¿Qué lugar ocupa Argentina en el mundo como país productor de energía? ¿Qué hace falta para vincular la soberanía nacional respecto de los recursos naturales con la tecnología necesaria para avanzar hacia una matriz limpia? ¿Cómo robustecer la variable medioambiental en la racionalidad industrial? Para dar respuesta a estas preguntas, el Instituto de Energía de Buenos Aires (IDE), organizó el seminario “La transición energética como oportunidad de desarrollo nacional” en el que disertaron Diego Roger, investigador del Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental; Bárbara Brea, arquitecta especializada en eficiencia energética, y Federico Nacif, coordinador de Vinculación Tecnológica InnovaT-CONICET.
Energía e industria
“Necesitamos pensar la transición energética junto al complejo industrial que no está particularmente reñido con pautas de medioambiente y biodiversidad. Las políticas industriales interpretan el consumo energético como algo separado. Pero ocurre que si Argentina quiere alcanzar una matriz basada en energías renovables va a ser necesario construir centrales hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares, etc.”, manifestó Diego Roger.
En sintonía, Bárbara Brea también se refirió a una situación de incompatibilidad: “Las instalaciones industriales no están pensadas modularmente. Tampoco se tienen en cuenta las capacidades de carga porque sencillamente no son conceptos que entren en la racionalidad industrial. Tampoco se cuantifica la energía que se necesita para producir. Se prenden todas las máquinas, por inexistencia de modularidad, y eso hace que no se vea relación entre la producción y la energía consumida, cuando se trata en realidad de factores que deberían ir de la mano”.
Soberanía industrial y tecnológica
Partiendo de la base de que la discusión acerca de los recursos naturales de la Argentina trasciende las relaciones de oferta y demanda, Federico Nacif sostuvo que “el área de acción que nos corresponde como país es la recuperación del dominio sobre los recursos naturales. Si eso se revierte se podría establecer una apropiación de la renta pública que hoy no nos estamos apropiando. Sobre todo, porque en el caso de las fuentes de energía, las rentas ya no se perciben solo en forma de dinero sino que implican un aumento de productividad que es posible distribuir en el resto de la sociedad”.
Para Diego Roger los especialistas deben discutir porque estas discusiones solo las pueden dar los países que tienen cierto grado de libertad a la hora de definir cómo van a llevar a cabo la transición. «Y esa libertad se gana sobre la base del dominio industrial y tecnológico que permite elegir que sendero tomar y que recursos desarrollar. Si no hay política en este sentido, las decisiones se van a imponer desde afuera”, sostuvo.
Explotación e investigación
La producción de litio es un caso emblemático de falta de vinculación tecnológica. Así lo consignó Federico Nacif: “Argentina tiene una paradoja: contamos con yacimientos de altísima calidad que están en explotación abasteciendo al mercado mundial y una gran capacidad de investigación científica y tecnológica. Sin embargo, nada de eso se vincula. La investigación circula a través de papers académicos, la producción es primaria y el Estado también está disociado. Por eso, los intentos de fabricación de baterías de litio en Argentina desde 2008 cayeron en frustraciones tecnológicas”, subrayó el investigador.
Además, agregó Nacif, “hay un discurso dominante que atribuye la frustración a la ineficiencia de la política tecnológica implementada, por parte de la empresa o por parte el ministerio de Ciencia y Tecnología. En los hechos, vemos que la falta de vinculación tecnológica se va a seguir frustrando si no se modifican las condiciones generales de la producción. Si no cambian las condiciones, no cambian los resultados”.
Muchas intenciones, pocas discusiones
Desde el punto de vista de la arquitectura, Bárbara Brea destacó que la incapacidad para ahorrar muchas veces está ligada a la falta de información. “No se piensa en el consumo de energía. Por ejemplo, los formados en arquitectura o construcciones no tenemos tan en cuenta el parámetro energético, pero es esencial revertir eso para crear y diseñar comprendiendo que lo que accionamos va a demandar algún tipo de energía y va a producir, o no, algún impacto ambiental”.
Para finalizar Diego Roger enfatizó: “Hay muchas intenciones y pocas discusiones. Si coincidimos en que debemos incluir el 50% de pobres que tiene el país, y que tienen que alcanzar condiciones de vida básica, debemos saber que eso requiere escalar enormemente en el consumo de energía. Porque hay que construir viviendas, generar empleo, hacer mas transporte, fabricar más alimentos, brindar más servicios, etc. Hoy no es posible incluir a todos sobre las bases del actual régimen de consumo. Se puede hacer sobre la base de otras formas de organización del sistema energético, pero no al costo de menos consumo energético y estas son discusiones que hay que dar”.
El investigador estimó que llegar al 2050 con una matriz del 70% de renovables requiere entre US$300 mil y US$500 mil millones de inversión solo en tecnología de generación e infraestructura. “No hay posibilidad de hacerlo si no es con tecnología nacional, porque ya no se puede tomar deuda externa. Y en cuanto a la política, se necesitan medidas que ordenen los cambios de la matriz de consumo y abrir el debate sobre el tema tabú de los mecanismos de financiamiento. Porque la capacidad tecnológica del país se mide en las empresas con grandes departamentos de ingeniería que pueden hacer cosas en el sector de bienes de capital”, concluyó Roger.
