operandi similar al utilizado en diciembre comenzaba diciendo: «El aumento de tarifas de electricidad estipulado para principios de año será de hasta 20% en 2022 a nivel nacional y se aplicará por única vez en el año«,

La ley 27.443

Una vez cerrado el acuerdo con el FMI, se decidió presentar el nuevo plan tarifario y hacer referencia a la ley 27.443 para justificarlo, pese a que esa norma había sido impulsada en un contexto absolutamente diferente, cuando se quería poner freno a las subas de tarifas impulsadas por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“Nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”, aseguró Alberto Fernández el martes en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

-¿Lo de la ley 27.443 es la manera que encontraron para aumentar más del 20% sin que el cristinismo les pueda decir nada? –le preguntó EconoJournal ese mismo martes a una alta fuente del gobierno.

-Sí. –respondió el funcionario sin dar mayores detalles.  

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